El camino de la corrupción

Salvo algunas declaraciones de rigor de un puñado de dirigentes, nadie en el PJ salió a romper lanzas por Pérez y muchos menos por Salgado.

Solo una corta comunicación telefónica entre Paco y referentes de los Azules del peronismo, Adolfo Bermejo, Patricia Fadel y Jorge Giménez, generó algunas señales de acercamiento.

Pero el resto fue todo indiferencia: mientras Salgado quedaba detenido en la tarde del jueves, los intendentes del PJ se reunían con Alfredo Cornejo para discutir las paritarias municipales.

Es poco probable que el controvertido exintendente santarrosino continúe preso mucho tiempo más.

Garay se verá obligado a liberarlo a más tardar esta semana, aunque la investigación en su contra continuará a paso firme.

Salgado está acusado de la comisión de cinco delitos (administración fraudulenta, peculado, frustración de pago de cheques, concusión y asociación ilícita) en dos causas.

La primera, y la más grave, por haber librado entre marzo de 2015 y febrero de 2016 al menos 484 cheques del Banco Nación sin fondos y sin respaldo administrativo de la comuna, al menos en la mitad de ellos.

Y la segunda, haber cobrado estacionamiento en La Salada a nombre de la municipalidad cuando todo el mundo sabe en Santa Rosa que esa recaudación iba a parar a manos de funcionarios comunales.

Ambos casos tienen ribetes escandalosos. Garay tiene comprobado que Salgado cambió en persona al menos una treintena de cheques en la financiera Capital ARG de la ciudad de Mendoza y otros tantos en otras cuevas conocidas.

La primera de las maniobras fue por alrededor de $3.000.000 que Salgado, según la investigación judicial, nunca declaró en la comuna y que de casualidad no provoca un impacto similar al que provocó el video de La Rosadita.

Garay pidió en Capital ARG las filmaciones de las cámaras de seguridad y la financiera se las negó, más allá de que admitió que el intendente iba seguido por allí.

Un dato puede explicar el caso: de los casi 500 cheques librados sin fondos, ninguno tiene juicio ejecutivo en el municipio. O sea, nadie se presentó a reclamar su pago.

Esto tiene una explicación sencilla: casi todos los cheques habrían ido a parar a manos de usureros, entre ellos un personaje de apellido Fernández, muy conocido en la zona Este.

Todavía todos recuerdan como un funcionario de Hacienda en Santa Rosa entró blanco a su despacho hace pocos meses, luego de haber recibido una amenaza de muerte por el reclamo de una deuda de $200.000.

Y nadie sale de su sorpresa cuando buscan la explicación de por qué el conocido Fernández, terminó haciendo un día un depósito de $1.000.000 de pesos en la cuenta bancaria de la comuna.

La otra causa que pesa sobre Salgado tiene que ver con la denuncia que públicamente realizó hace poco más de un mes Jorge Castillo, el dueño de La Salada, para sacarse de encima una deuda por tasas municipales por más de $2.000.000.

El controvertido empresario prendió el ventilador y acusó al intendente de haber acordado hace dos años "de palabra" con él, la eximición del pago de tasas a cambio de la concesión de la playa de estacionamiento del lugar.

"Yo debo dos millones, pero la municipalidad recaudó diez millones con el negocio de la playa", reveló el grotesco personaje de la venta informal de ropa ante una comisión investigadora del consejo deliberante santarrosino.

Nada de esto quedó firmado a través de un convenio o fue ratificado por una ordenanza. Pero la municipalidad hizo su negocio, o al menos eso lograron algunos funcionarios.

La Justicia recopiló aquí un elemento clave: la declaración de la exmujer de Salgado, quien afirmó haber visto “cajas de zapatos llenas de plata”, en donde se repartía la recaudación de La Salada

La mujer denunció asimismo que Salgad, a nombre de terceros, compró fincas por lo que, si esta investigación avanza, podría sumar además otra imputación por enriquecimiento ilícito.

