La Corte discute qué información patrimonial dará en internet
La Corte provincial trabaja en la elaboración de una acordada para hacer público el patrimonio de los jueces y funcionarios judiciales, condición que tienen que cumplir los funcionarios y legisladores de los otros dos poderes desde fines del año pasado por decreto del Poder Ejecutivo.
La elaboración de esta acordada ha quedado en manos del ministro Mario Adaro, por encargo del presidente de la Corte, Pedro Llorente. MDZ consultó a dos ministros del alto tribunal que confirmaron esta decisión y el proyecto en marcha. "No veo a nadie que diga que no hay que hacerlo", afirmó uno de ellos, respecto de la opinión que impera en la Corte sobre la difusión de declaraciones juradas.
Esto demuestra que existe la intención política de poner al Poder Judicial a tono con el resto, a pesar de que la acordada y su contenido todavía estén sujetos a los tiempos y particularidades de la Justicia.
Según pudo recabar este diario, la idea en marcha consistiría en publicar las declaraciones juradas de bienes de los jueces en internet, pero en una plataforma propia.
Es decir que no sería la intención adherir al decreto del Poder Ejecutivo que ordena presentar las declaraciones de bienes a la Fiscalía de Estado. Este organismo es el que dio a conocer hasta aquí, en su página, los patrimonios de los ex funcionarios, hecho que ya tuvo al menos una repercusión fuerte: la denuncia contra el ex gobernador Francisco Pérez para que se investigue como adquirió un departamento caro.
Lo que se discute
Además de conservar la Justicia esta independencia en el manejo de los datos como "cabeza de poder" (algo que no tienen el Poder Ejecutivo y Legislativo), se discute qué es lo que difundirá en internet y a quiénes alcanzará la medida.
En principio se piensa difundir la misma declaración de bienes personales que los jueces deben realizar anualmente ante AFIP. Los magistrados no pagan Impuesto a las Ganancias, pero sí Bienes Personales. De todos modos también realizan una declaración de Ganancias ante el organismo recaudador nacional.
La información que se publicaría sobre jueces y funcionarios judiciales no está definida aún. Se cree que podría haber resistencias a la difusión de los salarios y también podría ser complejo incluir en las declaraciones juradas a los familiares directos, requisitos que sí corren para los funcionarios del Poder Ejecutivo y los legisladores en el caso de la presentación ante la Fiscalía de Estado.
Respecto del alcance de la medida, varios ministros de la Corte creen que debería abarcar no sólo a la plantilla de 380 jueces provinciales (entre titulares y subrogantes) sino también al universo mucho más amplio de los funcionarios judiciales, con especial atención en aquellos que tienen manejo de dinero. Si así fuera, la obligación de rendir cuentas de sus bienes una vez al año recaería en un universo mayor, cercano a las 2.000 personas.
El cambio en el que se trabaja puede ser importante dado que hoy los jueces provinciales solo presentan su patrimonio una vez. Esto ocurre antes de que se traten sus pliegos en el Senado, con lo cual apenas se puede acceder a los bienes de cada uno en ocasión de la audiencia pública previa y durante el trámite legislativo de las designaciones.
Además, este sistema impide revisar un elemento clave para funcionarios que son designados a perpetuidad, salvo que incurran en mal desempeño: la evolución del patrimonio a lo largo de los años.
Dudas de los jueces
Los jueces mendocinos, de todos modos, tienen sus dudas y las expusieron esta semana. "Somos parte de un sistema republicano y la república tiene como característica la transparencia, pero el tema es cómo vamos a adherir a ese decreto", afirmó Armando Martínez, presidente de la Asociación de Magistrados, ante la consulta de MDZ Radio.
"La Corte decidirá como implementar el sistema, pero los jueces estamos más expuestos a recibir represalias de quienes no estén de acuerdo con nuestras resoluciones", advirtió Martínez.
Esta línea de pensamiento alcanza también a algunos ministros de la Corte: "A mí me gusta que la declaración sea pública en la medida que resguarde la intimidad y que no se sepa la dirección donde vive cada uno", indicó ante la consulta periodística uno de ellos.
"Tenemos un Poder Judicial honesto", aseguró este ministro; y señaló que la acordada en discusión hay que sacarla pronto. "Hay que dar la respuesta política y no podemos demorarnos tanto", expresó, en sintonía con los que dicen que el anuncio podría hacerse antes de mediados de abril.
Sin embargo, hay quienes prefieren ser cautelosos y amplían los plazos a lo que queda del año. "Si no hay presión no va a ser complejo sacar la acordada, porque las acciones de la Justicia son inversamente proporcionales a la presión que le ejerzan", afirman en este grupo.