Desplazaron a la sospechada contadora del Casino
Después de las sanciones millonarias que impuso el Tribunal de Cuentas por corrupción en la anterior gestión del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, la actual administración desplazó del cargo a la contadora general, Carina Andreoni, multada con 2.059.258 pesos por irregularidades en el pago a la empresa de limpieza Marterfull.
Andreoni, quien fue puesta en el cargo de contadora general por Carlos Bianchinelli (también sancionado por el Tribunal de Cuentas) es personal de planta permanente y tras el inicio de un sumario por irregularidades, fue cambiada de funciones. "Fue sacada del cargo, pero sigue trabajando en el instituto", dijeron desde el Casino de Mendoza.
La contadora quedó al frente de la Contaduría General en 2014, después de que su antecesor, Gonzalo Jerez, dejara el cargo por diferencias con Bianchinelli. Ahora, en reemplazo de Andreoni asumirá Ulises Moyano, quien viene trabajando en el Casino hace años.
Además de Andreoni, el Tribunal de Cuentas sancionó por el ejercicio 2014 a Bianchinelli (2.064.134): a los ex directores Federico Domínguez (1.702.574) y Miguel Bondino (554.893); al excoordinador de Administración de Servicio, Carlos Cardone (2.743.098); y a Jerez por (341.015,31).
Tras su paso en el Casino, Bianchinelli y Bondino pasaron a ser diputados provinciales.
Bondino, Domínguez y Bianchinelli, en un acto en 2014.
Las irregularidades fueron detectadas en la contratación y los pagos realizados a la empresa Masterfull, que tiene a su cargo la limpieza del edificio del Casino. Entre otras cosas, se mencionan sobreprecios, "horas hombre" y "horas máquina" pagadas sin justificar e irregularidades en la forma de contratación.
En un principio, se detectó que las "horas hombre" no cubrían la cantidad del monto pagado por el Casino y, a partir de esto, el instituto intentó justificar el faltante en un monto que supuestamente habría pagado a Masterfull en concepto de la utilización de máquinas para limpieza ("horas máquina"). Sin embargo, en el pliego de contratación, este último ítem no estaba contemplado.
Ya se había alertado sobre incongruencias en la rendición de cuentas del año 2013. A partir de los informes del Tribunal de Cuentas de 2013 y 2014, Fiscalía de Estado presentó sendas denuncias penales.