Alertan a intendentes ante posibles usurpaciones
Una necesidad real. Y un aprovechamiento político para generar conflicto. Con esas dos frases en el Gobierno abonan la teoría de que hay agitadores detrás de los intentos de usurpación de terrenos que hubo y los que creen que pueden venir. La necesidad es la que viven miles de familias mendocinas que no tienen vivienda y viven hacinados. Y el aprovechamiento que creen que hay es por parte de organizaciones que difunden información falsa para generar expectativa, motorizar usurpaciones y generar conflictividad.
En ese esquema creen que no es casual que haya habido dos intentos de usurpación en Godoy Cruz. Sobre todo el primero de ellos, en un terreno muy expuesto. Desde el Ministerio de Seguridad alertaron a los intendentes sobre la posibilidad de que esos hechos se repliquen. Por eso relevan los terrenos baldíos que podrían ser objeto de usurpaciones para custodiarlos o al menos tenerlos en cuenta. "Estamos convencidos de que no son espontáneos, aunque el reclamo de vivienda es legítimo. Tenemos indicios y se está investigando", explican desde el Ministerio de Seguridad. Incluso especulan que con la llegada de los calores y los "días más largos" es probable que aparezcan conflictos de ese tipo.
El déficit habitacional de Mendoza crece. Según datos publicados por el IPV en base a compartativos de censos, en 2010 hacían falta 46.937 viviendas nuevas. Pero hay un dato que resalta: 35.291 de esas casas eran necesarias para familias que hoy viven hacinadas. Esa necesidad creció más de un 176% en 10 años. Es decir, muchas de las familias que se conformaron no tienen acceso a vivienda y viven en condiciones de hacinamiento.
A ello se le suma otro agravante: miles de casas que fueron prometidas y nunca ejecutadas. Incluso algunos barrios hasta se licitaron, pero no existían recursos. Eso generó, según reconocen en el Ejecutivo, un descontento mayor y que moviliza más a los perjudicados. En ese sentido, reconocen que la necesidad de las familias que reclaman es legítima, pero sospechan que detrás hay organizaciones que aprovechan para incentivar las tomas.
Por ahora no se hacen cargo de explicitar con nombre y apellido los supuestos agitadores, aunque señalan a organizaciones kirchneristas, como el Movimiento Peronista Néstor Kirchner. Incluso hay una creciente tensión que es invisible ante la opinión pública entre dirigentes de esa agrupación y funcionarios del oficialismo que podría terminar en denuncias penales.
En principio, los municipios que estaban apuntados eran los que son gobernados por el radicalismo. Pero el "aviso" se extiende a todos. La mayor conflictividad política está en Buenos Aires, pero siguen de cerca lo que pasa en Mendoza.
Uno de los indicios que hizo sospechar sobre la motivación de las tomas fue la falta de referentes y los cambios en los discursos. "Acordábamos con un grupo algo, hablaban por teléfono y cambiaban el mensaje y también el mensajero", explicó uno de los negociadores que participó de la mediación en una de las tomas de Godoy Cruz. En ese departamento, el intendente, Tadeo García Zalazar, se reunió con fiscales para elaborar un protocolo de acción en el caso de que resurjan las tomas.
A nivel político y administrativo, la estrategia del Gobierno es disuadir con la propia necesidad: el mensaje que bajan es que quienes participan de un intento de usurpación podrían quedar fuera de cualquier plan del IPV para acceder a una vivienda social. Más si se concreta una causa judicial cuando se produzca la toma. "Cuando la gente se entera que pueden quedar imputados por un delito, cambia la actitud", aseguran.