Nadie le tiene miedo al Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas de la provincia aplica sanciones tardías y poco rigurosas ante los incumplimientos que cometen funcionarios e intendentes.

Si incumplir no produce castigos severos y rápidos, los que administran el Estado pueden perderle el temor al control, al menos contable, de las operaciones.

En las oficinas del Poder Ejecutivo se amontonan actualmente expedientes del Tribunal de Cuentas que son el testimonio claro de esta situación.

Esas actuaciones revelan cómo se suele ignorar al Tribunal de Cuentas, sin pagar cuando ordena una sanción y obligando al Estado a iniciar juicios por multas menores.

Según la ley, hay muchos requisitos fijados ante el Tribunal de Cuentas para evitar desmanejos. A saber:

-Una presentación anual de cada ejercicio vencido, que tiene que ser elevada por las áreas del Ejecutivo y las intendencias no más allá del 31 de marzo del año siguiente. Este año ese plazo se extendió hasta el 31 de junio por el estado de emergencia.

-Una rendición mensual de gastos.

-Una rendición por trimestre al Tribunal de Cuentas y la Legislatura.

-Controles in situ que implican la presencia de personal del Tribunal de Cuentas en el área o municipio a controlar y que permiten llevar las cuentas al día y facilitar la confección del ejercicio anual.

Así y todo, se incumple con las rendiciones, y mucho, como se puede observar en los casos a continuación.

La absurda multa a Sergio Salgado 

Mientras el ex intendente Sergio Salgado soltaba cheques en cuevas para conseguir financiamiento y crecía en millones de pesos la deuda del municipio, el Tribunal de Cuentas procesaba lentamente el expediente 266-A-2014 por falta de presentación del ejercicio 2014 de Santa Rosa.

El acuerdo 6139 del 4 de noviembre del año pasado estableció que, finalmente, le cabía una sanción a Salgado por el incumplimiento de varios meses. Fue así que fijó una multa equivalente al 20 por ciento de su sueldo y exigió el pago de 7.000 pesos, una suma absurda si se la compara con la deuda municipal: alrededor de 80 millones de pesos, según el gobernador Alfredo Cornejo. Además, se ordenó la suspensión del contador general de municio, Walter Funes.

Pero Salgado ni siquiera pagó esa multa y por ello el Tribunal de Cuentas ordenó el 1 de febrero de este año que la Fiscalía de Estado iniciara un proceso para cobrar esa multa por la vía del apremio.

En tanto, el 22 de febrero, el Tribunal de Cuentas informó que Funes no había pagado una multa de 1.000 pesos por la falta de presentación del ejercicio de agosto de 2015 y emplazó a Salgado y sus funcionarios del área contable a cumplir con el requisito.

La Justicia llegó más rápido que el Tribunal de Cuentas y mandó a Salgado a la cárcel.

Los equipos informáticos de la DGE

El fallo 16.410 del Tribunal de Cuentas, emitido el 24 de junio del año pasado, dio por terminado un proceso de investigación en la Dirección General de Escuelas que impuso multas en dinero, algunas de ellas con cifras abultadas.

El problema es que las irregularidades habían sido cometidas en…2010.

El fallo dispuso sanciones generadas en el trámite por pieza separada del ejercicio 2010 de la DGE, cuando gobernaba Celso Jaque y el titular del Gobierno Escolar era el hoy denunciado por emitir cheques de pago diferido al frente del municipio de Luján, Carlos López Puelles.

Por irregularidades en la licitación y recepción de equipos informáticos, el Tribunal de Cuentas condenó a los ex funcionarios Bibiana Nieto, Carlos González y Marcelo Federicci al pago de 912.780,36 pesos.

Buena parte de esos fondos se usaron para adquirir 1.400 cartuchos de tóner para máquinas impresoras por el valor de 429 pesos cada uno, operación que costó poco más de 600.000 pesos. Además, se destinaron impresoras y PC "sin remito y en establecimientos inexistentes" por el valor de 331.000 pesos.

Pero el tiempo trascurrido y la inflación no terminaron siendo el peor perjuicio para el Estado provincial: el 5 de febrero de este año, el Tribunal de Cuentas dio cuenta al Poder Ejecutivo de que no se había dado "cumplimiento a la cancelación de la sanción impuesta" por la vieja irregularidad y reclamó la iniciación de un juicio de apremio.

También certificó que Nieto, González y Federicci seguían prestando servicios en el Estado provincial.

Sin registración de las deudas

El acuerdo 6.154 del 11 de noviembre de 2015 castigó Graciana Furlotti y Raúl Becerra con multas de 5.000 y 8.000 pesos respectivamente por los errores cometidos al frente de la Dirección de Activos de ex bancos oficiales (DAABO).

El 16 de febrero directamente el Tribunal de Cuentas pidió que se iniciara un juicio de apremio porque Becerra no había pagado la multa.

¿Cuál era el reproche? Errores en el inventario actualizado de cuentas por cobrar. 

Una parte del fallo de noviembre detalla con crudeza el problema y el tiempo que ha pasado desde que comenzaron las irregularidades. Según la directora de cuentas del Gobierno, "los responsables sólo han registrado el 2,91 por ciento del total que debían registrar. Cabe recordar que en reuniones mantenidas en noviembre y diciembre de 2014 se acordaron las tareas que debían realizar, sin cumplimiento efectivo hasta la fecha. Teniendo en cuenta que el tema es de vieja data, sugiero se sancione con multas a todos los responsables".

"Ningún titular puede opinar sobre la situación patrimonial de la DAABO, al no contar con el dato de los saldos actualizados", señala también el fallo.

Luján, en la mira de todos

El 11 de febrero pasado el Tribunal de Cuentas ordenó iniciar un juicio de apremio por no haber podido cobrar una multa de apenas 1.000 pesos que había aplicado al contador municipal de Luján Julio César Busso, quien está acusado en la Justicia de ser responsable de maniobras millonarias de fraude.

Esa multa tenía como origen la falta de elementos correspondientes a la rendición de agosto de 2015, según detalle el acuerdo 6.159 de noviembre. Entre ellos, saldos de cuentas bancarias, cuentas por cobrar y liquidaciones de sueldos y contratos.

El acuerdo 6.159 menciona no solo a Busso, sino también al ex secretario de Hacienda Mario Granado. Ambos también aparecen en la denuncia de fraude que el actual intendente de Luján, Omar de Marchi, le hizo al ex intendente López Puelles y sus funcionarios por la emisión de cheques de pago diferido por un total de 90 millones de pesos.

El IPV, otro caso testigo 

El 4 de noviembre del año pasado, el Tribunal de Cuentas castigó al gerente de Administración del Instituto Provincial de la Vivienda, Carlos López Blanco, a pagar 1.000 pesos de multa por no haber presentado elementos de la rendición de julio de 2015.

Balances, arqueos de tesorería, saldos de cuentas bancarias y cuentas por cobrar, movimientos de fondos e información de recaudación formaban parte de ese reclamo.

Pero casi cuatro meses después, el 22 de febrero, el Tribunal de Cuentas mandó a iniciar un juicio de apremio. Como en todos los casos anteriores, el funcionario señalado había ignorado la obligación de pagar una multa menor por los errores cometidos.