¿Para esto favorecimos la llegada del juego?

Mendoza decidió hace poco más de 20 años favorecer la llegada del juego, para llegar a un estado de cosas en la actualidad que muestran como la timba no financió, como estaba previsto, programas de asistencia. Sino que habilitó la evasión impositiva, los negociados y generó asimismo una fenomenal deuda del organismo encargado de controlar y manejar todo.

Según se supo oficialmente, el Instituto de Juegos y Casinos (IJyC) acumula una deuda de algo más de $400 millones, producto de los desmanejos durante los años 2014 y 2015. Situación que se agravaría por los conflictos con el personal de este año, que perjudicarían a los organismo y lo dejarían lejos de alcanzar las metas de recaudación previstas para 2016 y que rondan los $250 millones.

Parte de esa deuda ya está registrada en el Tribunal de Cuentas: son $130 millones de recursos que el IJyC no transfirió al Estado provincial y otros $110 millones que le adeuda a proveedores correspondientes al ejercicio 2014.

El balance 2015 aún no está terminado y se conocerá recién dentro de un mes. Pero trascendió que el rojo no bajará nuevamente de los $200 millones.

El ente de control obligó a la titular del Instituto, Josefina Canale, a saldar esa deuda al menos en lo que se refiere al Estado provincial.

Por ley, el Instituto tiene fijado un porcentaje de su recaudación que debe ser transferido a Rentas Generales, amén de la plata que también tiene regulada para financiar diversos planes y programas de asistencia.

Ni una cosa ni a otra. Si el juego hubiera aportado al Estado todo lo que debía, en los últimos dos años se podrían haber construido, juntas, todas las obras de infraestructura básica para dotar de gas a las zonas del Este que faltan y a todo San Rafael, General Alvear y Malargüe.

La ley de Responsabilidad Fiscal sostiene que no se puede transferir menos del 35% de las utilidades brutas del juego a los programas. Esto tampoco se cumple.

Esta semana saltará otro escándalo. No está demasiado claro por qué la conducción del Instituto anunció hace unas semanas que daba de baja una sospechosa licitación para el control on line de todas las tragamonedas públicas y privadas lanzada en 2014, cuando en realidad lo que hizo fue “suspender” el proceso hasta que la empresa adjudicataria diera sus explicaciones.Según la resolución 535 firmada por Canale, se le abre el juego a la empresa para “que ejerza su derecho de defensa” lo que permitió, en tanto, que SIELCOM, la adjudicataria, reaccionara.

A través de un comunicado difundido el viernes, el privado argumentó que “las autoridades han manifestado en distintos medios que la real motivación de esta conducta es el volver a la fiscalización manual que se venía llevando a cabo antes de la realización del proceso licitatorio, siendo llamativos los dichos vertidos al intentar volver a un método obsoleto que ha sido abandonado por todas las jurisdicciones de envergadura del país. Por este motivo Sielcon S.R.L. ha resuelto llevar a cabo diversas medidas legales".

Quizás la tibieza de la decisión oficial tenga que ver con quién está enfrente: este proceso fue el centro de todas las sospechas que recayeron sobre el expresidente del Instituto, Carlos Biachinelli y sobre uno de los exintegrantes del antiguo directorio, Federico Domínguez, de haber intentado armar un negocio a medida de Alfredo Vila.

La empresa SIELCOM fue quien resultó adjudicataria para establecer un control estatal y paralelo de la recaudación de las tragamonedas y, aunque el sistema debería estar funcionando desde agosto pasado, todavía no comienza.

Los ingresos pautados para dejan a la luz cifras para investigar. El acuerdo les permite alzarse con el 1,35% más IVA de la recaudación neta de las tragamonedas, lo que representa en total ingresos por más de $20 millones anuales.

Hoy los casinos privados, que ya tienen controles en línea propios, pagan por este servicio 0,30 centavos de dólar por cada máquina. El Estado, le prometió a SIELCOM un dólar por hacer el mismo trabajo.

Nadie se sorprendió cuando conocida la decisión, luego corregida, de Canale de hacer caer ese contrato el que explotó públicamente fuera el propio Bianchinelli.

“Ahora los casinos van a poder facturar sin control. Vamos a volver al viejo sistema manual que es obsoleto”, se quejó el actual legislador del PJ, , sin caer en la cuenta de que con esa afirmación no solo estaba siguiendo los mismos argumentos de la empresa. Sino que también terminaba por admitir que la falta de controles pudo haber ocurrido durante su gestión de cuatro años.

La necesidad de los controles on line pagados por el Estado no solo fueron desestimados por las actuales autoridades. Los cuestionó también por Pedro Pettignano, un hombre clave en la gestión del gobierno de Francisco Pérez en el IJyC que se desempeñó entre 2013 y 2015 como gerente general.

