Una muestra de la decadencia legislativa
La institucionalidad de la Legislatura provincial está tocando fondo y en este sentido, la extraña situación de uno de sus órganos más importantes es una prueba del estado de las cosas.
A fines de los años 90 la política mendocina se animó a pensar en grande ante uno de sus peores problemas y fue por ello que, en el marco de la reforma policial, se creó la comisión Bicameral de Seguridad.
La Bicameral supo ser una de los emblemas de la política de Estado y la comunión de todos los partidos bajo el objetivo de derrotar a la delincuencia y romper con el corporativismo de la Policía. Los resultados hasta aquí en ese sentido no fueron buenos, pero al menos esta comisión legislativa conservó un halo de importancia por su tarea de control y discusión de leyes y siempre fue un premio para los legisladores conducirla o integrarla.
A pesar de estos antecedentes, la Bicameral todavía no ha empezado a funcionar en la era Cornejo. Las explicaciones suenan a excusa: ha existido un peloteo entre las autoridades de ambas cámaras sobre la supuesta no designación de sus integrantes.
En el medio, la Legislatura ya ha tratado dos leyes importantes para la seguridad sin que tome parte la Bicameral. En otras épocas, esto hubiera sido casi un pecado.
Hay que recordar que semanas atrás se aprobó la ley de Emergencia en Seguridad, que implicó un fuerte endeudamiento provincial para equipar a la Policía y solucionar problemas de infraestructura en comisarías y cárceles.
A nadie le importó que la Bicameral no interviniera en ese proyecto, aunque al menos se buscaron mecanismos de consenso entre el oficialismo y la oposición que eran inevitables. El endeudamiento requería el apoyo de dos tercios de ambas cámaras y sólo era posible lograr ese número si había diálogo previo entre radicales y justicialistas.
Pero en la otra ley, como no había plata de por medio ni era necesaria una mayoría especial, el Gobierno la hizo más sencilla. Casi no tomo en cuenta a la oposición y ordenó la aprobación exprés de la reforma de la ley Orgánica de la Policía, que incluye la creación de la categoría de los policías a prueba por un año.
El proyecto pasó velozmente por el Senado con sanción positiva. Cornejo impuso su criterio y esto parece que ocurrirá en todas las leyes que sólo dependan de la mayoría simple, número con el que cuenta el oficialismo en las dos cámaras.
Tiene la derecha el gobernador en un par de argumentos: la seguridad requiere normas urgentes y el peronismo puede trabarlas porque está muy dividido, además de sufrir una alarmante calidad de representación en las bancas.
Pero avanzar de esta manera en proyectos clave lo expone en la faz provincial a cometer uno de los peores vicios de la era kirchnerista: que los órganos parlamentarios sigan siendo una mera escribanía de las decisiones del Poder Ejecutivo.
Poco aporte al cambio le hace la oposición en este sentido cuando a la lenta conformación de la Bicameral, que llegará tarde a casi todos los debates importantes de este año, le suma la elección de personas cuestionadas para su integración.
En 2016 el presidente de la Bicameral debe ser un opositor de la Cámara de Diputados, ya que la jefatura rota cada año entre ambas cámaras. Es casi un hecho que ese rol recaerá en el diputado Mario Díaz, a quien designó el PJ para ese espacio.
Se trata del ex vocero del intendente de Guaymallén Luis Lobos, a quien la Justicia investiga por enriquecimiento ilícito y quien protagonizó además un escándalo de irregularidades con las boletas en las PASO del año pasado.
En el oficialismo ha existido cierto nivel de debate sobre si es conveniente tener en cuenta a un órgano institucional como la Bicameral de Seguridad o, a la vista de su triste realidad, soslayarla e ignorarla. Por ahora va ganando lo segundo.