Vía libre en el Senado para el proyecto de Cornejo

De ahí en más, el camino a la aprobación es un mero trámite. Es que el radicalismo cuenta con mayoría propia para que así sea. Además, los senadores del PJ están decididos a acompañar a la UCR en general, más allá de que algunos miembros del bloque, como María José Ubaldini o Luis Böhm, discutirán varios puntos de la ley de Alfredo Cornejo en particular.

De esta manera, la aparición de una carta con la firma del influyente Verbitsky metiéndose otra vez en decisiones provinciales no tuvo casi impacto. El radicalismo no dudó en catalogarla junto a otras expresiones críticas del proyecto oficial. "Todos los aportes que hacen son a favor de los delincuentes y así la ley no sirve", aseguró el senador radical Juan Carlos Jaliff.

En el justicialismo tampoco impactó esa carta, que en forma muy directa, remarcó: "En Mendoza los problemas de seguridad están relacionados con la ausencia de implementación de políticas específicas sostenidas en el tiempo y no con la falta de detenidos".

Algunos peronistas se despegaron directamente del periodista alineado con el kirchnerismo. También hubo quienes señalaron que en el bloque opositor hay resistencias parciales al proyecto de Cornejo que no tienen que ver con la influencia de Verbitsky.

En el caso de Ubaldini, las críticas tienen origen en su vínculo con la organización Xumek, que responde al abogado local Diego Lavado y que fue responsable de un habeas corpus colectivo contra el hacimiento de presos que la Corte provincial avaló a fines del año pasado.

Böhm, por su parte, estaría influenciado por su propia familia mendocina. La esposa de su padre, el ex juex de la Corte Carlos Böhm, dirige una cátedra de Derecho de la UNCuyo que ha manifestado cuestionamientos al proyecto de Cornejo.

Haya que decir además que Xumek y otros organismos de derechos humanos locales han presentado correcciones parciales al proyecto, aunque desde el comienzo festejaron que promueva el ordenamiento del sistema de prisión preventiva en Mendoza, que no está bien. Basta con ver el caso del ex intendente Sergio Salgado, quien fue notificado de la prisión preventiva 43 días después de su detención, cuando esto debe ocurrir según el proyecto actual al décimo día.

Por supuesto que ninguna sugerencia será incorporada por el oficialismo al proyecto, que ve detrás de cada sugerencia un ablandamiento de la norma. En la Legislatura se aseguraron de evitar que los críticos dieran a conocer sus pareceres en la comisión LAC y en general pidieron que hicieran conocer sus opiniones por escrito, para evitar que "montaran un show".

¿Puerta giratoria o hacinamiento?

Cornejo centró su discurso del 1 de mayo ante la Asamblea Legislativa en el anuncio de un proyecto destinado a acabar con la "puerta giratoria" de las cárceles mendocinas.

La propuesta pone plazos y condiciones para la prisión preventiva que tienden a evitar que los acusados puedan acceder a la excarcelación durante el proceso. Según el CELS, el Estado mendocino quiere generalizar la utilización de esta herramienta, que no queda solamente para casos en que existan riesgos procesales, peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Y es así: es lo que el gobierno de Cornejo quiere.

Sale al frente, además, con el concepto de "reiterancia" como argumento para privar de la libertad a los detenidos. El "reiterante" es una figura nueva y polémica; sería aquella persona que ha cometido varios delitos pero, como nunca fue condenado por la Justicia por ninguno de ellos, logra acceder siempre a la libertad. En caso contrario, sería un "reincidente", y la legislación actual le impediría salir de la cárcel sin necesidad de ninguna modificación del Código Procesal Penal.

El Gobierno se defiende asegurando que la reiterancia figura en la vieja Constitución provincial. Tuvo que buscar mucho, pero encontró más o menos un argumento. Se trata del artículo 22, donde se sostiene que a una persona podrá decretársele "la libertad provisoria, salvo limitaciones que la ley establezca para los casos de reincidencia o reiteración".

Abogados y críticos del proyecto creen, no obstante, que la "reiterancia" será difícil de defender ante planteos de inconstitucionalidad.

Un problema adicional que por ahora nadie contempla es el del hacinamiento carcelario, un grave déficit de Mendoza que podría agravarse si se endurece el sistema de prisión preventiva. 

Según la carta que envió a la comisión LAC el procurador de las personas privadas de la Libertad, Fabricio Imparado, la Provincia ha reconocido una sobre población carcelaria del 11 por ciento: tiene camas para 3553 detenidos, pero la población total es de 3985.

Pero el hacinamiento sería muy superior a este cálculo teórico, según aclara Imparado, quien afirma que en una visita realizada al complejo San Felipe en enero detectó la inhabilitación total de 58 celdas que al parecer se cuentan como activas.

En conclusión, en teoría faltarían para todo el sistema penitenciario plazas para 432 personas, pero sólo en San Felipe, el excedente real actual sería de 387 internos. Es prácticamente imposible que una sola cárcel tenga problemas de hacinamiento.

Para hacer frente a este problema creciente sólo aparece en el corto plazo la posibilidad de que el Estado Nacional reactive la construcción de una cárcel para 536 presos federales. 

Aunque muchos creen que la necesidad hará que el Gobierno reactive una idea que produjo polémica en la Legislatura: la construcción de una cárcel por iniciativa privada del empresario Omar Álvarez, para albergar a 900 internos.