La escandalosa deuda de los dueños del juego

Pero el gobierno anterior aplicó a la perfección el dicho que lleva a que, luego de aprobada la ley, viene la trampa.

La ATM publicó en internet a comienzos de la semana que pasó, el listado de los principales deudores de impuestos en Mendoza con fecha de finales de 2015. Y allí quedó al descubierto como la timba, con la ayuda oficial, adeuda millones.

Al tope de los deudores de Ingresos Brutos aparece una empresa vinculada al servicio de transporte de petróleo, TSB, con $30.400.000 E inmediatamente las tres que le siguen son distintas concesionarias de casinos.

El mayor de estos deudores es KLP Entretenimientos , la concesionara del casino del Hotel Intercontinental, con atrasos de $26.200.000 . Esta es, quizás, la historia más conocida.

El Intercontinental entró en convocatoria de acreedores hace más de un año y el ex titular del Instituto de Juegos y Casinos (IPJyC), Carlos Bianchnelli, apeló en aquél momento a una extraña interpretación para permitir que siga funcionando.

Por decreto 225, artículo 5 del IPJyC, se estableció que están inhabilitadas para desempeñarse como operadores de los establecimientos de juego las personas sometidas a proceso judicial de concurso preventivo o quiebra.

Sin embargo, en diciembre de 2014, el entonces jefe del Instituto daba una particular explicación acerca de la irregularidad.

Argumentó que el decreto “habla de las inhabilidades para adquirir la licencia, pero no establece que una empresa que ya cuenta con la misma la pierda al entrar en concurso”.

En consecuencia: el casino del Intercontinental hoy está al día con el pago de Ingresos Brutos. Pero dejó sin pagar una deuda de $22.000.000 que quedó abarcada por la quiebra.

Y con otro detalle: KLP es el segundo deudor en importancia del Impuesto Inmobiliario con $3.000.000. El grupo Dalvian, encabeza este listado con $6.000.000.

La empresa Hotelera Emprender, operadora del casino del hotel sanrafaelino Tower, figura tercero con una deuda de $18.300.000 hasta el año pasado.

El casino sureño es operado por el grupo Andreani, uno de los más fuertes del juego en Argentina, quien además maneja el mismo negocio en Paraguay.

Las últimas dos moratorias encaradas por el gobierno de Pérez estuvieron sospechadas de estar armadas a medida. En ambos casos, quien alzó la voz fue el actual ministro de Alfredo Cornejo y entonces diputado nacional, Enrique Vaquié.

El primer perdón de deudas, implementado en 2014, fue para permitirle a YPF dejar de pagar alrededor de $250 millones de Ingreso Brutos. El segundo, de agosto de 2015, para encubrir el perdón a un casino.

La deuda actual de Hotelera Emprender es de $17.000.000, producto de un plan de facilidades de pago (12 cuotas) que le otorgó la ATM en agosto de del año pasado.

El caso del casino del Arena Maipú es el más escandaloso. Desarrollos Maipú SA, empresa controlada por Angelici, figura en 2015 con una deuda de $13.200.000 que en la actualidad es ligeramente inferior. Y producto, también, de una moratoria a medida.

Por decreto gubernamental, Pérez le permitió cancelar la deuda en 60 cuotas. La norma fue publicada el 4 de octubre de 2013 en el Boletín Oficial, lleva el número 1.719 y es a todas luces una medida de una excepcionalidad única.

Hay que remontarse a 2005 para encontrar un perdón de este tipo, cuando el entonces gobernador Julio Cobos prorrogó deudas de las empresas de transporte en el marco de la licitación del sistema que todavía está vigente.

El gobernador tiene la prerrogativa legal de otorgar este tipo de beneficios impositivos pero, como se dijo, son excepcionales y para empresas que realmente estén en riesgo.

 Más allá del perdón firmado hace casi tres años, la deuda de Desarollos Maipú continúa siendo fuerte. El miércoles pasado debía de Ingresos Brutos $11.300.000.  

Entre los considerandos del decreto de Pérez  figuran las razones por las cuáles le otorga tantas facilidades a un casino que, como todos, recauda dinero en efectivo, por millones mensuales y que había dejado de pagar impuestos.

El exmandatario se justificó así. “Conforme lo solicitado por Fiscalía de Estado, se han incorporado antecedentes y elementos objetivos que demuestran el desequilibrio financiero de la empresa y la imposibilidad de cumplir con las obligaciones tributarias que le caben, por lo que su situación económica y financiera pondría en riesgo la inversión del emprendimiento”. Extraño el argumento. 

Las utilidades netas del casino del Arena rondan hoy los $18.000.000 mensuales, aproximadamente. El Intercontinental, que sigue funcionando fuera de la ley, recauda $14.000.000 por mes y el Tower $8.000.000. Los que más, son el Hyatt ($24.000.000) y el casino del Sheraton ($22.000.000).

Con estos números está claro que los dueños de los casinos privados que deben impuestos, se están financiando con el Estado provincial.

La timba oficial también pierde

Sobredimensionado en cuanto al personal, el Instituto de Juegos recauda poco más de 50 millones por mes de los cuáles poco menos de la mitad se gastan en sueldos.

