Los tres desafíos de Cornejo en su batalla contra la inseguridad

Y más que nada, lograr que la Policía salga a buscar a ese grupo de entre 300 y 500 delincuentes "reiterantes" que para el Gobierno son el eje de la inseguridad, por ser los beneficiarios de la "puerta giratoria" carcelaria.

Ninguna de estas gestiones será sencilla. Entre las herramientas legislativas que se procuró el Gobierno figura la ley de Emergencia en Seguridad, que autoriza el endeudamiento para equipar a la Policía.Pero los primeros pasos para lograrlo han sido bastante traumáticos por los problemas financieros. 

Probablemente en unos días se de baja una licitación armada para adquirir 120 móviles policiales. La razón: al Gobierno le iba a costar cerca de 450 mil pesos cada móvil nuevo, según la oferta que hizo una concesionaria Peugeot, sin contar el equipamiento policial específico. Demasiado para los 40 millones de pesos que había de presupuesto en la licitación.

Los problemas económicos pueden, entonces, convertirse en un obstáculo severo para la obtención de objetivos rápidos. De hecho en este momento se evalúa alguna ingeniería financiera, como podría ser la constitución de un fideicomiso, para poder mejorar el equipamiento policial, uno de los aspectos necesarios para que la Policía atrape a quienes generan la inseguridad en Mendoza

El desempeño de la Policía no es el único problema. También lo es la necesidad de ampliar las plazas carcelarias. En unos meses, si la ley de las prisiones preventivas rinde el efecto, habrá muchos más presos en un sistema penitenciario que ya está colapsado.

Una cuenta poco alarmista dice que la sobre población actual de las cárceles mendocinas es de 500 internos. El Gobierno sostiene que este número es cierto, aunque hay quienes creen que el panorama es peor.

En el mejor de los casos, que el plan de Cornejo contra la inseguridad rinda, podría elevar a cerca de 1000 plazas el déficit de plazas en las prisiones dentro de algunos meses.

Para enfrentar este problema hay apenas una herramienta concreta: la autorización de 160 millones de pesos de la Emergencia en Seguridad para reparar y mejorar los complejos penitenciarios.

Cuando encuentre la manera de invertir bien esos fondos, ya que el problema en este caso es similar al de los móviles policiales, el dinero será invertido especialmente en el complejo San Felipe (el más superpoblado de todos), Almafuerte y la cárcel de San Rafael.

Fuera de ello, Cornejo apenas cuenta con una promesa del Gobierno Nacional. Reactivar la construcción de la cárcel para 500 presos federales en Cacheuta, cuya construcción se encuentra en el orden del 60 por ciento, pero está parada desde la gestión de Francisco Pérez.

La autorización final para reiniciar las obras depende de la firma del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano y en el mejor de los casos brindará una solución dentro de 12 o 15 meses.

Mientras tanto, habrá un paliativo. Pérez también dejó hecho un recinto en Cacheuta para unos 20 presos que iba a utilizarse para alojamiento de menores del ex Correccional de Menores. Tras una medida judicial que impidió el traslado de menores, estaría tomada la decisión de que ese lugar se convierta en una pequeña cárcel de mujeres.

La solución más importante en ese sentido sería la construcción de otro presidio en Cacheuta. En esta obra Cornejo planeaba invertir unos 1.200 millones de pesos, pero el PJ frenó la autorización para evitar favorecer al empresario Omar Álvarez con ese negocio.

"Volveremos a insistir", aseguran en el Poder Ejecutivo ahora, y abren una puerta para que sea rápido: aunque hasta anoche no era nada seguro, el Gobierno estaría evaluando incluir esta obra en el pedido de endeudamiento por 3.000 millones de pesos que tratará la semana próxima la Legislatura.

Hay por último un aspecto de la aplicación de la ley de prisiones preventivas que no depende del dinero, al menos en grandes cantidades, pero que sí plantea un desafío político.

Cornejo necesita descongelar su relación con la Corte provincial, dañada precisamente por el proyecto que endurece las excarcelaciones y que en los hechos contradijo un fallo que iba en otro sentido: apuntaba a bajar el hacinamiento en las prisiones.

Para ello ya instruyó a su subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino, quien tiene la tarea de reunirse con los miembros de la Corte de manera urgente para instrumentar una de las novedades de la ley: la realización de audiencias orales con participación de las víctimas en el momento que se decide la prisión preventiva.

Esta decisión está en manos de los jueces de garantía, que son siete para la Primera Circunscripción Judicial. Antes de promulgar la ley, el gobernador quiere acordar con la Corte cómo se harán estas audiencias y qué necesitarán los jueces.

Son la Corte y sus jueces en definitiva quiénes deberán cumplir la última y más importante etapa de la política en la que Cornejo depositó su apuesta para dar vuelta la batalla contra la inseguridad en Mendoza.