Cornejo vuelve a la carga con la nueva cárcel de Cacheuta
El gobierno de Alfredo Cornejo intentará la semana próxima reiniciar el proceso para la construcción de una nueva cárcel en Cacheuta, proyecto que viene desde la gestión de Francisco Pérez y que la Legislatura ya le rebotó al nuevo gobernador en febrero.
La prueba de ello es que los diputados, entre ellos el justicialista Jorge Tanús, recibieron en las últimas horas un correo con la invitación a una reunión para el martes en la comisión de Hacienda de la Cámara Baja con el director de Enlaces y Asuntos Penitenciarios, Juan Ignacio Mullet.
El objeto del encuentro es específicamente dar tratamiento a un expediente que propone "la construcción de una institución diferenciada cerrada para la ejecución de pena".
Si bien oficialmente no se han brindado más detalles, el expediente en cuestión es el 68.429/15, el cual fue presentado por el ex gobernador Francisco Pérez el 23 de febrero de 2015.
En aquel proyecto de apenas tres artículos, Pérez pedía autorización para endeudarse por un total de 1.169.827.777,56 pesos para construir un nuevo penal, sugería la utilización de una serie de herramientas financieras para conseguir el dinero y proponía la creación de un fideicomiso.
La iniciativa formalizaba el interés del Poder Ejecutivo en construir una nueva cárcel por el sistema de iniciativa privada en Cacheuta, para unos 900 presos.
El proyecto de ese presidio pertenecía al empresario sanrafaelino Omar Álvarez.
Nunca le dio tratamiento la Legislatura a aquella idea hasta comienzos de este año, cuando Cornejo intentó impulsarlo en el marco de la ley de Emergencia en Seguridad. Pero el gobernador no tuvo éxito, en parte debido a la interna peronista y a que algunos denunciaban que se trataba de un negocio a la medida de Álvarez.
Para enfrentar las críticas, en su momento, el propio ministro de Hacienda Martín Kerchner garantizó la transparencia de la licitación de la nueva cárcel en Cacheuta y negó que se tratara de una contratación directa.
El proyecto, vulgarmente conocido en la Legislatura como la "cárcel llave en mano", le daba una serie de beneficios a Álvarez, como mejorar la oferta en caso de que algún competidor propusiera hacerlo por un valor menor al suyo o cobrarle al Estado el proyecto si lo dejaban afuera, lo que costaría unos 200 mil pesos.
A pesar de que pasó un año desde su presentación, Kerchner adujo también en febrero que había logrado reducir el presupuesto de la nueva cárcel en 200 millones de pesos (pensaba gastar sólo 1.000 millones) e indicó que Álvarez tenía también un banco para financiar la obra.
Nuevo escenario
Nada de esto sirvió para que el proyecto de la nueva cárcel en Cacheuta avanzara, aunque el contexto ha cambiado desde febrero.
La Legislatura acaba de aprobar una ley que endurece el sistema de prisión preventiva y todos los pronósticos indican que esto podría agravar el hacinamiento en las cárceles mendocinas.
Las cárceles locales alojan a más de 4000 presos y el Gobierno reconoce hoy un déficit de 500 plazas, aunque las estimaciones no son certeras y hay quienes elevan ese número. Con la ley que restringe las excarcelaciones, el déficit podría ser dentro de algunos meses de entre 300 y 500 plazas más.
Para hacerle frente a este problema, el Gobierno apenas cuenta con una autorización para endeudarse en 160 millones de pesos para mejorar y arreglar los establecimientos carcelarios y una promesa nacional: la terminación en el plazo de 12 a 15 meses de la cárcel para 500 presos federales, cuyo proyecto fue anunciado hace más de 8 años.
En este escenario se inserta otro intento de promover la construcción de la nueva cárcel provincial para 900 internos. Aunque la solución que se busca por esta vía no es inmediata: en el mejor de los casos, construir otra cárcel tardaría varios años.
Vuelven las denuncias por las cárceles
Un dato sugestivo es que la discusión sobre este proyecto se reabrirá un día antes de que la Cámara de Diputados trate un nuevo endeudamiento para la provincia por 3.000 millones de pesos para los próximos 4 años, el cual será aportado por el gobierno de Mauricio Macri en el marco del pacto fiscal por las retenciones de ANSES.
Sin embargo en el gobierno de Cornejo todavía nadie confirma que ese endeudamiento se utilice para mejorar la infraestructura penitenciaria.
Lo cierto es que el Gobierno tiene otros motivos para hacer gestiones que demuestren su interés en mejorar las cárceles.
La semana que viene, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hará una sesión extraordinaria en Santiago de Chile y allí se discutirán nuevas denuncias por el estado de las cárceles mendocinas.
A esa reunión viajará el abogado Carlos Varela Álvarez y otros referentes de los derechos humanos locales, aunque también concurrirían a "hacer los deberes" el director de Asuntos Penitenciarios y el propio ministro de Seguridad Gianni Venier.