La Corte analizará la adhesión de la Justicia al sistema de DDJJ
La Suprema Corte de Justicia de la provincia analizará la semana próxima la adhesión al decreto que obliga a los funcionarios del Poder Ejecutivo a presentar sus declaraciones juradas de bienes.
La reunión convocada por el presidente de la Corte, Pedro Llorente, se realizará entre martes y miércoles. Si bien algunos ministros consideran de antemano que es inevitable adherir a la normativa, son cuidadosos y hablan de "afinar el procedimiento y la comunicación" dentro de la Justicia.
Sucede que en el alto tribunal no quieren generar reacciones entre los 330 jueces que en principio quedarían atados a la obligación de dar a conocer su patrimonio.
Una prueba de este manejo cauteloso y lento de la Corte es que hace tiempo, cuando se conoció el decreto 1789, la Sala Administrativa corrió vista a la Asociación de Magistrados para conocer su opinión antes de tomar una decisión.
Pasaron varios meses desde entonces pero lo cierto es que, a partir de la publicación en internet de los bienes de los ex funcionarios provinciales por parte de la Fiscalía de Estado, el tema se ha instalado con fuerza en la agenda pública y la Corte cree que tiene que empezar a dar respuestas.
Ese punto de partida es el que quiere marcar Llorente la semana entrante, más allá de que las definiciones puedan demorar todavía un tiempo más.
¿Se adhieren o no?
El decreto que firmó Francisco Pérez y en el que intervino la Fiscalía de Estado, invita a adherir al régimen de DDJJ "al Poder Legislativo, Poder Judicial, municipalidades, Departamento General de Irrigación, empresas y sociedades del Estado provincial y entes descentralizados".
En casi todos los ámbitos ya hubo algún tipo de respuesta a la requisitoria de información patrimonial que hizo la Fiscalía de Estado durante el verano. Fue el 14 de marzo pasado cuando su titular, Fernando Simón, presentó el sistema de DDJJ y anunció su publicación en la web del organismo de control.
El Poder Legislativo está adherido al sistema. El Senado lo resolvió a través de una resolución en noviembre del año pasado y hace poco hizo lo propio la Cámara de Diputados.
La misma decisión tomaron organismos como Irrigación, la ATM y el Fondo para la Transformación y Crecimiento. El Instituto de Juegos y Casinos, por su parte, todavía no realizó este paso formal: en la web sólo apareció la declaración jurada de su ex titular, Carlos Bianchinelli.
Donde todavía tampoco hubo adhesiones formales al régimen de DDJJ es en los municipios, aunque algunos intendentes tomaron la decisión de dar a conocer sus bienes. Mariano Made, el encargado de cargar los datos en la web, consignó en este sentido que están disponibles las declaraciones de tres jefes comunales: Emir Félix de San Rafael; Sergio Salgado de Santa Rosa y Tadeo García Zalazar, de Godoy Cruz.
El caso del intendente de Godoy Cruz es particular. Como las DDJJ abarcaran a los familiares directos, García Zalazar presentó la suya "porque su esposa trabaja en la administración pública", según explicó Made.
De un universo de aproximadamente 1200 ex funcionarios, más del 75 por ciento ya rindió cuenta de sus patrimonios y los mismos ya están disponibles en la web. Para el resto, como los plazos están vencidos desde mediados de enero, están saliendo intimaciones y notificaciones desde la Fiscalía de Estado.
Durante el mes que viene, en tanto, la Fiscalía tiene previsto cargar los patrimonios de los funcionarios actuales. Ellos deberán dar cuenta anualmente de la evolución de sus bienes, algo que no se pudo constatar en el caso de Paco Pérez y su equipo, porque el decreto surgió sobre el fin de la gestión.
En el ámbito de la Fiscalía de Estado, las sanciones por no cumplir con la normativa se reducen a sumarios administrativos. Sin embargo, obviamente, su impacto va más allá.
De hecho, pocos días después de la publicación de las DDJJ, el radicalismo denunció ante la Justicia al ex gobernador Pérez por un departamento de su mujer, Celina Sanchez, el cual fue adquirido a Oha, una empresa proveedora de obra pública durante la gestión de Paco.
Probablemente la dimensión de este escándalo sea una de las razones por las cuales hay temores en la Justicia.