Pérez, alerta por una segura complicación judicial
Luego de meses de parate en la investigación judicial y alertado por un decreto inminente de Alfredo Cornejo que perjudicará su situación, el exgobernador Francisco Pérez movió sus piezas en el tablero de la causa del área petrolera Chañeares Herrados que lo tiene desde mayo bajo la figura de imputado.
Pérez, a través de su abogado Juan Day, acudió a la Justicia el martes último y presentó un pedido para agregar como prueba de su defendido el expediente administrativo en el cual figura el decreto de adjudicación de Celso Jaque (1467/11) del área que es sujeto de investigación judicial.
Esta semana el gobernador firmará el decreto que hará caer la concesión dispuesta en 2011 para Chaneares, permiso que fue concedido durante la administración de Jaque y por cuyo trámite precisamente resultó imputado Pérez en su carácter de entonces ministro de Infraestructura.
"En las mismas (por el expediente) tramitó el procedimiento previo a la celebración del Acta Acuerdo que motivó, luego de los controles pertinentes, el dictado del decreto del contador Jaque por el que se dispusiera la prórroga cuestionada", redactó Day en el planteo que ingresó el 2 de Agosto a la Unidad Fiscal N° 6 a cargo de Juan Manuel Bancalari.
La presentación viene a mover un expediente judicial que la Justicia tiene paralizado desde hace dos meses. Y podría tener dos motivaciones por parte de Paco para hacerla.
Una de ellas, ratificar lo que el propio imputado ya había declarado ante el Fiscal en mayo. Esto es, que la responsabilidad penal de la adjudicación de la prórroga debería recaer sobre Jaque quien fue el encargado de renegociar los contratos en los hechos junto a quien fuera su mano derecha, el exsecretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán.Pero Pérez habría variado de estrategia y pidió tener en cuenta ese decreto no para generar una guerra de exgobernadores por este tema.
Sino que estaría apuntando a demostrar que el decreto en cuestión (que además prorrogó contratos en cinco áreas más) fue avalado por una comisión evaluadora integrada por varias reparticiones oficiales que dictaminaron a favor.
El decreto que se viene
La investigación judicial que tiene a maltraer a Pérez, se desencadenó a raíz de una denuncia de un dirigente del Partido Demócrata, Jose Rubio, quien desde hace décadas viene litigando, con YPF fundamentalmente, por la cuenca El Carrizal.
El disparador fue la venta de Chañeares en el año 2014 a otra empresa, Medanito SA, por un valor de U$S 85 millones, que terminó por comprobar las sospechas de que la venta, lejos de buscar mejorar la producción de petróleo en la zona, solo estaba detrás de un negocio inmobiliario amparado por la mala fiscalización del Estado.
Pérez resultó imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y junto a él, cayó otro grupo de exfuncionarios: el ex ministro de Energía, Marcos Zandomeni; el ex subsecretario de Hidrocarburos Walter Vázquez; quien lo reemplazó a este, Pedro Sánchez; y el exdirector de Petróleo Pablo Ropero.
Tras un largo proceso de análisis, ya se definió que el ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de Enrique Vaquié, el Gobierno hará caer el permiso para la explotación petrolera que hoy está en manos de Medanito y que estaba previsto que durara hasta 2027.
No trascendieron demasiados detalles, motivo por el cual no se conocen aún los alcances del decreto. Por eso es que aún queda una incógnita: si Cornejo decretará directamente la caducidad de la concesión de la explotación del área (otorgada de la década de los 90) y que vence el año próximo. O si irá por la prórroga otorgada por Jaque, que le da el derecho a la empresa a sacar petróleo de allí por diez años más.
La opción elegida sería la última y lo que sí está claro es que se llamará a una licitación para hallar un nuevo operador en el lapso de un año. Al respetar los contratos originales firmados por la provincia hace más de 20 años, Chaneares (que es uno de los yacimientos más importantes de Mendoza) seguiría produciendo petróleo al menos por un año más hasta encontrar un nuevo operador.
La decisión de Cornejo no solo obligó a Paco a volver a la fiscalía de Bancalari. Sino que también movió el ámbito empresario.
Fuentes cercanas a la petrolera reconocieron a MDZ que durante la última semana los accionistas de Medanito presionaron sobre su titular, Andres Carosio, por la posible caída de la concesión.
Medanito pertenece en un 80% a las familias Carosio y Grimaldi y el otro 20% a la Corporación Financiera Internacional, (IFC) el brazo del Banco Mundial para el sector privado. "Es todo una operación de prensa", fue la respuesta disuasiva de Carosio.Por otro lado el grupo Vila-Manzano está involucrado también. Uno de los socios de Chañeares, la empresa El Trébol, todavía participa del negocio y allí está involucrado, a través de una firma denominada Mercuria, propiedad de grupo.
No es un secreto en el ámbito del negocio petrolero local que Mercuria apostaba a quedarse con la explotación del área. Cosa que ahora no podrá porque el decreto de Cornejo se lo terminará impidiendo.
Como ya se publicó, varias cuestiones sirven de argumentación jurídica para avanzar en la caída del contrato con Medanito.
El decreto que firmó Jaque estableció que las inversiones debían producirse de manera permanente y sostenida en la zona y, como consta incluso en expediente judicial, en el período que va del 201 al 2014, de los U$S 412 millones que se deberían haber invertido durante los primeros cinco años que vencieron en diciembre pasado, en Chaneares solo se invirtieron en trabajos de explotación y explotación U$S 88 millones.
Además, tal como consta en el expediente que maneja Bancalari, Chaneares Herrados o bien falseó o bien ocultó información para poder quedarse con el negocio.
En ese punto presentó balances económicos y financieros dibujados que además no estaban certificados.
Asimismo, según se denunció, la empresa mintió acerca de las reservas posibles en el área, a las que estableció en 12 millones de metros cúbicos mientras que una auditoría posterior estableció que las reservas apenas si llegaban a 1,2 millones de metros cúbicos.
El patrimonio neto que declaró la empresa también fue objeto de las sospechas del fiscal: 12 millones de pesos para una inversión prometida, en un decenio, de 1.103 millones de dólares.
Pérez alega en su defensa ante Bancalari que toda su participación en esa negociación se remitió a la firma de un acta acuerdo con las empresas y que luego las adjudicaciones fueron refrendadas por un decreto de Jaque. Pero le costará defenderse en esos términos.
Una extraña parábola del Fiscal de Estado, Fernando Simón, determinó en noviembre de 2015 que Chañeares "se encuentra en falta (en cuanto a las inversiones comprometidas) por un total cercano a los U$S 177 millones, más del 60% de la inversión total de U$S 265 millones asumida como obligatoria para este quinquenio".
Simón, junto a Jaque y Cazabán, fue parte del triunvirato de funcionarios quienes, junto a Perez, participaron en 2011 de la redacción de los contratos que hoy están siendo objetados tanto desde lo político, como desde lo administrativo y judicial.