Se avecinan paros y conflictos

La instrucción impartida por Alfredo Cornejo a sus ministros fue clara: “Ustedes controlen las asistencias en los hospitales, las escuelas, etc durante los paros, que yo me comprometo a sostener hasta el final que los días que no se trabajen no se van a devolver. No voy a transar con eso”.

El gobierno arrancó las paritarias, el primero de sus desafíos políticos de envergadura, dando un puñetazo sobre la mesa.

Y lo hizo consciente de que lo se viene: nadie descarta que haber comenzado la discusión salarial de 2015 con el sindicato docente como se comenzó (sin una oferta de incremento concreto y con la amenaza de descontar los días trabajados) derivará en paros y en conflictos en el arranque del ciclo lectivo.

Y que la estrategia fijada para la negoción con el resto de los gremios, terminará igual.

Cornejo lo tiene claro prácticamente desde el día en que asumió: está convencido de que el acuerdo salarial que se logre este año le marcará el camino a los otros tres que le quedarán en su gestión y que, si le tuercen el brazo a la primera, las consecuencias políticas, y sobre todo financieras, serán letales para su administración.

Muchos olvidan a esta altura la bravata del 9 de diciembre, el día que se hizo cargo, cuando anticipó, para sorpresa de sus ministros incluso, que no iba a tolerar y amenazó con reprimir los piquetes de los estatales.

Poco ha cambiado el plan desde aquél momento hasta este viernes, en que el radical mostro sus cartas ante el SUTE.

Hay dos argumentos que fueron ventilados para justificar por qué no le ofrecieron nada a los docentes todavía.

El primero, fue que la provincia quiere sujetarse a lo que se decida a nivel nacional con los docentes. Hace pocos días el ministro de Educación, Esteban Bulrrich, lo llamó al titular de la DGE, Jaime Correas, para convocarlo al encuentro del Consejo Nacional de Educación que se realizará el próximo jueves en Jujuy y en dónde el gobierno nacional tratará de unificar un ofrecimiento salarial para todos los maestros de país.

Pero tampoco se conoció ninguna oferta porque no se logra aún establecer a través de simulaciones (por el descalabro administrativo de la DGE) cómo impactará el “ítem aula”, el adicional que se pretende pagar para los maestros que estén al frente del aula y que es una de las herramientas de negociación con las que el Gobierno pretende quebrar internamente al SUTE.

Casi tapándose los ojos ante los aumento de tarifas, la inflación, la recesión que podría llegar a venir y el impacto de los despidos, el Ejecutivo avanzará para que la discusión por aumentos salariales transcurra en un marco de razonabilidad.

Intentará demostrar que apunta a cambiar la lógica de las discusiones paritarias con beneficios para los empleados que no solo pasen por la cuestión monetaria y tratará de poner en todo momento por delante la gravedad de la situación financiera de la provincia.

En este punto no es una novedad que la pauta de aumento salarial que se quiere discutir a nivel oficial está fijada en los mismos niveles que la que fijó Mauricio Macri, entre el 20% y el 25% y que el número preferido por el gobernador ronda el 22%.

Apuesta al desprestigio sindical

Cornejo no tendrá la desesperación arreglista de Francisco Pérez y nadie cumplirá el rol que cumplió el ex vicegobernador Carlos Ciurca, que terminó muchas acordando con los gremios a espaldas de los propios ministros del gabinete.

En ese sentido nadie oculta en Casa de Gobierno, cuando se les pregunta, que en caso de que la negociación no encuentre salida, los aumentos podrían ser finalmente aplicados por decreto.

Y que si la reacción son los paros, se aplicarán los descuentos de los días no trabajados si estos son declarados ilegales y que no habrá, como en las últimas negociaciones, acuerdos para levantar estas sanciones.

Roberto Macho de ATE y el propio Adrián Mateluna, del SUTE, tienen clarísimo este panorama. Y descuentan que Cornejo los quiere correr en lo que entiende son sus puntos débiles y que son, por un lado, el escaso respaldo del resto de la sociedad que no depende del empleo púbico y que ve solo “privilegios” en los logros de los estatales.

Y por el otro, que el gobernador los considera poco representativos de sus propios afiliados.

Aunque les reconoce la capacidad logística de un centenar de dirigentes capaces de hacer colapsar las calles, los hospitales o la administración, a ATE el gobierno les achaca la pérdida constante y sin retorno de su cantidad de afiliados.

