Nunca les interesó ser transparentes
Por allí anduvo Alfredo Cornejo toda la semana como león enjaulado. Lo alteraba que, en la fiesta de la Ganadería de General Alvear en la que participó ayer, la gente lo recibiera mal o que los reclamos de los ganaderos se hicieran sentir como en años anteriores.
Solo cuando le garantizaron que la avanzada política que el gobierno desplegó en el Sur unos días antes de su visita había logrado contener algunos planteos, se sintió seguro como para sentarse a comer el tradicional asado en ese ambiente dela producción por lo general muy hostil con los gobiernos provinciales.
Es extraño a veces el devenir del gobernador. Toda la firmeza que mostró en su puja con los gremios estatales o el liderazgo que le impuso a la tropa política propia y al peronismo también, parece haber encontrado un flanco de debilidad: la opinión pública.
El gobierno sintió esta semana el impacto social negativo que causó la papelonezca presentación de Declaraciones Juradas de los funcionarios, que logró incluso que la figura del mandatario mendocino quedara expuesta también a nivel nacional.
Y no solo por el ridículo. Cornejo quedó reflejado, aquí y allá, como un dirigente apegado todavía a las viejas prácticas de la política que Cambiemos, según prometió, llego para desterrar.
Hay algunos casos en las presentaciones patrimoniales del oficialismo que el Fiscal de Estado, Fernando Simón, debería investigar como autoridad de aplicación del decreto firmado por Francisco Pérez en su retirada y que obligó a ministros, secretarios y legisladores no solo a declarar sus bienes. Sino también a hacerlos públicos.
Uno de los senadores del radicalismo, Jorge Palero, no declaró ningún bien a su nombre mientras el cartel de su negocio de impresiones brilla todos los días en la calle Brasil.
Palero fue el principal beneficiario de la impresión de las boletas electorales en 2015 y facturó millones por ese negocio.
También debería averiguar cómo el jefe de la Policía, Roberto Munives, reconoció ser dueño de una Toyota Hilux por un valor cercano al millón de pesos y declaró ingresos mensuales por solo $20.000.
O cómo varios hijos de radicales ilustres y veinteañeros, Ulpiano Suárez, Víctor Fayad, Facundo Biffi, Mauro Iglesias (hijo de Marcelino) o Lautaro Cornejo, que todavía viven en casas de sus padres, ya son prósperos empresarios que invierten en acciones, tienen emprendimientos comerciales importantes o son dueños de varios loteos, según el caso.
Más allá de estas particularidades, no existe razón para entender que la subvaluación de las propiedades y autos generalizada de los radicales haya sido pensada como una maniobra para esconder bienes.
Ni siquiera que puedan ser considerada la comisión de algún delito.
Aun así en los casos más estrambóticos como los de la vicegobernadora, Laura Montero con su casa valuada en $0,70 o en el Mercedez Benz del ministro de Seguridad, Gianni Vennier, que figura con $1.
Cornejo y los suyos cometieron un acto de torpeza política que refleja otra realidad de la clase política mendocina: el desdén por la transparencia.
En el fondo no les interesa ser trasparentes, se ven forzados a serlos.
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La mayoría de los miembros del gabinete delegó en su contador el armado de sus declaraciones juradas y prácticamente todos se enteraron de su contenido una vez que estas fueron publicadas.
Es más: hubo un ministro que cuando fue interpelado por la prensa por el valor que había valuado la casa donde vive actualmente ($100), pensó que le estaban hablando de un terreno que tiene en el Gran Mendoza y contestó en consecuencia. Ni idea tenía de lo que le estaban hablando.
Cuando el escándalo estalló, vino la posterior rasgadura de vestiduras. Consciente del impacto que había causado la difusión de los listados, Cornejo debió salir a reconocer a regañadientes el tropezón político. Se quejó de la lectura negativa que se había hecho, pero reconoció que había sido un error poner valores irrisorios de algunos bienes. Y anunció que iba a impulsar una ley para cambiar las cosas.