La causa que le apuntó a Paco

La causa que lo tiene a maltraer a Francisco Pérez y que encabeza el fiscal Bancalari es un poco más intrincada.

El exgobernador está imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por su participación en 2011 como ministro de Infraestructura de Celso Jaque en la prórroga de las concesiones petroleras de aquellos años. Y en particular por la concesión a una empresa: Chañeares Herrados.

Junto a él, cayó otro grupo de exfuncionarios dentro de la misma investigación: el ex ministro de Energía, Marcos Zandomeni; el ex subsecretario de Hidrocarburos Walter Vázquez; quien lo reemplazó a este, Pedro Sánchez; y un exdirector de Petróleo llamado Pablo Ropero.

Vázquez es un elemento clave en esta historia. Solo un par de años después de haber firmado la prórroga de Chañeares en el marco de una comisión técnica, entabla una relación de “empatía” (como el mismo la definió ante la Justicia), con el dueño del yacimiento, Luis Alfredo “Feddy” Zarattini, un personaje oscuro y vinculado a los años de la Dictadura. En la foto, se los ve juntos en el año 2013.

No existen elementos en la causa para determinar que haya existido un vínculo entre ambos al tiempo en que se renegoció la prórroga del contrato. Pero sí hay elementos para demostrar una relación posterior.

La mujer de Vázquez y la de Zarattini, conformaron una sociedad, Crowa SA , que intentó unos negocios de compra de campos durante un tiempo.

La investigación judicial se disparó a raíz de una denuncia de un dirigente del Partido Demócrata, Jose Rubio, quien desde hace décadas viene litigando, con YPF fundamentalmente, por la cuenca El Carrizal.

El disparador fue la venta de Chañeares en el año 2014 a otra empresa, Medanito SA, por un valor de U$S 85 millones, que terminó por comprobar las sospechas de que Zarattini, lejos de buscar mejorar la producción de petróleo en la zona, solo estaba detrás de un negocio inmobiliario amparado por la mala fiscalización del Estado.

Apurado por una crisis financiera, en 2010, Jaque tomó la decisión política de anticipar siete años la discusión por las concesiones de áreas petroleras cuyos contratos vencían recién en 2017.

El argumento fue aumentar la producción de petróleo y las regalías, aunque el fondo del asunto era conseguir dinero fresco antes de las elecciones a través del pago de un cánon extraordinario que debían pagar las petroleras que aspiraban seguir con el negocio.

El punto central de aquellas renovaciones era YPF, en manos del grupo Ezquenazi. Chañeares era una empresa más en ese contexto.

Paco, en su defensa, descargó ante el fiscal que el decreto de prórroga de las concesiones lo firmó Jaque y que el solo se limitó a rubricar un acta de entendimiento con las empresas.

En público, repartió más culpas. Les apuntó al ex secretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán y a su entonces segundo y actual Fiscal de Estado, Fernando Simón, de haber llevado adelante la negociación con las empresas.

Y Paco no se equivoca. La negociación con las petroleras fueron llevadas adelante e forma personal por Jaque, por Cazabán y por Simón.

Pero a ellos, sobre todos a los dos últimos, solo les podría caber la responsabilidad política de haber concretados malos acuerdos para la provincia. Sus huellas no están en ningún decreto.

Ahora bien. Independientemente de que Pérez reparta culpas por aquellos manejos de las licitaciones petroleras, difícilmente pueda eludir sus responsabilidades penales en esas adjudicaciones.

El ex gobernador alegó en su defensa ante Bancalari que toda su participación en esa negociación se remitió a la firma de un acta acuerdo con las empresas y que luego las adjudicaciones fueron refrendadas por un decreto de Jaque.

Verdadero también. Pero no tanto. La norma que estableció el mecanismo para prorrogar las concesiones petroleras (decreto 1.547/10) estableció que la autoridad de aplicación quedaba para el ministerio de Infraestructura que estaba a cargo de Paco. Y no solo eso.

Todo el proceso previo a la firma de los nuevos contratos, fundamentalmente en los aspectos técnicos, estuvo cargo de la entonces cartera de Pérez y es allí en dónde la Justicia encontró la comisión de delito.

