Crece el conflicto por el río San Isidro
El río San Isidro existe, aunque no lo pueden ver todos. Como publicó MDZ, ese curso de agua fue declarado como público por el Departamento General de Irrigación, que otorgó permiso de uso precario los propietarios de tierras de los alrededores. Sin embargo en los hechos hay un usuario exclusivo: los habitantes de la estancia San Isidro, encabezados por el empresario Daniel Vila, que tienen permiso de uso del agua bajo la sociedad Dalvian.
El conflicto por el uso del agua en esa zona crece y está en la Suprema Corte. El resto de los superficiarios a los que Irrigación les dio derecho se quejan porque no tienen posibilidad de usar el agua. En el medio, en la zona se están realizando nuevas obras para mantener entubado el curso de agua. Las imágenes son claras: el agua de la cascada cae y va directamente a una cañería que lleva el agua hacia la estancia que se hizo popular por la "vendimia solidaria". Algunos de los usuarios autorizados explicaron a MDZ que no tienen acceso al derecho que Irrigación les otorgó porque todo el curso de agua está desviado por el sistema montado sobre el río.
Luego de la publicación de MDZ, las denuncias se agudizaron y llegaron nuevamente a Irrigación. "Las obras van rapidísimo", explicó un montañista que acostumbra a recorrer la zona y fue testigo del desvío del agua. Varios de los potenciales usuarios de ese curso de agua planificaron realizar una protesta para reclamar por el acceso al río San Isidro. Incluso estuvieron a punto de hacerlo durante la Vendimia pasada, pero la protesta se frustró. Ante las nuevas denuncias, desde el DGI realizarán inspecciones para saber si hay alguna irregularidad en el manejo de ese curso de agua.
En la práctica desde hace décadas que el río está desviado. En 2002 se presentó una denuncia formal y el DGI abrió una investigación. En 2010 hubo un hecho clave, que fue ratificado luego en 2014: se determinó que el río San Isidro es público y se obligó a los usuarios a empadronarse y comenzar a pagar por el uso del agua. Irrigación ordenó que ese pago se haga desde el año 2002, cuando se constató que existía la obra de entubamiento del río. La firma Dalvian no pagó y, en cambio, recurrió a la justicia para reclamar la posesión del agua. Esa empresa asegura que el río está bajo su propiedad y se pide que se "le reconozca la titularidad exclusiva, plena y bajo su dominio privado del caudal de agua".
El permiso que tienen todos los usuarios es para "uso recreativo" y, en teoría, deberían pagar por el uso de agua y también el canon "creación de cauce", pues esa fue la figura elegida para solucionar el conflicto administrativamente. Los usuarios autorizados por Irrigación, a los cuales le dieron un permiso precario, son Dalvian SA, Dumit, Bisaguirre, Cortez de Buenaventura, Albaca y Thome. Pero ahora la Suprema Corte tendrá la última palabra. Para ello se ordenaron peritajes hidrológicos, a pedido de Dalvian, para entre otras cosas evaluarán "las características del inmueble y de las aguas que por allí transitan".