A Mateluna, por caso, que perdió poder entre las bases docentes y que gana elecciones fundamentalmente por el apoyo del sector directivo, de jubilados y de los celadores. Pero no del grueso de los maestros.

Con los gremios estaba pautada una tarea de desgaste que se comenzó a ver a mediados de enero y principios de febrero. Se pusieron en revisión las denominadas "misiones especiales" en el sindicato docente, que son adscripciones que gozan una buena cantidad de docentes. Dicho de otra forma: son maestros que han salido de las aulas para hacer, como se sospecha, trabajos para la cúpula sindical.

El “ítem aula” no es otra cosa que un refuerzo de esta estrategia. Si es que lo logran aplicar, beneficiará a los maestros que están efectivamente al frente de su curso y que, están convencidos a nivel oficial, no son la base de representación del SUTE.

Con ATE y Ampros hicieron un juego similar. El ministro de Salud, Rubén Giacchi, anunció recortes en el pago por productividad y que están en revisión las horas extras que se pagan en los hospitales, logros alcanzados en paritarias anteriores.

Lo que se vio esta semana con el conflicto de los bailarines de la Vendimia fue el botón de la muestra.

Cultura sacó de la discusión por los aumentos a la Asociación de Actores, convocó a una reunión a todos los artistas, los amenazó con convocar a los suplentes y terminó firmando contratos con todos y pagando por ese trabajo lo que se proponía.

Pero hay abismales entre una discusión y otra. La primera es que los bailarines no son empleados púbicos y sus cuestiones no se discuten en paritarias.

Y la segunda es que Rolando Moscardelli, el delegado mendocino de Actores, no es Raquel Blas.

La reunificación gremial

La dirigente de ATE no conduce ya el sindicato pero es la secretaria de Acción Política y está más que activa. Tanto, que una reunión gremial pautada para el próximo 19, planteará la reunificación sindical en Mendoza dañada desde hace más de seis años.

¿Esto que implica? Que las dos CTA, en dónde desde hace años se enfrentan ATE y el SUTE, Ampros, Sitea y hasta la CGT, planifiquen acciones conjuntas para resistir a Cornejo.

Alguna reunión ya tuvieron en ese sentido hacia finales de diciembre, cuando todo estaba por verse. Pero el planteo oficiales en la paritaria del SUTE reavivó las necesidades de reunificación.

Los despidos influyeron y mucho en las urgencias gremiales para volver a unificarse. Y lo sucedido en el Casino es el ejemplo.

El Instituto de Juegos acumulaba en diciembre casi 800 empleados, unos 200 más que hace dos años y casi el doble de los que había hace cuatro. De ellos, no marcaban tarjeta ni la mitad.

Por mes, la recaudación neta es de $50 millones de los cuales la mitad ($22 millones) se destinan a pagar sueldos y otro gran porcentaje al resto de los gastos.

La excusa principal de la expansión del juego a nivel oficial, el financiamiento de distintos programas de salud, se cumple a cuentagotas: por mes se le destinan solo $7 millones a tal fin.

Con estos manejos, la administración anterior logró un hecho inédito: que un casino perdiera plata. En 2014, el balance fue negativo en $90 millones.

Con un panorama así, Cornejo paso la escoba y echó a 84 contratados. Sin tener en cuenta quizás que muchos de los desplazados no era ñoquis, sino que se les había vencido el contrato el último día de 2015.

“Sabemos que muchos de los que desplazamos trabajaban. Como también sabemos que hay gente a la que nos encantaría echar porque sabemos que son ñoquis, pero no podemos hacerlo legalmente”, reconoció un alto funcionario radical. “Pero todos los despidos están encuadrados en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal”, se escudan.

Los gremios objetan la legalidad de esta medida basados en un fallo de la Corte nacional que le dio sustentabilidad en el Estado a los trabajadores temporarios, aunque lo sucedido en el Casino los forzó asimismo a discutir su reunificación.

Entre los 84 perjudicados, existen afiliados a las dos CTA que desde hace años están en conflicto.

La unificación sindical en Mendoza desapareció en 2010 cuando se fracturó precisamente la CTA y podría reproducirse si el estado de conflicto se mantiene y agudiza. Y que esto sucederá efectivamente nadie, ni el propio Cornejo, tiene dudas.