Portezuelo: claves de la obra más prometida

En el camino, la obra pasó de tener un costo de $1000 millones a un estimado actual de US$ 700 millones, según el proyecto que desde la provincia le presentaron a Mauricio Macri.

Hacer Portezuelo es como si se hicieran cuatro diques Potrerillos y la capacidad de generación hidroeléctrica sería un 60% superior a la presa inaugurada en 2002.

Proyectada para que incremente en 60.000 hectáreas la superficie cultivable de San Rafael, de General Alvear y de Malargüe, generaría una energía equivalente al 25% de lo que hoy se consume en todo Mendoza.

Pensada desde principios del siglo XX, la presa se erigirá en una zona conocida como Cajón Grande - en la zona del paso El Pehuenche- y tendrá una capacidad que rondará los 3.000 hectómetros cúbicos en una superficie que abracará a unas 5.000 hectáreas.

La construcción de Portezuelo forma parte de otro mega proyecto de ingeniería que aún no sale de eso: el trasvase del río Grande al Atuel. Una obra faraónica que, si alguna vez se hace, cambiará para siempre la historia económica sureña.

Tanto desde La Pampa como desde Mendoza coinciden desde hace tiempo en que la solución definitiva al conflicto por el uso del agua entre ambas provincias lo traerá la obra de trasvase del río Grande al río Atuel, que a éste le aportaría 33 metros cúbicos por segundo más de caudal.


Pero la crisis entre provincias por las aguas del Atuel complicó todo. Los pampeanos sostienen que Mendoza necesita del voto de La Pampa en el COIRCO (Comité Interprovincial del Rio Colorado) para avanzar con el trasvase del río Grande al Atuel, pero desde aquí insisten con que esa alternativa no es válida.

Cornejo ya diseñó su estrategia para evitar este seguro escollo. Al ser una obra nacional, apostará a que la discusión por la autorización o no sea entre la Nación y la provincia vecina. Y que en todo caso Carlos Verna, el gobernador pampeano, le frene la obra a Macri. Y no a Mendoza.



La promesa incumplida
La obra siempre fue de carácter nacional, pero cuando arrancaba su gestión en 2004, al entonces gobernador Julio Cobos se le ocurrió una idea.

En aquél año, mientras volvía de una gira al exterior invitado por Néstor Kirchner, Cleto habló por primera vez en ese avión con el ex presidente de la alternativa de incluir a Portezuelo del Viento en un convenio de compensación por el juicio que el gobierno de Arturo Lafalla le inició en 1998 a la Nación por los perjuicios de la promoción industrial.

Una demanda que Mendoza había fijado en alrededor de $1.000 millones.

Cuando Cobos comenzó a diseñar ese arreglo, ya hacía varios meses que se conocía una instancia clave en ese juicio. Quien era procurador de la Corte en 2003, el mendocino Nicolás Becerra, falló de manera favorable a los reclamos de Mendoza con lo que la provincia estaba en óptimas condiciones jurídicas para ganar esa demanda que había presentado junto a La Pampa y Misiones.

Pero más allá de su insistencia, Cobos durante dos años chocó contra la misma pared. El primer ministro de Economía de Kirchner, Roberto Lavagna, siempre se opuso al acuerdo por temor a que un reconocimiento judicial de los perjuicios que sufrió Mendoza (junto a La Pampa y Misiones) terminará generando una cascada de demandas similares del resto de las provincias que no habían sido promocionadas durante los '90.

Ese escenario cambió con la llegada de Felisa Micelli a Economía. En marzo de 2006 la funcionaria instruyó a los abogados de su cartera para que avanzaran en un acuerdo, que se terminó de cristalizar meses después.

En agosto de ese mismo año, Kirchner y Cobos firmaron en San Rafael las bases de ese convenio, en una visita muy promocionada que comenzaba por aquella época a dar las primeras señales fuertes de su relación política con el mendocino.
Para los sucesivos kirchneristas el negocio fue más redondo. No sólo se sacó de encima una demanda millonaria, sino que además metió en esa bolsa una obra que de todas maneras debería haber pagado y que terminaba financiando con cuentagotas.

Según la ley 7708 (que ratificó el acuerdo de 2006) la provincia se comprometía a desistir de la demanda a raíz de un compromiso de la Nación de financiar año a año la presa entre 2007 y 2013 a un ritmo de entre $115 y $165 millones anuales.

Años más tarde se supo que el arreglo no fue tal. Para no reclamar la ejecución de ese convenio, los gobiernos de Celso Jaque y de Francisco Pérez argumentaron que el ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido no tuvo nunca obligación de gotear año a año los millones que se comprometió a enviar a Mendoza, sino que está autorizado a enviar los fondos a medida que la provincia avance con el proyecto.

En diez años, de los $1000 millones previstos, hasta julio de 2016 solo se aportaron $15 millones para la obra en diez años. 

Los fondos, fueron para cubrir los gastos del proyecto ejecutivo que ahora descansa sobre el escritorio de Macri. Sin embargo los aportes nacionales no sirvieron para cubrir la totalidad de los gastos que insumió la elaboración de ese proyecto. A la consultora que estuvo a cargo, todavía le adeudan otros $15 millones por su trabajo.