El oleoducto clandestino que complica a YPF e incomoda al Gobierno
La petrolera estatal YPF construyó un oleoducto de más de 25 kilómetros para transportar el petróleo de un yacimiento con el objetivo de optimizar sus recursos. Pero hay un problema: la obra nunca estuvo autorizada por la autoridad ambiental, como obliga la ley, y, por lo tanto, no se controló. El oleoducto "clandestino" está en Malargüe y tiene como objetivo transportar el petróleo desde los pozos del yacimiento Cañadón Amarillo hasta el colector del yacimiento Chihuido de la Salina. El caño está enterrado a un poco más de 1 metro de profundidad y cruza varios causes temporarios de agua, con influencia sobre el Río Colorado. El ducto transporta un volumen de 46 metros cúbicos (46 mil litros) de petróleo por hora.
La historia comenzó en 2013. YPF presentó el estudio de impacto ambiental para el Aviso de Proyecto y, como indica la norma, se realizaron dictámenes sectoriales con recomendaciones de varias instituciones. Pero la Dirección de Protección Ambiental nunca autorizó oficialmente la obra.
Sin embargo se ejecutó, a pesar de que dentro del expediente hay varias recomendaciones que la empresa debía tener en cuenta antes. En mayo de este año en una inspección de rutina se descubrió que el oleoducto estaba construido y en operación. Por eso YPF fue intimada y podría recibir una sanción. Ante la consulta de MDZ, desde la empresa dijeron que por ahora no opinarían al respecto.
"Durante un recorrido por el yacimiento Cañadón Amarillo, el personal de la Dirección se dirigió a las inmediaciones de la Batería 1...observando un oleoducto de 6 pulgadas que se encuentra montado y en etapa de operación...Ante la búsqueda de antecedentes en esta Delegación de que autorice la realización del mismo, no se encontró documentación que avale la realización de esta obra", dice el informe técnico realizado luego de la inspección.
En el medio aparecen varias irregularidades, pues la petrolera ejecutó una obra de gran magnitud, que implicó el montaje y soterrado de más de 25 kilómetros de caños en varios tramos, sin que nadie se haya alertado. Y el expediente para conseguir el permiso ambiental estuvo detenido por años: el proceso se inició en 2013, pasó por varias oficinas y quedó parado. El plan de obras establecía que el oleoducto quedaría operativo a fines de ese año. Sin embargo en 2014 el expediente seguía sin definición mientras probablemente la obra se ejecutaba.
Oficialmente nadie sabe desde cuándo la empresa opera el oleoducto sin autorización y por eso esperan el descargo. "Estamos esperando que la empresa presente el descargo. La obra tenía dictámenes favorables. Lo único que faltaba era la resolución. Desconozco los motivos por lo que no salió. La empresa no podría haber construido la obra. Hay un incumplimiento de la legislación ambiental. En relación a los descargos que presenten se analizará. No ha habido daño ambiental y eso es lo más importante", dijo Miriam Skalany, directora de Protección Ambiental.
La funcionaria conoce el tema en detalle porque si bien conduce el área desde enero, el expediente pasó por sus manos cuando era jefa técnica de la DPA. Incluso la última actuación que figura lleva su firma: en agosto del 2014 firmó el pase al área de Petróleo. "La obra está bien hecha, acorde a la presentación que habían realizado, con las especificaciones que se hicieron desde Petróleo y desde la Universidad. Incumplieron con el hecho de haber esperado la resolución. No lo deben hacer. No existe ningún tipo de autorización verbal sin la resolución que avale. Es un tema delicado, , ahí son millones de dólares en equipos que están parados", dijo la titular de la DPA.
La aparición del oleoducto genera una preocupación más allá de esa obra puntual: qué pasa con el control de la actividad petrolera, una de las más riesgosas para el ambiente, y si puede haber más actividad clandestina. "No puedo asegurar que no haya, pero en estos siete meses no hemos encontrado nada, además de este oleoducto. Salimos al campo y se hacen controles", aseguró Skalany.
En el propio Gobierno reconocen una cosa: hubo en los últimos años mucha demora en resolver los expedientes y las autorizaciones y ese puede ser un "atenuante" para YPF.
Aunque a grandes rasgos no aparecían objeciones fuertes a la obra y los dictámenes son favorables, sí hay recomendaciones que quedaron marginadas. Entre otras cosas, por ejemplo, la propia DPA había sugerido cambiar la ubicación de algunos tramos del oleoducto para alejarlo de cauces importantes.
El Departamento General de Irrigación también había firmado un dictamen favorable, pero con algunas salvedades: habían pedido ser informados cuando se realizaran las pruebas de seguridad. Pero ese trámite nunca se cumplió y el oleoducto se construyó sin informar al DGI.
La situación política con YPF es especial. En el Gobierno aseguran que buscan mejorar el rigor en los controles, tanto ambientales como contractuales. Pero a la vez quieren "cuidar" a la única petrolera que hoy invierte en la provincia. Por eso la sanción hacia la empresa no es una "buena noticia" para el Ejecutivo.
La intimación fue realizada en julio y la empresa, según figura en los registros, tomó conocimiento y se llevó una copia del expedientes. Ahora debe presentar los descargos.