Prisión preventiva: 3 claves de la propuesta de Cornejo

Argumentando que más del ochenta por ciento de los mendocinos considera que las personas sospechadas de haber cometido un delito grave o muy grave debe estar tras las rejas, el gobernador Alfredo Cornejo lanzó un proyecto de ley que busca ajustar la figura de la prisión preventiva prevista en el Código Procesal Penal y, de ese modo, según dejó entrever, terminar con la "libre interpretación" de los jueces.

En su primer discurso como jefe del Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa, Cornejo pretendió salir del revisionismo de la herencia que le dejó Francisco Pérez para adentrarse de lleno en un camino más bien propositivo. 

Bajo esa tónica, "el" anuncio del mandatario tuvo que ver con el envío de un proyecto de ley a la Legislatura provincial para modificar una serie de artículos del Código Procesal Penal que refieren a la prisión preventiva. 

Valga recordar que esta figura, también conocida como prisión provisional, es una medida cautelar que puede ser dispuesta por la Justicia y que consiste en encarcelar a un individuo que está siendo investigado por su presunta participación en un ilícito, a pesar de no haber sido sometido -aún- a juicio y encontrado, efectivamente, culpable. 

Aduciendo que existe un "vacío legal" que ha desembocado en que jueces y fiscales se manejaran libremente acerca de cómo dictar, controlar o dejar sin efecto la prisión preventiva, el jefe del Ejecutivo planteó una serie de ajustes y cambios. 

"Entendimos que había un espacio gris de interpretación, donde las personas sospechadas de cometer delitos graves y muy graves, aquellos que tienen como condena mínima de prisión tres años de prisión, quedaban a criterio del juez si se los dejaba en libertad o no", justificó Cornejo su proyecto de ley en conferencia de prensa tras su primera Asamblea Legislativa como gobernador. 

Tamiz a la prisión preventiva 

Luego de pasar por el tamiz a la prisión preventiva -"la temática fue sometida a un estudio profundo", se justifica en el proyecto de ley que se puede consultar al final de esta nota-, Cornejo confirmó que los cambios irán en tres direcciones: 

1-Flagrancia: la modificación principal se hará a nivel de los juzgados de flagrancia, en donde, como el nombre lo indica, ingresan personas que han sido detenidas in fraganti. "Se trata de una institución que está funcionando muy lenta pese a que, aquí, hay menos por probar porque al delincuente se lo encontró, efectivamente, robando un auto o una cartera", señaló Cornejo. El problema que se plantea en este tipo de juzgados es, de acuerdo con el mandatario, que el fiscal suele no dictar la prisión preventiva si considera que el delincuente no se va a escapar, por lo que el susodicho vuelve al lugar en donde cometió el ilícito a riesgo de reincidir.  

2-Reiterancia: desprendiéndose del ítem anterior, el gobernador recalcó que por no dictar en tiempo y forma la prisión provisional más de un delincuente aprehendido in fraganti cae nuevamente en la comisión de un delito. En este punto, Cornejo destacó también el "peligro procesal": "Puede ocurrir que el delincuente se fugue o amenace a familiares, testigos, víctima", enumeró el mandatario a los efectos de no dejar a libre interpretación del fiscal si cabe o no la prisión preventiva. "Le estamos dando interpretaciones específicas a jueces y fiscales en cuestiones que antes quedaban a su arbitrio", adujo. 

3-Celeridad: finalmente, el jefe del Estado provincial remarcó que el proyecto de ley impone plazos "improrrogables" a los efectos de resolver la prisión preventiva de manera efectiva y eficaz. "Les ponemos plazos improrrogables para que la persona no esté detenida mucho tiempo. Es decir, le damos diez días para resolver su situación, fundamentalmente en el caso de flagrancia, en donde ya hay una prueba irrefutable -como fue haberlo encontrado in fraganti- por lo que no hace falta más. En el resto de los casos, se les da diez días para conducir una investigación y confirmar o no la prisión preventiva", remarcó.

¿Y la infraestructura?

Cornejo aclaró que tanto el Poder Judicial como el Sistema Penitenciario de la provincia tienen la infraestructura y los recursos adecuados como para implementar estos cambios. 

"El poder judicial perfectamente está habilitado para esto. De hecho, le simplifica el trabajo de la oralidad, se le simplifican los procesos. Por lo tanto, debieran requerir menos personal", subrayó, al tiempo que indicó que, a partir de ahora, la Justicia deberá responder e informar claramente a quién libera: "Esto está atado a una ley que es el Registro de Libertades Provisionales, es decir que, a partir de ahora, todos vamos a poder acceder a saber quiénes están en libertad provisional. El Poder Judicial tendrá responsabilidad de dar esa información".

En relación a que estos cambios puedan profundizar el hacinamiento del Sistema Penitenciario, Cornejo señaló que "no son más de 400" los delincuentes que "entran y salen" y, en ese sentido, explicó que el proyecto contempla plazos perentorios para que las causas que están paradas se agilicen. "Muchas de las personas que están sin condena en la penitenciaría van a salir en libertad. Creemos que va a haber un balance neto de subas y altas", confió. 

¿Hay quórum?

En este marco, Cornejo comprometió a la Justicia al comentar que, efectivamente, ha contado con su apoyo para implementar tales modificaciones. "El proyecto tiene el visto bueno de buena parte de las Cámaras del Crimen, de muchos fiscales, de varios jueces de garantía, del Procurador de la Corte (Rodolfo González) y de muchos funcionarios", aseveró. 

Por último, entre los primeros ecos del proyecto en la Casa de las Leyes, la senadora opositora Patricia Fadel (PJ), condicionó el acompañamiento de este proyecto: "Si, por primera vez en cuatro meses, lo toma como política de Estado y está dentro de la legalidad vamos a acompañar. No he visto mal ánimo en la Legislatura". 

Proyecto completo