Un gobierno que se pisa demasiado los cordones

En los pocos meses que lleva, el gobierno de Alfredo Cornejo demostró una capacidad más que interesante para pisarse los cordones.

Ya demostró esta curiosa habilidad con el revolcón político que sufrió el Director General de Escuelas quien, en medio de la discusión salarial con el gremio docente y la aplicación del ítem aula, debió desprenderse de su yerno-funcionario.

También hizo gala de cierta torpeza política, al momento en que le estalló en la cara el escándalo de la presentación de las declaraciones juradas de los ministros del gabinete quienes, producto del desdén con que encararon una exigencia de transparencia, terminaron colocando al propio gobernador en las noticias nacionales. Y no de buena manera, precisamente.

El miércoles los insultos de Cornejo se hicieron sentir desde Córdoba hasta la Casa de Gobierno en Mendoza. No podía entender como la seguidilla diaria de animales muertos en el zoológico, competía en las portadas de los diarios con el acuerdo que acababa de firmar con el gobierno nacional por la devolución del 15% de Anses.

“El Alfredo estaba recontra caliente- confió uno de los funcionarios que lo acompañó durante la firma de ese acuerdo- porque una vez que teníamos una buena noticia para dar, terminamos en este despelote”.

Con el estado en el que está el zoo provincial, las muertes de animales eran inevitables. Así viene sucediendo, incluso, desde hace más de una década.

Sin embargo se notó como la inexperiencia de la directora Mariana Caram, puesta allí por el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, transformó un problema grave para la situación de los animales en un conflicto político.

Mientras las muertes se contaban de a quince por día, más de una semana tardó el gobierno en tomar la decisión de cerrar el zoo, al menos de manera temporaria.

Clausurar el ingreso del público les permitirá, al menos, concentrarse en tratar de frenar más fallecimientos.

En el camino logró lo que hasta aquí parecía un imposible: que a legisladores del PJ se les despertara un profundo sentimiento ecologista y que apareciera en escena, con su virulencia característica, Raquel Blas.

La dirigente de ATE prácticamente había sido anulada por el gobierno durante la discusión paritaria y una conferencia de prensa de la timorata directora del zoológico le volvió a dar envión. A los gritos, como es su estilo, y preocupada por el alimento balanceado y por el pasto que aparentemente no le están dando a las fieras.

La irrupción sindical en el conflicto no es casual. La Dirección de Parques y Zoológicos es uno de los focos de la administración estatal en donde ATE no es fuerte.

De 86 empleados que tiene el zoo, la mayoría responden a UPCN y, en la intención de socavar al otro gremio, habría que encontrar la razón de la re aparición de Raquel en el frente de combate.

Mientas mira al cielo para que pase la lluvia y el frío, en tanto, Cornejo se apresta para dar un paso en lo que, considera, es un paso en la batalla contra la inseguridad.

El proyecto ya obtuvo dictamen de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, aunque con algunas firmas en disidencia del peronismo.

Acomodado ya el descalabro financiero que heredó, el gobernador pasa ahora a la segunda fase de este año: meterse con la inseguridad.

La ley de prisiones preventivas no viene de parte de un estadista, ni llega para cambiar de raíz el combate contra el delito. Ni mucho menos.

Cornejo entiende que servirá para controlar la sensación de inseguridad ya que, terminando con la denominada “puerta giratoria”, sacaría de circulación (mientras duren los procesos judiciales de uno o dos años) a unos 400 delincuentes.

Son los que participan de robos agravados en su mayoría, que reinciden en el delito y que contribuyen todos los días a aumentar la paranoia colectiva por este tema.

El Gobierno impulsa una ley en la que existen varios puntos de contacto con lo que ya expuso la Suprema Corte de Justicia en el fallo redactado por el juez Omar Palermo a finales de diciembre y que generó una crisis con el poder político que todavía no se supera.

Se menciona la oralidad de los procesos, la participación de las víctimas y se establecieron plazos "improrrogables" de diez días, para resolver la prisión preventiva de manera efectiva y eficaz.

Sin embargo el Gobierno no desconoce que, dos artículos de la iniciativa que impulsa, podrían terminar siendo declarados inconstitucionales.

