Hasta los aliados de Cornejo están preocupados por las cárceles
Con una ley de endurecimiento de prisiones preventivas que avanza a su sanción definitiva, la preocupación política pasa ahora por el hacinamiento en las cárceles.
Sucede que la norma apunta a limitar la posibilidad de que los detenidos obtengan la excarcelación y reincidan (o "reiteren") en el delito. Pero todo indica que esta medida aumentará la población carcelaria, que ya excede cómodamente la capacidad del sistema penitenciario mendocino.
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Las advertencias abarcan incluso al propio arco oficialista. El diputado demócrata Marcos Niven remarcó en este sentido: "Nos preocupa donde van a meter los presos porque no se habla de ese tema".
Según Niven, las plazas de las cárceles locales son 3.100 mientras que la población es de 3.900, con lo cual desde ya faltarían unos 800 lugares.
Ese número manejan en la oposición, aunque no es la cifra que se reconocía hasta hace poco oficialmente: según señaló el Gobierno en diciembre, faltaban menos de 500 lugares en las cárceles. La única solución concreta a la vista para ese problema es la terminación de un recinto para presos federales que se construye en Cacheuta precisamente para alojar a unos 500 internos.
La construcción de una nueva cárcel en Cacheuta por "iniciativa privada" se contempló dentro de la ley de Emergencia en Seguridad, pero el PJ se resistió a darle aval al endeudamiento respectivo.
Esa obra podía favorecer al empresario Omar Álvarez, el dueño del proyecto que se iba a licitar, pero la idea quedó estancada y ahora depende de que vuelva a ser impulsada por el oficialismo.
En ese contexto ha reaparecido una vieja intención del PD, plasmada en proyectos de ley, que es que se construya una nueva cárcel por "concesión de obra".
El sistema en este caso consiste en que un privado haga la cárcel y que el Estado se ocupe solo de pagar la estadía de las personas presas durante el periodo de 15 o 20 años, tras lo cual el complejo queda para el Estado.
"Nosotros necesitamos una cárcel en el Este porque es un trastorno el traslado de los internos y hay problemas con las familias. Hacen falta cárceles más chicas pero distribuidas, de 400 o 500 personas, para separar las penitenciarías", afirmó Niven.
Camino a la sanción definitiva
A pesar de los cuestionamientos, esto no incidirá en contra del proyecto para frenar las excarcelaciones, el cual casi tiene asegurada su sanción definitiva.
La iniciativa de Cornejo se aprobó en el Senado la semana pasada.
El miércoles pasado no hubo sesión en la Cámara Baja, por ello el oficialismo apretó el acelerador esta semana y consiguió el aval de la oposición para que se trate mañana, sin pasar por comisiones.
Para que se discuta sobre tablas, el proyecto necesita el aval de dos tercios de los diputados, lo cual ya fue aceptado por la oposición en la reunión de Labor Parlamentaria.
A pesar de que las críticas propias y ajenas marchen por otro lado: “No estamos corrigiendo a ninguno en las penitenciarías porque, con el hacinamiento que hay, es poco lo que se puede hacer”, sentenció Niven.