La Justicia rechazó la cautelar por la licitación del Casino
La empresa Sielcon había presentado un amparo por la caída de una licitación del control del juego en Mendoza. El juez Ricardo Mirabile rechazó la medida.
La empresa SIELCOM resultó adjudicataria en 2014 para establecer un control estatal y paralelo de la recaudación de las tragamonedas. Sin embargo, el gobernador Alfredo Cornejo decidió dar de baja la polémica licitación del juego en Mendoza, a lo que la empresa sospechada de irregularidades presentó una medida cautelar ante la Justicia. Sin embargo, el juez Ricardo Mirabile la rechazó el viernes pasado.
La empresa SIELCOM, adjudicataria del sistema de control on line de los tragamonedas en los casinos de la provincia, interpuso un recurso de amparo y además demandó por el supuesto delito de "omisión de los deberes de funcionario público"a la conducción del organismo del control del juego e incluyó en esa demanda a su titular, Josefina Canale.
"El amparista solicita como medida cautelar urgente se ordene a la entidad demandada deje sin efecto la suspensión del contrato hasta tanto recaiga resolución definitiva en las presentes actuaciones, en conclusión solicita una medida innovativa", se lee en una de las fojas judiciales.
Sin embargo, la Justicia no le dio lugar a la medida cautelar presentada por SIELCOM debido a que no creyó que existiera "peligro de demora" ni otros requisitos que justificaran esa acción.
"No logro a visualizar el peligro en la demora si de acuerdo a los hechos narrados por los amparistas", se puede leer en el auto interlocutorio firmado por el magistrado. "Los presentantes tienen que tener en cuenta que el anticipo de la garantía jurisdiccional por la vía de la medida 'urgente', tal cual lo han calificado, dejando que este juzgador la encuadre dentro de las medidas cautelares, requiere que se cumplan los recaudos generales previstos por las mismas, a saber: la verosimilitud del derecho puesto en ejercicio, peligro en la demora, y la constitución de una contracautela suficiente para responder a eventuales daños", explicó.
Por último, notificó a las autoridades para que dentro de tres días hábiles respondan y ofrezcan pruebas sobre el contrato que se ha dado de baja.