Luz sobre las oficinas públicas vs cepo informativo
Controlar lo que se dice ha sido una panacea para los gobernantes. Saber de qué se va a hablar en la prensa al otro día fue una tarea que desveló a muchos gobernantes durante décadas. Con ese simple dato que buscaban conseguir a como diera lugar desde las tripas de las redacciones, pensaban que podrían dormir tranquilos, aunque su ansiedad terminaba retroalimentada y, en lugar de fijar agenda, los medios terminaban fijándosela al ansioso gobernante. Pero la aparición del periodismo en tiempo real y la ósmosis informativa que permite la multiplicación de redes sociales directamente los deja patitiesos y empuja a que propongan medidas insólitas. Ya no sólo quieren saber qué van a publicar y no lo consiguen, sino que quieren decidir qué es publicable de la información que ya es pública. Desconocedores de unas manos no pueden eclipsar al sol: creen que construir un dique de contención informativa es suficiente para contener las aguas siempre turbulentas del devenir informativo.
Así, el proyecto de ley que el oficialismo impulsa a instancias del nuevo Procurador General de la Corte para activar un lugar hasta ahora anticuado, aunque no por ello fundamental para combatir el delito, incluye una cláusula "cepo" que pretende unificar en un nuevo jerarca del Poder Judicial qué se difunde y qué no.
Lo curioso es que la ocurrencia surge justamente desde los sectores de la justicia que criticaron la creación de nuevas instancias de poder en el Palacio, que se ha llenado de militantes y comisarios políticos que -sin haber pasado por concurso alguno ni cumplir los requisitos exigibles a un magistrado- terminaron equiparados en salarios y privilegios a ellos.
Se criticó al procurador saliente por su "autoritarismo" y por oficiar como un "gran hermano" de los fiscales. Y así y todo no pudo controlar sus acciones, al punto de que hoy lo que se percibe con claridad es un desmadre de acusaciones cruzadas y operaciones políticas.
En definitiva, lo que está aceptando la Procuración con su proyecto es algo que venimos viendo desde hace tiempo: la justicia no funciona; ni siquiera hacia adentro. Da la idea de que el precio que se paga por la trascendencia de sus escándalos es alto y por lo menos quieren evitar que se vean desde afuera, no solucionarlos. Si la justicia funcionara como lo indican sus manuales teóricos, bastarían los mecanismos de conducta ya establecidos para poner en regla a los fiscales que pasen datos a la prensa que no correspondan, ilegales en todo caso. Si filtran otros -sobre todo información pública- bienvenido sería. Y como no pueden controlarlos las máximas autoridades judiciales, todos quedan al desnudo por ello ante la prensa, la sociedad y ante la política que los pone y (pocas veces) los saca. Entonces deciden poner un Comisario Informativo como intermediario entre el jefe y su equipo, un intermediario. Si la ley del Ministerio Público Fiscal es aprobada -como todo parece indicarlo- nos enteraremos lo que el Procurador quiera que nos enteremos y, seguramente, sin información, lograrán mejorar los índices de sensación de inseguridad. La cara la pondrá un tercero y la prensa hablará en todo caso del tercero, un "cuatro de copas" al lado de los que realmente llevan adelante la responsabilidad de investigar la comisión de hechos delictivos. Y los fiscales y su jefe creen que quedarán blindados ante la "molesta" prensa que todo lo quiere saber.
No tenemos un proyecto alternativo desde los medios de comunicación. Pero sin dudas, una buena idea sería que cada uno haga su tarea lo mejor que pueda, sin buscar atajos ni excusas. Si no hacen nada malo, la prensa no lo dirá.
El secreto del éxito de una buena gestión es abrir las ventanas para que entre luz en donde no la hay y exigir el cumplimiento de las normas hacia adentro y hacia afuera del máximo órgano de justicia. Con cerrar la cortina no se logra más que despertar sospechas que, en muchos casos, hasta pueden resultar falsas, pero inevitables.