Los administradores del peronismo lograron un hecho inédito: que un casino perdiera plata. En 2014, el balance fue negativo en poco más de $100 millones. Y se espera para los próximos días que el balance del año pasado arroje resultado negativo nuevamente. El próximo día 30 la actual presidente, Josefina Canale, debería presentarse el resultado del ejercicio 2015 y allí otra vez quedarían reflejadas las pérdidas millonarias de la timba oficial.

La gestión actual aportó lo suyo a este estado de cosas. Producto de los conflictos ocasionados por los despidos de personal, la recaudación del juego oficial cayó fuerte en estos meses y se habrían alcanzado $18.000.000 en febrero.

Es decir unos $4.000.000 menos, según estimaciones extraoficiales, si la situación política del organismo hubiera sido normal.

Como ya se contó en este medio, repartidos entre públicos y privados, la provincia tiene en la actualidad una veintena de casinos concentrados fundamentalmente en la zona de Mendoza y el Gran Mendoza, aunque la timba oficial y privada también llega a otros departamentos.

Salvo Lavalle, Santa Rosa, La Paz, Junín y Luján que no cuentan con salas de juego, en el resto de la geografía es posible hoy apostar en alguna de las 6.000 máquinas tragamonedas que se reparten casi por mitades iguales entre el Casino de Mendoza y los casinos de los hoteles cinco estrellas que acumulan otras siete salas.

El juego oficial controla la casa central ubicada en San Martín y Barraquero y además propagó las maquinitas a través de anexos que funcionan en San Martín, Rivadavia, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, La Consulta, Malargüe, Uspallata y General Alvear.

El negocio se lo reparten los patrones del juego en Argentina y empresarios locales que desde hace años, entre otros negocios, facturan millones a través de las apuestas y que en el caso de Mendoza, además, no cumplen con los impuestos.

Desde hace años el grupo Vila-Manzano opera los tragamonedas de la sede central del Casino a través de la empresa Mendoza Central Entretenimientos.

Los anexos de La Consulta y Eugenio Bustos están en manos de la UTE BINGOS, perteneciente a Bingo Ciudadela y tanto en Tupungato como en Uspallata opera Betec SA. Estos anexos son propiedad también del presidente de Boca y estuvieron envueltos hace un tiempo en maniobras irregulares.

El escándalo no estalló porque las autoridades del IJC se encargar de taparlo, pero en el casino de Uspallata se detectaron hace un tiempo al menos medio centenar de máquinas tragamonedas desconectadas que recaudaban sin control del Estado perpetrando una estafa millonaria.

Esa maniobra generó un expediente oficial para investigar lo sucedido que todavía debe estar descansando en algún cajón de la presidencia del Instituto.

Cristóbal López, el zar del juego en Argentina, es el operador de los anexos de San Martín, Rivadavia, Gral. Alvear y Malargüe, con su empresa Traylon SA y además controla uno de los dos casinos de San Rafael, el Casino Club. Problema en puerta para Cornejo.

Los contratos de Casino Club caducan en 2017 y el Gobierno deberá definir si se los prorroga o no a uno de los empresarios ligados al kirchnerismo más sospechados de corrupción. 

Más acá en el tiempo, deberán tomarse otras decisiones también, aunque el Poder Ejecutivo no ha dado señales acerca de cuál será su política.

En tres meses vencerán las concesiones de algunas salas como las Tupungato y Tunuyán, por ejemplo. Y, si bien, Cornejo deslizó en algún momento que su intención era reducir paulatinamente la cantidad de casinos oficiales, nadie sabe todavía qué definición se tomará.

Pero hay varios temas más. Las apuestas on line, aún no han sido puestas en marcha. Aunque allí hay una empresa en primera línea, HTC Ingeniería SRL, cuyo representante es Carlos Aguinaco, un ex CEO del Multimedios UNO.

Por otro lado la empresa SIELCOM resultó adjudicataria para establecer un control estatal y paralelo de la recaudación de las tragamonedas y, aunque el sistema debería estar funcionando desde agosto, todavía no comienza.

Los casinos privados se resisten a ser monitoreados por una empresa que, sospechan, pertenece en definitiva a uno de sus competidores en el negocio como es el grupo Vila.

Los ingresos de SIELCOM dejan a la luz cifras para investigar, asimismo,que ya habrían pasado por el tamiz del Tribunal de Cuentas.

El acuerdo les permite alzarse con el 1,35% más IVA de la recaudación neta de las tragamonedas, lo que representa en total ingresos por más de $20 millones anuales.

Y con una particularidad: los casinos privados, que ya tienen controles en línea propios, pagan por este servicio 0,30 centavos de dólar por cada máquina. El Estado, le paga a SIELCOM un dólar por hacer el mismo trabajo.

Quizás aquí se pueda encontrar la explicación al crecimiento patrimonial de Bianchinelli, quien a través de la presentación de su declaración jurada, admitió motos Harley Davidson y un Audi, entre otras cosas, como suyas.

Pero también, podría justificar el silencio de los ex directores del Casino, el peronista Federico Domínguez y el radical Miguel Bondino, quienes ningunearon los reclamos de transparencia y cuyas declaraciones juradas brillan por su ausencia en él listado presentado por la Fiscalía de Estado.