La Corte planteó que la ley de prisiones preventivas genera problemas "operativos"

Una acordada de la Suprema Corte de Justicia planteó problemas operativos para la puesta en vigencia de una parte de la ley de prisiones preventivas.

Se trata del artículo 294, que ordena la realización de audiencias en los juzgados de Garantías, con presencia de detenidos y víctimas, en el trámite de la prisión preventiva.

La acordada 27389, firmada por todos los miembros de la Corte el 15 de este mes, dispone "la operatividad" del artículo 294 de la ley 8869 recién a partir del 1 de setiembre "a fin de permitir la instalación y puesta en funcionamiento, en los diferentes edificios judiciales, de las salas de audiencias necesarias para la realización del procedimiento establecido".

La acordada solicita, además, que el Ministerio de Gobierno tome "todas las medidas conducentes" para cumplir en un plazo de 30 días con "un plan de traslados de detenidos" y "un plan de seguridad para víctimas y testigos convocadas a la audiencia".

Por último, dispone "hacer saber al Ministerio de Hacienda las necesidades presupuestarias para la implementación del procedimiento previsto".

Consultados al respecto, dos ministros de la Corte bajaron el tono de la acordada, a pesar de que entre las consideraciones sostuvieron que el Poder Judicial "no ha tenido la oportunidad de expresar su opinión en punto a aspectos operacionales" de la norma que impuso Cornejo. 

Aclararon los ministros que la ley de prisiones preventivas, y en particular las audiencias en los juzgados de garantías, "se están aplicando"; y que esta expresión de la Corte sólo busca solucionar problemas como las salas de audiencia y el registro de audio necesarios para cumplir con el sistema de oralidad, entre otros.

En el mismo sentido, el subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino, aseguró que "no hay inoperatividad de la ley" y que la norma está siendo aplicada en su totalidad por fiscales, jueces de garantías y jueces de instrucción.

De hecho, el Gobierno había indicado que la ley 8869 estaba vigente desde comienzos de este mes, cuando fue publicada en el Boletín Oficial, e incluso armó una reunión con magistrados para explicarles cómo implementarla.

Respecto de las audiencias, que están en el centro de la polémica, D´Agostino explicó que se están realizando en los despachos de los jueces de garantías, e indicó que no hay razones para que el Poder Ejecutivo reaccione contra la Corte ante la acordada 27389.

No obstante, en el ámbito de los jueces y fiscales, el ruido entre el Poder Ejecutivo y la Corte ha tenido su efecto y hay quienes aseguran que la nueva acordada está generando problemas. 

"Esto es un caos, porque el fiscal pide la audiencia dentro de los 10 días de la detención, en virtud de una resolución de la Procuración, pero el juez de garantías no la da, amparándose en la acordada de la Corte", explicó una fuente judicial.

Hay quienes incluso plantean que la acordada 27389 provocará que los abogados defensores soliciten la libertad de las personas detenidas, debido a que plantea que una parte de la ley no está operativa. 

A continuación, la parte resolutiva de la acordada: