¿Quién terminará las casas que debía construir la Tupac?
Las casas que debía construir la organización social Tupac Amaru en el departamento de Lavalle quedaron sin terminar luego de que la líder de la agrupación, Nélida Rojas, fuera investigada por la Justicia junto a su familia por el desmanejo de los fondos nacionales que recibieron y el destino de los mismos.
En diálogo con MDZ Radio, el titular del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Damián Salamone, aseguró que se harán cargo de terminar las obras pero antes tienen que regularizar la situación. "Hay 12 familias ocupando las viviendas sin terminar. Nos reunimos con 4 de ellas para que el desalojo sea lo más amigable y consensuado posible. El municipio nos notificó el lunes que renunciaba al convenio de 'integración sociocomunitaria' con el que trabajaba la Tupac y otras cooperativas de trabajo. Nos vamos a hacer cargo y ahora las obras se van a terminar en tiempo y forma, con otra metodología y otro financiamiento", explicó Salamone.
En cuanto a las múltiples irregularidades detectadas, el titular del IPV añadió: "Existe un listado confeccionado por la Tupac donde hay muchas más familias que casas. La Municipalidad de Lavalle tendrá que arreglar esa lista porque hay muchas familias que consideraban que tenían un derecho y han ido a ocupar las casas, que no están en condiciones de ser habitadas".
" El programa de la Tupac no se recortó, directamente no se continuó. Cambió el plan nacional de vivienda en todo el país. Hay una nueva política habitacional que indica que el Estado va a financiar sólo a las familias que estén por debajo de los dos salarios mínimos y las que estén por encima podrán obtener un crédito hipotecario con participación público-privada", agregó Salamone.
Por último Salamone explicó las razones por las cuales no se pudieron continuar las viviendas que debía construir la Tupac. "Tenemos el financiamiento pero no podemos liberar los fondos si no alcanzan los porcentajes de obra que exige el convenio. Las cooperativas quedaron presas de su propia normativa y, como el acuerdo no se actualizaba con la inflación, nunca podían alcanzar el porcentaje para recibir los fondos y continuar las obras. Es un ilícito ocupar un barrio que no ha sido entregado y que no presenta las condiciones básicas para ser habitado. No por cuatro familias vamos a perjudicar a 210", sintetizó el titular del IPV.
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