¿Nadie quiere resolver el caso Marcelo Costa?
El ex ministro paquista Marcelo Costa fue imputado el 14 de abril pasado por el delito de fraude a la administración pública. Pero 35 días después de la medida ordenada por la fiscal Claudia Ríos, el caso se encuentra parado y la Justicia no resuelve si la investigación continuará o no.
Costa fue imputado por un supuesto delito cometido entre fines de 2011 y comienzos de 2012, en el momento que el ex funcionario dejaba la presidencia de OSEP para convertirse en ministro de Hacienda de la provincia. Quedó complicado por una denuncia del actual presidente de OSEP, Sergio Vergara, quien pidió que la Justicia investigara casos vinculados al sistema de adscripción del Estado provincial.
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En concreto, Costa le concedió el pase a planta en OSEP al empleado Gustavo Agüero el 1 de diciembre y hay certificados que dicen que esta persona obtuvo la adscripción al Ministerio de Desarrollo Social apenas 10 días después: el 11 de ese mes.
O sea, da la sensación de que hubo una maniobra de Costa para asegurarle el cargo en planta a Agüero (con una serie de adicionales salariales que se pagan en la obra social) a pesar de que Costa sabía que se iba a ir a trabajar a otro lado.
El ex ministro y su abogado defensor aseguraron desde el primer momento que la adscripción se produjo cuando Costa ya no estaba en la OSEP. En virtud de ello, pidieron la nulidad de la imputación en su contra.
La fiscal Ríos, no obstante, ratificó poco tiempo después el aboque y de ahí en más el expediente pasó a manos de la Justicia de Garantías, que es la encargada de resolver el conflicto.
Este es el punto inicial de la nueva novela, Desde entonces la causa Costa inició un curioso recorrido judicial, sin final a la vista.
De acuerdo con el relato de Cazabán, Alejandra Alonso, titular del Cuarto Juzgado de Garantías, se excusó de resolver si Costa debe ser imputado o no. Se trataba del juez de turno en la fecha de la denuncia, pero para él, el expediente tenía que ser resuelto por un colega: el que estaba en turno cuando el empleado Agüero fue designado como empleado de OSEP.
La causa entonces pasó a manos de Belén Renna, del primer Juzgado de Garantías. Pero una vez más, se produjo la excusación. Cazabán indicó que la magistrada adujo que no le correspondía a ella resolver, sino al magistrado de turno cuando el trabajador en cuestión "cobró su primer sueldo como adscripto".
Le tocó el turno entonces a Ezequiel Crivelli, del Segundo Juzgado de Garantías, quien recibió el expediente el pasado 5 de mayo y 13 días después aún no resuelve si es competente o no.
"No se qué irá a decir este juez", señalan desde la defensa, con desconfianza. mientras ven que el problema va camino de caer en la Cámara de Apelaciones, a la que le tocaría resolver este caso de "competencia negativa".
Con Crivelli, la mitad de los jueces de Garantías de la Primera Circunscripción Judicial ya intervinieron en el caso Costa.
Es imposible soslayar a esta altura la importancia de los jueces de garantías: serán los responsables junto a los fiscales, a partir del proyecto de Alfredo Cornejo, de darle celeridad al sistema de prisión preventiva.
Pero hay quienes sostienen que en determinados casos no es sencillo apurarlos. "Es evidente que nadie quiere resolver esta causa", dice el abogado Cazabán, quien, por supuesto, confía en que el próximo paso será la nulidad de las actuaciones de la fiscal Ríos contra su defendido.