Uno de ellos es el tercero, que modifica el artículo 295 del Código Procesal Penal y que establece la posibilidad de que las Cámaras establezcan prórrogas en las prisiones preventivas.

Pero sobre todo, las dudas jurídicas están en el artículo 1. La ley propone modificar el artículo 293 del Código Procesal Penal y flexibiliza las situaciones en las que se podrá disponer la prisión preventiva y contradice la jurisprudencia internacional y nacional en ese sentido. Ambas establecen que este tipo de medidas se deben tomar solo si existe riesgo procesal.

Sin embargo estos planteos no lo incomodan al Poder Ejecutivo. Es muy probable que en definitiva busque arrinconar a la Corte que será la que deba resolver esta cuestión. Si es que exista algún planteo concreto a futuro.

A decir verdad, el gobierno y el máximo tribunal tienen cortados todos los canales de diálogo desde hace meses y, en el debate legislativo de las prisiones preventivas, la Justicia no participó.

Cornejo está buscando sujetar el accionar judicial a sus políticas de seguridad y, en el caso de este asunto, la mirada de la Corte sobre el tema es un obstáculo.

El Poder Ejecutivo se relaciona con un grupo de camaristas penales y, claramente, con los fiscales especiales como está peligrosamente a la vista.

Un solo hecho marca cómo están las relaciones al máximo nivel entre poderes. Hace unas semanas se anunció, a través de una acordada de la misma Corte, el trabajo vespertino en los juzgados luego de que el gobierno amenazara con un proyecto de ley en ese sentido. Nada de trabajo conjunto, todo tire y afloje.

La política mete presos no es una novedad en Mendoza. ¿Qué otro espíritu le imprimió a su gestión toda la línea de ministros de Seguridad de las últimas dos administraciones del PJ que fueron teledirigidos por Carlos Circa? Y yendo más atrás en el tiempo también.

Si se refrescan los datos del informe de la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial publicado en agosto de 2015, en 2000 el total de presos en las cárceles locales era de 1.954 personas. En cambio, el Servicio Penitenciario Provincial alojaba, según datos que abarcan hasta agosto pasado, a 4.045 personas.

La Provincia tiene un promedio de 232 personas en prisión cada 100.000 personas, de acuerdo con el informe. En cambio, el último dato publicado por el Ministerio de Justicia de la Nación en 2013 indicaba que el promedio nacional era de 152,33 prisioneros cada 100.000.

Y lo que es preocupante tomando en cuenta lo que se viene para los que sean sometidos a procesos judiciales: en promedio la resolución de los mismos es de 1,5 años y sólo el 48 por ciento de la población penal tiene condena, mientras que el 52 por ciento restante se encuentra en condición de procesada.

En aquel informe se analizó específicamente lo ocurrido en el Primer y Sexto Juzgados de Garantías de la Primera Circunscripción Judicial durante 2014. Se recopilaron la totalidad de prisiones preventivas dictadas durante siete meses en ambos juzgados y luego se verificó qué ocurrió con ellos: las prisiones preventivas resultaron en sólo 54 condenas, 84 libertades y 69 aún en proceso. Es decir que el 41 por ciento salió en libertad.

¿Cómo se justificarán las prisiones preventivas a toda costa, si casi la mitad de los reos terminan siempre siendo dejados en libertad?

Y otro problema. Más detenidos, implica la necesidad de ampliar una estructura carcelaria que hoy está colapsada.

Cornejo leyó bien lo que se viene. Apuró la construcción de la cárcel federal de Campo Cacheuta, que le permitirá alojar a unos 500 presos que hoy se amontonan en las prisiones del sistema provincial.

Si se comparan los números entre los que quieren sacar de circulación a través del endurecimiento de las prisiones preventivas y los que pasarían de las cárceles locales a la federal, el número cierra redondo.

El completo informe de la Corte arrojó un dato que explica en buena parte el problema de la inseguridad en Mendoza.

El 49 por ciento de la población carcelaria tiene el primario competo o incompleto y solo el 21 por ciento accedió a la educación secundaria.

Pero este tema, es algo que la coyuntura y la emergencia en seguridad parece que no permite darle importancia por el momento.