Las ventajas para Omar Álvarez en la licitación de la nueva cárcel

Ese es el valor del proyecto del moderno presidio de 46.000 metros cuadrados que se construirá junto a Almafuerte y que Álvarez (con inversiones en obra pública, petróleo y medios de comunicación) supo promover durante las gestiones del justicialismo.

El radicalismo asegura que no tiene intenciones de beneficiar al sanrafaelino, pero cree que impulsar su proyecto es la forma más rápida de avanzar en la necesaria mejora de la infraestructura carcelaria.

Álvarez facilita las cosas: tiene el proyecto hecho, y aporta también, según asegura el Gobierno, la fuente de financiamiento para hacer la prisión nueva para 900 internos.

La propia Corte provincial le ha impuesto plazos a Alfredo Cornejo para que presente un plan de mejoramiento de las cárceles y tal vez de esa manera empiece a aflojar en la Legislatura la resistencia que hay a concederle a Álvarez este negocio: el proyecto ya naufragó dos veces en la Legislatura en los pocos meses que lleva el nuevo gobierno.

Fue el propio peronismo, por razones que tienen que ver con la interna del principal partido opositor, el que frenó la aprobación del proyecto hasta aquí. Los legisladores azules, en especial Jorge Tanús, se opusieron férreamente a favorecer un proyecto que sugestivamente abraza el intendente de San Rafael, Emir Félix. De esa manera, la obra quedó afuera del Presupuesto 2016 y de la ley de Emergencia en Seguridad.

El oficialismo quiere someter a votación por tercera vez la iniciativa la semana que viene en la Cámara de Diputados y los azules del peronismo ya están en guardia: es probable que intenten introducir algún artículo que dificulte a Álvarez quedarse con la licitación.

Asoma en ese sentido la posibilidad de que el PJ proponga que los oferentes no puedan tener deudas con el Estado. Una cláusula de ese tipo podría ser un obstáculo para Álvarez, debido a su sociedad en inversiones petroleras con Cristóbal López.

Los votos del peronismo, o de parte de él, serán relevantes porque el proyecto demanda un nuevo endeudamiento y ello requiere el aval de dos tercios de la Legislatura.

Pero aunque Álvarez no gane, el premio consuelo ya no se lo quita nadie. 

Si no es elegido para la construcción de la nueva cárcel, la empresa que gane la licitación deberá contemplar entre sus costos el valor de la elaboración del proyecto. La cuenta de los ingenieros refleja el valor de esta ganancia. El concesionario deberá pagarle al sanrafaelino unos 375 pesos por metro cuadrado. O sea, más de 18 millones de pesos.

Álvarez además tendrá una posición de privilegio en la licitación. Por tratarse de una obra de iniciativa privada, tendrá la oportunidad de igualar la oferta de sus competidores, si es que alguno lo supera y propone hacerla por un precio menor.

Este martes, en la Legislatura, el propio ministro de Hacienda Martín Kerchner fue a defender la obra, cuyo precio ha sido modificado por lo menos tres veces.

En febrero de 2015, Paco Pérez pidió endeudarse en 1.169 millones de pesos para la cárcel. Un año más tarde, el gobierno de Cornejo señaló que le costaría unos 1.000 millones de pesos. Y ayer, Kerchner fijó el gasto en 90 millones de dólares, o sea, cerca de 1.300 millones.

De todos modos, Kerchner aseguró ante los medios que hubo una "reducción de costos" de 10 millones de dólares y, para evitar sospechas, juró ante los micrófonos que la obra será otorgada al ganador de "una gran licitación pública nacional".

Sedujo, por último, con un acortamiento de los tiempos: la nueva cárcel tiene un plazo de ejecución de 36 meses, pero el gobierno de Cornejo intentaría concretarla en sólo 24.