Falta "luz" para el voto electrónico en Mendoza
Falta más de un año, es verdad. Pero los andamiajes electorales comienzan a moverse para adecuar el sistema electoral. Las buenas intenciones que tenían los dirigentes mendocinos para "modernizar" el sistema electoral de la provincia chocan con la realidad. Los encargados del sistema electoral recorrieron las escuelas de Santa Rosa, lugar elegido para hacer la primera prueba de voto electrónico, pero se toparon con las limitaciones de infraestructura que cada día complican la enseñanza a los alumnos y que podrían hacerlo en día de la elección. En una escuela del centro de Santa Rosa, por ejemplo, había un solo enchufe que funcionaba; el de la Dirección. No había, claro, lugar para cargar las computadoras ni las urnas electrónicas.
En Tribunales y en el Gobierno aseguran que para el ensayo en las elecciones de Santa Rosa, que serían en diciembre y febrero, se pueden salvar esos problemas. Pero podrían multiplicarse por cientos en caso de una elección general y esa realidad es una de las aristas que obliga a recalcular los planes electorales que el gobernador Alfredo Cornejo tenía. Uno de esos cambios será, por ejemplo, que se limite más el uso del voto electrónico para las elecciones 2017: la ley indica que el 50% de las mesas deberían ser con esa tecnología. Sin embargo lo acotaría al 30%.
La otra arista es política y de "caja": si se siguiera al pie de la letra la misma ley provincial, las elecciones deberían ser separadas de las nacionales. Pero podría ocurrir lo contrario, es decir que Mendoza vuelva a tener elecciones unificadas con la nacional; posibilidad que crece luego de la decisión nacional de tener boleta única electrónica.
En las próximas semanas el gobernador Alfredo Cornejo deberá definir cómo se votará el año que viene. Es decir, darle curso para que la Legislatura avance en los cambios a la ley. Aunque no sea un tema que salga a la superficie pública, sí es clave en el armado político del Gobierno y lo será para la oposición.
Esta semana los representantes de la Secretaría Electoral y el Ministerio de Gobierno tendrán en sus manos el primer borrador de la modificación de la "nueva" ley electoral de la provincia. Se trata de la norma que rigió las caóticas elecciones del año pasado y que tendrá cerca de 40 modificaciones. Ese borrador tuvo varios cambios, pues en el medio apareció el proyecto nacional de reforma electoral.
Cambios y costos
El "caos electoral mendocino" podría ser motivo de análisis; sobre todo por haber logrado legitimar autoridades luego de escándalos, errores y sospechas. La idea es que, luego de la experiencia traumática, el 2017 sea más tranquilo.
La propuesta de "reforma a la reforma" buscará que se acote la posibilidad de multiplicidad de fechas de elecciones. Por un lado, volverían a que el Gobernador tenga la potestad de desdoblar o de convocar la misma fecha que las nacionales. Y si bien permitirían que los municipios convoquen por su cuenta, buscarán que sea en una fecha unificada.
La ley provincial establece que desde el año que viene Mendoza no puede adherir a la norma que regula la simultaneidad de elecciones. Es decir que obliga a realizar comicios provinciales.
Las elecciones del año pasado estuvieron entre las más costosas de la historia. Para las PASO provinciales, por ejemplo, se gastaron 19 millones de pesos solamente en pagar las boletas de todos los precandidatos. Incluso hubo sospechas sobre si realmente todo ese dinero se gastó en tinta y papel. Otros 19 millones de pesos se gastaron en la logísticas de las primarias. Para las elecciones generales, el gasto en "papel para las boletas" fue de 11 millones de pesos y el resto costó 19 millones de pesos. A ello hay que sumarle los gastos de las elecciones de los Departamentos que desdoblaron y también los de la propaganda.
El voto electrónico se paga en dólares. Por eso también ahora es más costoso. El presupuesto que tienen en la Junta Electoral menciona un costo de 6 dólares por elector. Pero, aclaran, ese costo se puede reducir hasta la mitad negociando.
Como sea, los costos no permitirían masificar la aplicación como está estipulado en la norma y, a lo sumo, podrían llegar a que el 30% de las mesas sean electrónico. A ello se le suma otro dato: Mendoza no tiene experiencia en el tema, pues los municipios que quisieron implementarlo no pudieron por falta de presupuesto. Todo lo que se ahorraría en papel, habrá que invertirlo en otros items, como los arreglos necesarios en las escuelas para que no haya problemas de tecnología.
El otro tema clave es la capacitación: desde la Junta Electoral quieren institucionalizar que sean los docentes los encargados de la fiscalización. Para ello proponen cursos con puntaje docente para incentivar a la participación. El cálculo que hacen es sencillo: para fiscalizar los comicios se necesitan 8 mil personas. Y hay 50 mil docentes que podrían acceder a esas capacitaciones y ofrecerse luego como fiscalizadores.