Presenta:

Cornejo crea la categoría de policías "a prueba"

El gobernador sigue en la línea de imponer patrones de exigencia en el Estado. Así fue que logró que el Senado sancionara un proyecto que le da la facultad de confirmar o desafectar a los uniformados designados luego de un año de trabajo. El PJ críticó el proyecto y señaló que no se lo dejó opinar.
Foto: Alf Ponce / MDZ
Foto: Alf Ponce / MDZ

Aunque el trabajo del policía con el del docente tengan poco que ver, Alfredo Cornejo sigue en la línea de establecer patrones generales de exigencia al empleado público. Con rigor y poco interés por generar consenso gremial o político para conseguirlo.

Así es que mientras defiende y está en camino de imponer vía decreto el ítem aula para los maestros y advierte que habrá algún tipo de régimen de productividad en la salud y otros sectores de la administración pública, el gobernador impuso gracias a su poderío legislativo (tiene la mayoría en ambas cámaras) una serie de requisitos nuevos para los policías, quienes no pueden acogerse a ninguna paritaria.

La reforma de la ley Orgánica de la Policía (6722), que recibió sanción del Senado este martes, así lo refleja. Más allá de cortar con la suspensión de algunos requisitos básicos, como la educación secundaria completa, el corazón del proyecto radica en la creación de la categoría del "policía a prueba".

¿Qué significa esto? Pues que el gobernador se tomará un año para resolver si confirma o no en el puesto al uniformado designado. Esto implica que, si el proyecto es ratificado por la Cámara de Diputados, el primer año de trabajo para los policías será una especie de pasantía.

Recién al final de ese periodo de 12 meses el Poder Ejecutivo confirmará por decreto el estado policial de los efectivos, lo que deja un amplio margen a favor del Gobierno para quitarles el arma y el sueldo a quienes sean mal calificados o hayan cometido irregularidades en ese periodo.

El peronismo no acompañó el proyecto y criticó con dureza el estilo y los modos del gobernador. Sucede que este martes fue modificada una ley de la reforma policial, que en los 90 fue posible gracias al consenso político general.

Cornejo demostró que los tiempos han cambiado, dado que el proyecto fue aprobado a menos de un mes de su presentación por parte del Poder Ejecutivo y en medio de la queja justicialista porque no tuvo tratamiento en la comisión Bicameral de Seguridad, el órgano de consenso que en otros tiempos era el paso obligado para este tipo de proyectos. 

Esta comisión, según el PJ, ya tenía hasta los miembros designados, pero no ha sido habilitada por la Cámara de Diputados. Que no haya intervenido es para los opositores una prueba cabal del desprecio de Cornejo por el consenso político, incluso en materia de seguridad, y sus deseos de tratar a la Legislatura como una escribanía.

En este clima enrarecido, advirtieron algunos justicialistas que el "policía a prueba" puede generar un caos en la fuerza. No sólo en el nivel de los ingresantes, sino también en el de los oficiales, ya que el Gobierno también puede disponer el "ascenso y descenso" de un mismo uniformado.

No obstante, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Hugo Sánchez, salió en defensa de la idea y señaló que este y otros cambios fijados en el proyecto buscan generar una tropa policial "de calidad, aunque el número sea menor".

También explicó que la condición "a prueba" tiene como argumento que la formación en el Instituto de Seguridad Pública "es teórico-práctica, no en el campo real, por eso se eso apunta a confirmar el estado policial a partir del año de servicio".

Según Sánchez, bajo el esquema que establece la nueva ley, se endurecerán los requisitos de idoneidad y los exámenes psicofísicos para los aspirantes a portar un arma.

Indicó además que se buscará cortar con el alto nivel de deserción en la Policía, que ronda entre el 30 y el 40 por ciento. "Es gente a la que el Estado le enseñó a tirar y que termina siendo absorbida por la seguridad privada o no sabemos dónde termina", explicó el funcionario.

En otro punto del proyecto se fija como condición para ser comisario una antigüedad de 23 años como oficial y el título de licenciado en seguridad pública. Es un requisito claramente conectado con las denuncias de Cornejo sobre la gestión anterior, a la que acusó de acomodar en el rango de comisarios a amigos del poder de turno y a la que ahora no quiere darle ninguna participación en los cambios.