El doble asombro de Cornejo tras el fallo de la Corte
La seguridad que Mauricio Macri mostró el miércoles en Mendoza, un día antes del duro fallo de la Corte Suprema que frenó parte del aumento de las tarifas de gas, lo impactó a Alfredo Cornejo.
En las horas previas a la sentencia, el presidente estaba convencido de que los jueces iban a acompañar al Gobierno en el ajuste y así se lo transmitió a los funcionarios mendocinos que lo acompañaron en su visita de médico por el cerro de La Gloria y por Luján.
Doble asombro causó en los aliados mendocinos de Cambiemos el resultado final de la crisis por las tarifas. Uno de ellos fue la imprevisión política de un presidente y un gabinete nacional que, aún horas antes de que se conociera la sentencia, estaban siendo informados de que el conflicto estaba a las puertas de superarse.
Pero la mayor sorpresa para los mendocinos fue la imprevisión jurídica. En la noche del jueves Cornejo analizó junto al ministro de Gobierno, Dalmiro Garay y otros funcionarios la situación.
"La Corte no innovó para nada y no se apartó de la doctrina que viene aplicando desde hace quince años. Esto el gobierno nacional lo debería haber sabido. Lo preveíamos nosotros como abogados de provincia. Fue casi infantil lo que hicieron", fue, según pudo reconstruir MDZ, parte de lo que allí se dialogó.
Para el gobierno local, la Corte Suprema golpeó en un punto: anuló también los aumentos establecidos en el valor del gas en boca de pozo y obligó además al Poder Ejecutivo a transparentar ese valor en las audiencias públicas.
A diferencia de lo que ocurrirá en el país, donde el aumento se frenó solo para el 26% de los usuarios, la Corte dictaminó sobre el grueso de los usuarios de gas en Mendoza.De los 390.000 consumidores del servicio, alrededor de 370.000 corresponden a la categoría de "residenciales" amparados por la Corte.
Lo que sí, como ocurrió a nivel país, el gobierno mendocino manejó con cierto desdén algunas cifras que desvirtúan en cierta forma la sensación de "tarifazo".
Quizás porque los datos fueron aportados por el Enargás (el controvertido Ente Nacional Regulador del Gas), la administración provincial nunca puso demasiado esmero en explicar que apenas el 16% de los usuarios locales pagó en estos últimos meses facturas de más de $1.500. Y cerca de un 30% quedó cubierto por la tarifa social.
En otros ámbitos oficialistas provinciales circuló un análisis más profundo que llegó desde Buenos Aires y que marcó otros escenarios a los ya sabidos.
El primero ya comenzó a percibirse. Se espera una catarata de amparos por parte de los usuarios no alcanzados por el fallo (pymes, industrias, comercios) que generarán seguramente un enorme dispendio de la actividad judicial y un problema administrativo para las distribuidoras, quienes tendrán que refacturar nuevamente una vez anulada judicialmente la tarifa para cada usuario en particular.
El segundo se comenzará a notar a partir del 12 de setiembre, día pautado por el gobierno nacional para la realización de la audiencia. Según la Corte, se preocupan desde Cambiemos en Mendoza, la realización de audiencias públicas no solo deberán ser consideradas de carácter informativo.
Y el tercero, y seguramente más importante, es que el máximo tribunal estableció que cualquier "sinceramiento" tarifario deberá contemplar los criterios de "previsibilidad, gradualidad y no confiscatoriedad" y que será la propia Corte la garante de que eso se cumpla.
En otros términos, como lo definió el escrito que circuló por los despachos del oficialismo mendocino: "La Corte le está marcando la cancha al gobierno, diciéndoles: 'Cuidado señores, que la Audiencia Pública no es un mero ritualismo formal; si no consideran fundadamente las manifestaciones de la ciudadanía nos volveremos a encontrar en esta instancia cuando fijen la próxima tarifa, y recuerden que nosotros definiremos acerca de su razonabilidad'".
Solo un optimizador de gastos
Más allá de las críticas de tono muy bajo por la imprevisión política nacional, nada hace prever que Cornejo abandone por el momento la situación de comodidad que lo mantiene ligado a Macri.
Hubo un cortocircuito fuerte en estos días, es cierto. YPF decidió frenar inversiones en proyectos de petróleo pesado en Mendoza, la apuesta más importante de la provincia en esta materia, que desencadenó el malestar en público del ministro Enrique Vaquié. "No es una buena noticia, no nos gusta nada. No estoy contento ni por el contenido ni por la forma", se descargó el funcionario.
Pero Macri, en la misma visita en la que se lo vio desorientado por la crisis del gas, le garantizó al gobernador que un par de obras públicas importantes seguirán adelante.
Una de ellas es la represa de Portezuelo del Viento en el Sur, que será licitada en octubre y que, según le dijo el presidente al gobernador, tendrá una modalidad de financiamiento novedoso.
La Nación aportará los fondos, pero una parte de ellos serán a modo de anticipo para la constructora que gane la licitación y el resto se cancelará una vez que la represa comience a producir energía.
Y la otra promesa fue - hecha entre los viajes en helicóptero durante la visita- de que está el OK para avanzar con el dique Los Blancos, en el Valle de Uco.
Allí, desde hace unas semanas, se inició un proceso de negociación con la empresa Cartellone, preadjudicataria de la obra, para readecuarla a un nuevo proyecto.
Aunque la preocupación de fondo está en otro sitio. Cornejo entiende que el crecimiento de Mendoza está ligado indefectiblemente al crecimiento del país y que son prácticamente inexistentes las chances de que, desde aquí, se puedan manejar variables económicas.
Ya a esta altura deberíamos dejar de ponerle expectativa a la posibilidad de que este gobernador profundice algún cambio en la matriz económica de Mendoza.
Lo que veremos será un optimizador de gastos, que acompañará el devenir económico nacional aportando algún plus con el desarrollo de obra pública local y gestionando con la Cancillería la promoción de los productores mendocinos en el exterior. Y no mucho más que eso.Aunque podría no ser poco. El ministerio de Hacienda ya comenzó a trazar las primeras líneas del proyecto de ley de Presupuesto 2017 y ya se comenzó a delinear un déficit que ronda entre los $5.000 y los $6000 millones, con lo que se avizora otro año de ajustes y endeudamiento.


