Sanchís: "Queremos reactivar obras para dejar de echar gente"

"Queremos reactivar obras para dejar de echar gente", reclamó el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Jorge Sanchís.

La expresión del empresario tuvo que ver con la parálisis en la ejecución de planes de vivienda con financiamiento nacional, un problema que se empezó a registrar sobre el final de la gestión anterior y que el comienzo de la nueva ha prometido comenzar a solucionar.

Lo cierto es que, según Sanchís, las empresas dejaron de recibir los fondos que venían de la Nación en octubre y desde entonces “no se ha pagado nada”. La consecuencia de esto en los últimos meses ha sido la pérdida de 3.500 puestos de trabajo en Mendoza y 54.000 a nivel nacional.

En tanto, el panorama que traza el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Damián Salamone, es levemente diferente. Y optimista desde lo político.

Salamone no discute la caída de puestos, aunque no cuente con datos para contrastar. Eso sí, sostiene que las deudas de la Nación están en camino de normalizarse y que el IPV está comenzando a reactivarse.

Hasta hace un tiempo, la Nación acumulaba deudas con el IPV por 197 millones de pesos relacionadas con la contraparte nacional de distintos planes de vivienda social (Techo Digno, Mejor Vivir, Promesa e Integración Comunitaria) que se dejaron de recibir a partir de agosto del año pasado.

De ese total, se han recibido de Nación 18 millones de pesos, o sea, casi el 10 por ciento. Sobre el resto de la deuda que afecta a las empresas de la construcción, Salamone explicó que se está realizando un arqueo a nivel nacional y hay 50 millones de pesos más "devengados". Esto significa que ese monto estaría próximo a cobrarse.

Por otra parte, el IPV espera recibir de la Nación otros 150 millones de pesos relacionados a redeterminaciones de precios de viviendas. Se trata de los mayores costos que hay que pagar por la demoras en el inicio de las obras, aunque en este caso Salamone aclara que son gastos que ha asumido la Provincia con las empresas y que se los tiene que cobrar al Gobierno Nacional.

En el IPV nadie rechaza el parate casi general de las obras y explican cómo harán para tratar de reactivarlo. Las deudas acumuladas entre 2014 y 2015 ascienden a cerca de 300 millones de pesos, según Salamone. El Gobierno provincial aspira a regularizar esa herencia de Francisco Pérez con los bonos para los proveedores, aunque los empresarios apuntan a cobrar una parte en dinero.

Salamone explica que, a partir de esa regularización, la misión será reactivar en alguna medida las 4213 viviendas que dejó paradas el anterior Gobierno.

No las van a terminar, sino que apenas las pondrán "en ejecución" a partir de un cronograma que en parte está condicionado por la propia capacidad de las empresas de la construcción para volver a ponerse en marcha. En ello se utilizarán los 1.500 millones de pesos de presupuesto que recibió el IPV para este año.

Alfredo Cornejo comenzó su gobierno sin la libertad de prometer nuevas viviendas y así será durante mucho tiempo. De hecho, hasta aquí todo ha estado concentrado en pagar deudas: por la crisis financiera, el IPV apenas consiguió liberar pagos a las empresas de entre el 6 y el 8 por ciento entre enero y febrero.

La Cámara Argentina de la Construcción comparte el diagnóstico del Gobierno provincial y traslada sus quejas a la Nación. De hecho en el ámbito privado ayer hubo reacciones ante afirmaciones de un funcionario nacional. El viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, expresó a MDZ Radio que la Nación "está pagando casi toda la deuda" de viviendas, ante lo cual Sanchís señaló que los pagos están lejos de normalizarse.

"Nosotros no queremos hacer política, queremos reactivar las obras", insistió el titular local de la cámara, y se quejó por la falta de "planes nuevos" por parte del Gobierno Nacional.

No obstante, a la vez reconoció que el viejo Procrear, que es de orden nacional, no ha sufrido la parálisis de otros planes de vivienda. Por eso hay grandes barrios que no han detenido su construcción en varios departamentos: sólo en Capital, Maipú y San Martín se están desarrollando alrededor de 2.500 casas.

"El Procrear es diferente porque es plata de la ANSES que administra el Banco Hipotecario. Eso demuestra que conviene hacer lo que nosotros pedimos: armar un fideicomiso para que el dinero para obras no se gaste en otros fines", expresó Sanchís.