En primer lugar se detectó que, en la pesquisa de la fiscalía que llevó casi dos años, Chaneares Herrados o bien falseó o bien ocultó información para poder quedarse con el negocio.

Entre las primeras irregularidades, presentó balances económicos y financieros dibujados que además no estaban certificados, correspondientes a los ejercicios que van desde el 2005 al 2009, y que eran previos a la firma de la prórroga.

Asimismo mintió acerca de las reservas posibles en el área, a las que estableció en 12 millones de metros cúbicos mientras que una auditoría encargada por el propio Estado mendocino a una empresa de EE. UU solo tres años después, estableció que las reservas de petróleo en Chaneares Herrados apenas si llegaban a los 1,2 millones de metros cúbicos.

Por la forma en que Jaque renegoció los contratos petroleros en 2011, no llama la atención como Pérez no se preguntó (a la hora de firmar el acta acuerdo con la empresa) de dónde iba a sacar Chaneares la inversión de 1.103 millones de dólares que prometía en un decenio para aumentar la producción de petróleo en la zona, en relación al patrimonio neto que declaró la empresa y que solo llegaba a los 12 millones de pesos.

Era un clásico de época. Las petroleras presentaban inversiones tan multimillonarias como incumplibles y regalías exorbitantes que después no se concretaban para ganar licitaciones. El Estado no fiscalizaba y después, muchos concesionarios, terminaban vendiendo a un tercero los derechos sobre las áreas.

Todo esto respondia, en realidad, al plan trazado a nive nacional por Julio De Vido y esta operatoria se registró en casi todas las provincias con petróleo.

Los mismos protagonistas del caso Chañeares: Jaque, Pérez, Cazabán y Simón, permitieron en 2008 que el grupo Vila – Manzano ganara millones con áreas como Chachahuén que le fueron adjudicadas y que después terminó vendiendo a YPF.

El propio Paco como gobernador, terminó reconociendo el mal manejo de aquellas concesiones. Por decreto le bajó las regalías a las petroleras al 15%, cuando habían hecho ofrecimiento de hasta el 23% en algunos casos.

La comisión técnica que le llevó a Pérez los acuerdos para firmar con las empresas de petróleo, tarea a cargo de Vázquez, hizo lo suyo también.

Miró para otro lado cuando el capital social presentado por Chañeares era prácticamente inexistente y desoyó una recomendación que, por escrito, hizo la representante legal de la Dirección de Hidrocarburos de la provincia. La abogada Federica Armani redactó que la solidez financiera de Chañares estaba “comprometida y con índices de obligaciones poco favorables”.

Vázquez recomendó firmar igual, bajo el argumento de que había cumplido los requisitos formales en la presentación del patrimonio neto.

Como como consecuencia de esta adjudicación, se dio la lógica. En el período que va del 2011 al 2014, la empresa nunca cumplió con sus promesas de inversión y de los 58 pozos que explotaba al momento de la prórroga, entregó la misma cantidad al firmarse la venta a la empresa Medanito.

De los U$S 412 que se deberían haber invertido durante los primeros cinco años que vencieron en diciembre pasado, en Chaneares Herrados solo se invirtieron en trabajos de explotación y explotación U$S 88 millones sin que el Estado provincial haya operado para la quita de la concesión. Y más cuando el decreto de prórroga (1467/11) estableció que las inversiones debían producirse de manera “permanente y sostenida”.

Desde febrero que el gobierno de Alfredo Cornejo viene intimando a Medanito por escrito por la falta comprobada de inversiones y en poco tiempo más se resolverá que hacer.

Aunque el desafío será fuerte: uno de los socios de Chañeares, la empresa El Trébol, todavía participa del negocio y allí también estaría con una participación, a través de una firma denominada Mercuria, el grupo Vila Manzano. Quitarle la concesión a Medanito, sería también afectar los negocios del poderoso grupo. Que hará Cornejo, todavía no se sabe.