Superpoderes para Gullé
Alejandro Gullé es el nuevo procurador y su llegada suma un ladrillo más para completar la arquitectura del "nuevo Poder Judicial" que planificó el gobernador Alfredo Cornejo. Pero el ex camarista no viene solo: el Gobierno envió el mismo día de su ratificación un proyecto de ley que le otorga "superpoderes" al procurador. Se trata de la reforma de la ley del Ministerio Público que, a grandes rasgos, le da a ese organismo independencia de la Suprema Corte, autarquía para diseñar y administrar su presupuesto y amplias facultades para nombrar y sancionar a fiscales, así como para crear oficinas. Así, por ejemplo, cuando se apruebe la ley, Gullé podrá sancionar directamente a los fiscales sin pedir autorización a la Corte y aplicando el Estatuto del Empleado Público.
El proyecto también obliga al Procurador a rendir cuentas ante la Legislatura al menos una vez al año y restringe la difusión de información. Por otro lado, por ejemplo, obliga a los fiscales a informar y consultar a las autoridades del Ministerio Público en el caso de que haya denuncias contra funcionarios públicos y delitos contra la administración pública.
El procurador consiguió un amplio apoyo ayer en el Senado, con 34 votos a favor y uno solo en contra, y asumirá mañana, día en que comienza su gestión.
Uno de los temas más promocionados de la reforma es la propuesta de separar el Ministerio Público Fiscal (MPF) del Ministerio de la Defensa. El proyecto enviado ayer lo hace, pero por ahora solo se conocen los detalles del MPF. El Ministerio de la Defensa vendría en otro proyecto y hasta que sea aprobado seguirá dependiendo del Procurador.
Un "poder" dentro del Poder Judicial
Los cambios propuestos para el Ministerio Público son fuertes y arrancan desde la base. El Gobierno busca darle "independencia y autarquía" al procurador, librándolo de los alcances de la Suprema Corte. Por eso le otorga un presupuesto propio y le asigna montos fijos que ningún otro organismo podría tocar. "El Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente que conforma y desarrolla sus funciones en el ámbito del Poder Judicial.. con atribuciones orgánicas, autonomía funcional, autarquía financiera y presupuestaria. Administrará su propio presupuesto", dicen, en resumen, el artículo 1 del proyecto, que le otorga de manera automática el 35% de la recaudación en concepto de tasa de justicia, además de los fondos que se le asignen anualmente a través del Presupuesto.
En cuanto a las designaciones, el Procurador podrá nombrar a los fiscales adjuntos de manera directa. La condición es que sean fiscales de cámara, que ya tienen acuerdo del Senado. Otro detalle es que se le da el poder de designar fiscales sutitutos sin límite de tiempo. Antes los reemplazantes tenían un tope de un año en el cargo. Ahora es indefinido, siempre y cuando se justifique.
Otro de los nuevos poderes que quieran darle a Gullé es la posibilidad de sancionar directamente a fiscales y empleados. Hasta ahora las sanciones dependen de la Suprema Corte. Si se aprueba el proyecto oficial, podrá hacerlo el Procurador." En materia disciplinaria atenderá las quejas que ante él se promuevan por la inacción o retardo de despacho de los miembros del Ministerio Público Fiscal, debiendo instarlos al cumplimiento de su deber, fijarles término para su expedición y, aplicar el régimen disciplinario, y en casos de extrema gravedad o presunta comisión de delitos, solicitar su destitución en los casos que corresponda. Sin perjuicio de ello, el Procurador General podrá aplicar a todos los miembros del Ministerio Público Fiscal las sanciones que eventualmente pudieran corresponder, conforme al Estatuto del Empleado Público de la Provincia y Reglamento del Ministerio Publico Fiscal", indica el proyecto.
La designación del Procurador y la reforma del Ministerio Público son claves en la nueva "política criminal" impulsada por Cornejo y en la cual el propio Gullé estuvo como eje.
En ese marco, tendrá las manos libres para ejecutar cambios. El proyecto le da al Procurador la potestad para armar y desarmar fiscalías según crea. Así, por ejemplo, lo habilitan para "Diseñar la organización del Ministerio Público Fiscal, creando las Unidades Fiscales u Oficinas Fiscales necesarias, disponer la creación de Unidades Fiscales especializadas en la investigación de determinados delitos o la reforma de las ya creadas; determinar el número de magistrados, funcionarios y empleados que integrarán las Unidades Fiscales y Oficinas Fiscales y, en general, decidir el aumento de sus recursos humanos o materiales necesarios para optimizar su labor".
Una curiosidad es que cualquier fiscal que investigue al poder político deberá informarle antes a los fiscales adjuntos para recibir instrucciones. Antes esas consultas estaban reservadas para casos de especial gravedad, pero ahora le sumaron delitos "cometidos por un funcionario o empleado público, o en perjuicio de la administración pública".
Una de las obligaciones tendrá, de aprobarse la ley, es rendir cuentas una vez al año ante la comisión bicameral de seguridad, donde deberá "informar el diseño y/o modificación de la política criminal y de persecución penal adoptada, sobre las directivas e instrucciones dispuestas y los resultados obtenidos".