“No se puede poner un manto de sospechas sobre la tarea de tanta gente”, se quejó el exfuncionario.

Pettignano definió: “No hacía falta contratar un servicio pago para una fiscalización que el Estado ya estaba haciendo y de manera gratuita además”.

A lo que refiere el exgerente, es a dos resoluciones (una del año 2001 y otra posterior del 2005) a través de las cuáles los operadores públicos y privados del juego estaban obligados a fijar controles online para la fiscalización de sus respectivas recaudaciones.

Incluso, relata Pettignano, desde el año pasado ya estaba instalada en el Instituto una computadora a través de la cual el Estado podía seguir día por día cuanto recaudaban las tragamonedas privadas. Además de las oficiales, claro está.

Además de todo, SIELCOM nunca cumplió. Resultó adjudicada en marzo de 2015, se le dio plazo hasta agosto de ese año para establecer la fiscalización on line y hasta el momento no tiró ni un solo cable.

Por qué pasó esto es simple. Lo único que explica el interés por avanzar en este sistema es la preocupación por entregarle a alguien la posibilidad de hacer un buen negocio.

En los próximos días se podría llegar a correr el velo de esta trama. En este sugestivo pedido de explicaciones que plantea Canale, la empresa tiene plazo hasta el 28 de abril para explicitar sus razones.

Pero sobre todo, lo que el Gobierno quiere escuchar es el motivo de la irregular transferencia del contrato que hizo SIELCOM hacia finales del año pasado a un fideicomiso para que se haga cargo del sistema.

Primero: ese tipo de maniobra se realizó sin la autorización del Instituto. Y segundo: la transferencia del contrato servirá para revelar quién está detrás de todo.

Como socios en el fideicomiso figuran dos empresas y una de ellas, ASA Internacional, está representada por Diego Corvalán (como apoderado y además como “administrador de SIELCOM Mendoza”), como se puede leer en su perfil de Linkedin.

Corvalán, en la misma red social, deja a las claras dónde estuvo entre octubre de 2003 y agosto de 2009. Fue durante 15 años y 11 meses empleado de UNO Medios SA.

Angelici se quedaría sin algunos de sus negocios

Daniel Angelici es protagonista del negocio del juego en Mendoza y es también uno de los principales evasores.

Como ya se contó en este espacio, el presidente de Boca y hombre de confianza de Mauricio Macri es uno de los cuatro deudores más grandes de Ingresos Brutos por la explotación del Casino del Arena Maipú.

En total, el administrador de esta sala de juegos maipucina, más el casino del hotel Tower en San Rafael y los dueños del Intercontinental, acumulan una deuda que ronda los $60 millones por este tributo. Y en el caso de la casa de apuestas en Guaymallén, también registra una deuda millonaria del Impuesto Inmobiliario.

En tiempos de crisis financiera aguda, la provincia miró para otro lado violentando leyes y acomodando planes de pago y moratorias a medida que llevan a poder establecer una delgada línea entre evasión y corrupción oficial.

A Angelici, por caso, Francisco Pérez le otorgó por decreto un pan de pagos de 60 cuotas al que prácticamente ninguna empresa local puede acceder.

Entre muchas dudas, el gobierno de Alfredo Cornejo no decide qué hará con las concesiones de salas de juego que vencerán en agosto y que obligará al Estado a definir el futuro de la mitad de los 10 anexos del Casino de Mendoza repartidos en la provincia.

Las dudas están en las sedes de Tupungato y de La Consulta, aunque el destino de otras tres (Tunuyán, Eugenio Bustos y Uspallata) ya estaría definido.

El anexo de Tunuyán, está en manos de IVISA, la misma empresa que tiene la captura de las apuestas de quiniela. Y seguramente seguirá.

Los anexos de La Consulta y Eugenio Bustos están en manos de la UTE BINGOS, perteneciente a Bingo Ciudadela y tanto en Tupungato como en Uspallata opera Betec SA, propiedad Angelici.

La sede de Eugenio Bustos podría ser cerrada definitivamente, así como también la de Uspallata, que además dio pérdidas.

Aquí el negocio le falló al boquense. Y a algunos dirigentes peronistas de Las Heras también. Ellos fueron los que propiciaron, por ejemplo, que el anexo de Uspallata funcione, aun hoy, en un edificio municipal.

La apuesta siempre fue a que la minería se instalara en esa comunidad, a través del fallido proyecto San Jorge, para aumentar los ingresos del juego en la zona.

Eso podría ayudar a entender tanto fervor minero y durante tanto tiempo de dirigentes como el exintendente departamental, Rubén Miranda, entre otros.