Puertas adentro, en la Casa de Gobierno, se percibió lo que hacia afuera había sonado a burla. “Si ves que tu contador te dice que la valuación es de un peso, no pongas ese valor. De última inventate uno”, se reprocharon internamente.A ninguno le interesa
Desde su auto impuesta prisión domiciliaria, Francisco Pérez despotricaba contra Cornejo. “¿Y a mí me denunciaron penalmente por mi declaración jurada?, estos tipos son unos caraduras”, cuentan en su entorno que vociferaba al aire.
El ex gobernador está siendo investigado por la Justicia por la adquisición de un departamento lujoso y la norma que dejó redactada incluía una trampa. Aunque una ventaja también.
No sirvió para demostrar la evolución patrimonial de sus propios funcionarios durante cuatro años de gestión, pero al menos forzó a ventilar sus bienes.
Hasta la firma del decreto 1789, la presentación de las declaraciones juradas era obligatoria. Pero se depositaban a sobre cerrado en la Escribanía General de Gobierno y, salvo orden judicial, no se podían hacer púbicas.
Pero el peronismo tampoco fue un campeón de la transparencia. Ni mucho menos.
Cuando Pérez lanzó su cruzada y se puso al frente de la sanción de una ley de Etica Pública en Mendoza, en mayo de 2013, casi ningún integrante de su gobierno había cumplido con el decreto 262/90 que obligaba a presentar las declaraciones juradas ante el Escribano General.
De los 15 funcionarios de primera línea de Paco en aquél entonces (ministros y secretarios) sólo cuatro habían cumplido con la norma y el resto directamente no se habían presentado cuando ya llevaban más de un año y medio que en el poder.
Tampoco a ellos les interesó ser transparentes. Se veían forzados a serlo.
En la última década se acumularon leyes discutidas y sancionadas al ritmo de los reclamos tanto sociales como empresariales, para hacer reformas políticas y de gestión que lleven a un mejor manejo de la cosa pública.
Y la misma clase política que las impulsó, se encargó luego de exceptuarlas.
¿Cómo se explica que cuando sonaban las cacerolas y el grito de que se vayan todos explotó en 2001, la Legislatura sancionó una reforma política (Ley 7005) que luego fue modificada tantas veces que hoy casi nadie sabe para qué está?
O la propia Ley de Responsabilidad Fiscal, sancionada en 2005, que venía, entre otras cosas, a tratar de que no se repitieran los errores de los 90.
Impulsada por el sector empresario, a regañadientes, los legisladores sancionaron una norma para terminar con el gasto descontrolado en el Estado, su sobredimensionamiento y, sobre todo, evitar que a consecuencia de esto generaciones futuras de mendocinos terminaran endeudas para pagar el despilfarro.
Basta ver la realidad de Mendoza hoy, para darse cuenta de qué manera las excepciones impuestas a la Ley de Responsabilidad Fiscal en los últimos ocho años influyeron en que, durante la próxima década, tengamos que hacernos cargo de una deuda que no será menor a los 500 millones de dólares para cubrir el mal gasto de la última administración justicialista.
De tanto buscar la ley de transparencia perfecta, no se sancionó ninguna en la Legislatura.
Allí se acumularon al menos cuatro iniciativas en los últimos períodos (tres peronistas y uno radical) y el proyecto anunciado por el propio Pérez alcanzó a obtener despacho de comisión en Diputados. Pero la UCR no lo respaldó.
“Si nos apuramos a sacar ahora una ley de Etica bajo estado de presión, se va a sobreactuar y la norma seguro va a ser mala”, reflexionó un hombre de Cornejo sobre el filo del viernes, cuando el Gobierno ya había anunciado que iba a impulsar un cambio.
Gobierno y oposición tiene la oportunidad ahora de demostrar que ya no basta con pregonar que son transparentes. Sino que creen en eso y que de verdad lo son.