¿De quién es el río San Isidro?
El río San Isidro ha sido objeto de pujas desde hace décadas porque aunque está en plena montaña de Mendoza, ha sido captado por un particular que tiene de hecho su uso exclusivo. El Departamento General de Irrigación reguló ese cauce y determinó que era público, pero de uso privado: le otorgó a un grupo de propietarios permiso precario de uso con fines recreativos.
El principal usuario es la firma Dalvian, de la familia Vila, a quien Irrigación le ordenó pagar el canon por "creación de cauce" y la cuota establecida por el usufructo. Pero la historia no terminó ahí, sino más bien que se complicó.
Es que Dalvian reclamó por la decisión y ahora la Suprema Corte de Justicia analiza "de quién es el río San Isidro" y si corresponde que Vila pague por el uso de ese recurso. En primer lugar, esa firma se negó a pagar el canon porque, justamente, asegura que ese curso de agua es privado. Por eso recurrieron al máximo tribunal de la Provincia, donde este año los jueces Jorge Nanclares, Alejandro Pérez Hualde y Julio Gómez aceptaron la demanda y ahora analizan el tema.
En Tribunales aseguran que la causa incluso va más allá de la puja entre Vila e Irrigación. Se trata de un conflicto que atañe a cómo se administran los recursos naturales y puede sentar un precedente para muchos conflictos similares que hay por el acceso y uso de cursos de agua. En la provincia hay decenas de ríos y arroyos que son cercados y cuyo acceso está vedado por parte de los propietarios de los campos, a pesar de que el agua y sus márgenes son de acceso público.
El reclamo de Dalvian es que el río San Isidro está dentro de su propiedad. Irrigación apela al Código Civil y también a la Ley de Aguas, porque si bien la naciente está en un terreno de propiedad privada, el agua es parte de un curso público. El problema es que el recorrido del río fue alterado: hay una alcantarilla y un sistema que desvía el agua hacia la estancia San Isidro.
Conflictos cruzados en el pedemonte
El conflicto se potencia porque el permiso de uso que tiene Vila no es exclusivo. Cuando se creó el cauce, también se dio permiso a los otros propietarios de tierras en la zona. Los usuarios autorizados son Dalvian SA, Dumit, Bisaguirre, Cortez de Buenaventura y Thome, un apellido que arrastra otra historia relacionada con esas tierras.
Tohme es un apellido que tiene otra historia: fue quien reclamó que el Estado le pagara el mismo precio que a Vila por los terrenos expropiados para la creación de la reserva Divisadero Largo. A la familia Thome le pagaron 1,8 pesos por metro cuadrado. A Vila y Dalvian entre 17 y 20 pesos por metro cuadrado. La Corte no accedió a su pedido, pero en cambio desató un conflicto político por los montos reconocidos a Dalvian y Vila que terminaron con la destitución del fiscal de Estado Joaquín De Rosas, entre otros problemas.
Un escenario particular
En el año 2002, una denuncia anónima realizada a Irrigación detonó la investigación sobre el uso del agua de San Isidro. Esa denuncia decía que desviaban el agua para llevarla al barrio Dalvian, cosa que no se pudo comprobar. Pero en las inspecciones se descubrió el sistema hidráulico creado para desviar el curso de agua hasta la estancia. El sitio donde se aprovecha el agua tomó relevancia por la trascendencia pública del dueño, un empresario con múltiples negocios relacionados con el Estado, y porque la estancia es parte de eventos que mezclan farándula y política, como la llamada "vendimia solidaria".
En 2010, se determinó que el río es público y se creó un nuevo cauce: San Isidro. En 2014, se modificó esa resolución y se ordenó que Vila y el resto de los usuarios potenciales del agua debían pagar el canon por "Creación de Cauce" y lo que adeudaban desde el 2002. El Permiso Precario, esencialmente revocable y sin perjuicio de terceros, tendría vigencia retroactiva a partir del inicio de las presentes actuaciones, es decir, 02/05/2002, dice esa resolución.
Allí, el conflicto pasó a la Justicia. Dalvian recusó la decisión y cuestionó que lo consideren un mero "usuario" del agua, pues reclama ser el dueño porque "se encuentra bajo el dominio privado del recurrente (Vila) por no formar cauce natural".
La causa por la propiedad del Río San Isidro avanza. La Corte accedió al pedido de Dalvian para que se realice un peritaje. Para ello, se eligió a un agrimensor y a un hidrólogo que deberán realizar un informe técnico conjunto.