Cornejo, ante un fallo clave de la Corte
La Suprema Corte de Justicia mendocina ya entró en la recta final del análisis de la sentencia que marcará el destino de la política educativa de Alfredo Cornejo.
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A más tardar en octubre, el máximo tribunal definirá la constitucionalidad o no del ítem aula, la piedra de toque entre el Gobierno y el SUTE que el propio sindicato docente objetó ante la Justicia.
El gremio había apuntado hacia a ilegalidad de la medida que buscó garantizar el presentismo de los docentes, por considerarlo violatorio de la Ley Provincial de Educación, que establece que para tomar medidas de políticas educativas primero hay que consultar al Consejo General de Educación. Y además porque, sostuvieron en su momento, no se respetó el artículo Constitución Provincial que prohíbe este tipo de asignaciones salariales, es decir, asignaciones extraordinarias por el desempeño de la función por la cual el trabajador ha sido designado.
Nadie se atreve a aventurar qué camino seguirán los integrantes de la Sala 2 de la Corte (los jueces Mario Adaro, Herman Salvini y Omar Palermo) que deberán fallar ante el planteo del SUTE.
Pero al menos dos datos ya están confirmados. El primero, que el tribunal resolverá el tema no más allá del mes próximo y que no dilatará una sentencia que tendrá un impacto político fuerte más a allá de cual sea el resultado.
Y el otro: la Corte aceleró los tiempos, luego de la sanción de la Ley que, hacia finales de agosto, amplió los beneficios de un incentivo que pasó, de ser restrictivo, a uno más amplio ya que solo quedaron fuera de su alcance los maestros que falten más de tres días, un mes o diez días al año.
Solo un punto quedaría por resolver para los magistrados y es el planteo realizado por el sindicato para que los delegados gremiales también lo cobren.
El efecto de la sentencia
Un aval a la inconstitucionalidad del ítem aula por parte de la Justicia, tendrá un impacto fenomenal para Cornejo y le terminará imponiéndole una derrota política de una magnitud hasta aquí desconocida por el gobernador.
El ítem aula no solo es la herramienta central de la política educativa de los radicales, sino que su implementación por ley les permitió doblegar al sindicato de los maestros en la discusión paritaria de 2016.
Ahora bien. La ratificación constitucional del polémico ítem, significará la consolidación del proyecto educativo de Jaime Correas al frente de la DGE y que todavía está buscando su horizonte.
Más allá de la discusión del ítem aula, el plan de educación del Gobierno todavía apunta más a la reconstrucción que a la proyección a futuro.
Casi un calco del modelo de gestión cornejista para el resto de las áreas. Ya lo sabemos: el actual gobernador no se moverá por ahora de su método de apuntar al orden y a ser solo un optimizador del gasto para el manejo de la cosa pública.
Más que pensar en el futuro, Cornejo intenta corregir los errores del pasado y apunta al día a día.
Y en educación no es muy distinto el estilo. Para la DGE la lucha fue en el territorio y el objetivo central fue meter nuevamente dentro de las aulas tanto a los docentes como a los alumnos.
En ese camino, además, se está intentando saber dónde estamos parados con la evaluación que se les realizó a los chicos de tercero y séptimo grado (cuyos resultados se conocerán a fines de setiembre) y con el nuevo examen ONE (Operativo Nacional de Evaluación) que se realizará en octubre.
Es muy posible que una ratificación del ítem aula por parte de la Corte, le permita a Correas avanzar en otra medida fuerte. Que el Estado sea el protagonista de la toma de decisiones en materia educativa, tarea que hoy mantiene compartida con el SUTE. Pero no habrá mucho más por ahora.
"Mejoramos el presentismo gracias a un Estado firme", fue el título que eligió el director General de Escuelas para una nota que publicó a mediados de la última semana en el diario Clarín.
Correas volvió a destacar allí los alcances del ítem aula, cuya legalidad la Corte está presta a resolver. A igual mes del año anterior -ventiló el titular de la DGE a nivel nacional- desde marzo se registraron 40% menos de días perdidos por licencias y fueron 32% menos los docentes que solicitaron esos días.
Y se metió de lleno en la pelea con los gremios. Correas sostuvo en esa misma columna en Clarín que: "Son elocuentes los porcentajes de ausentismo en los cinco días de paro en Mendoza".
A fines de febrero, para la DGE, faltó el 54% de los docentes y el 98% de los alumnos. De allí las cifras fueron cayendo en los paros subsiguientes y en el último, el 24 de agosto, el ausentismo docente fue del 2%.
La conclusión para el funcionario "es que hay una enorme cantidad de docentes dispuestos a responder a políticas que planteen orden y distingan entre quien trabaja y quien no".
No es poco si se toma en cuenta el legado de las dos últimas administraciones justicialistas provinciales.
Pero esa actitud podría transformarse en el largo plazo en un freno para el desarrollo de la provincia que tiene hoy a un gobernador fuerte desde lo político, con liderazgo; sin oposición a la vista; con el control en la pulseada con los sindicatos estatales y con la posibilidad, como se vio, de adaptar a sus políticas el funcionamiento de una parte del Poder Judicial. Pero que prefiere seguir empantanado muchas veces en la lucha en el barro.