Amarga queja en Seguridad por los recortes de la Emergencia

Una queja amarga y silenciosa del Ministerio de Seguridad acompañó ayer la sanción de la ley de Emergencia en la Cámara de Diputados, donde el Partido Justicialista forzó un recorte del endeudamiento para la Policía del orden de los 300 millones de pesos y dejó para otro momento el propósito de construcción de una nueva cárcel en Cacheuta.

Los funcionarios se instalaron ayer en la Legislatura y dieron su consentimiento a un proyecto que representa menos de un tercio del financiamiento inicialmente proyectado: de los 1.850 millones de pesos previstos, quedaron apenas 561 millones.

Esos 561 millones contemplan, entre otras cosas, 160 millones para arreglar cárceles, 150 millones para refaccionar comisarías, 70 millones para comprar chalecos y pistolas para la Policía y 62 millones para adquirir "móviles inteligentes". 

También hay fondos para comprar scanners para el control de fronteras y cámaras especiales para la Policía Vial. Pero a juicio del Ministerio de Seguridad, esta tecnología no alcanza.

El aval oficialista al recorte solo estuvo marcado por la situación política del proyecto: el endeudamiento requería dos tercios de los votos y el PJ no estaba dispuesto a apoyar si no había recortes sensibles.

Esto no evitó que la conformidad de los diputados radicales contrastara fuerte con la decepción de los funcionarios del área, quienes rezongaron ante una realidad financiera que impediría gastar dinero para el mejoramiento informático y de comunicaciones de la Policía.

De acuerdo al panorama que se trazó en el Ministerio de Seguridad, apenas un 2 por ciento del presupuesto recibido para este año (4.500 millones de pesos) puede disponerse para la adquisición de bienes. El resto se va en sueldos y hay que buscar la manera de afrontar el pago de deudas.

Por eso la apuesta inicial era conseguir a través de la Emergencia y el endeudamiento los fondos necesarios para ampliar y actualizar el sistema de comunicaciones TETRA, poner computadoras e internet en las comisarías y comprar insumos para el sistema de video vigilancia.

Estas necesidades quedaron en la nada debido a que el PJ taló dos partidas. Una de 180 millones de pesos para "actualización tecnológica y ampliación del 30 por ciento de la red Tetra" y otra de 123 millones para "actualización de software, hardware y redes". Consideró el partido opositor que no era "tangible" la necesidad de endeudar a la Provincia para encarar estas mejoras.

No dolieron tanto los 1.000 millones de pesos para construir una cárcel nueva en Cacheuta, que se frenó por la sospecha justicialista de que se trataba de un negocio a la medida del empresario Omar Álvarez.

La cárcel era un proyecto "para dentro de tres o cuatro años", pero los 300 millones de pesos para mejorar comunicaciones y tecnología del Ministerio de Seguridad, eran considerados un requerimiento urgente.

Por caso, respecto del sistema de video vigilancia (este endeudamiento era de 1,5 millones de dólares y sucumbió en un primer recorte), el contrato vigente con la empresa Arlink de Vila y Manzano apenas abarca un "reconocimiento de gastos" por el retiro de las cámaras que están fuera de funcionamiento, pero no incluye el mantenimiento y reparación.

"No sabemos qué vamos a hacer, porque acá no hay ni una Kodak", lamentó un funcionario del ministro Gianni Venier, tras estimar que alrededor del 30 por ciento de las 500 cámaras instaladas en Gran Mendoza no se encuentra en servicio. 

Sigue en proceso, no obstante, la duplicación de la cantidad de aparatos gracias a un préstamo del BID.

"No se dejó stock, por lo cual lo que se hace es desarmar dos cámaras para arreglar una. Nos dejaron un agujero negro. Además hay cámaras colocadas en los departamentos que no fueron conectadas", dispararon en Seguridad contra la gestión justicialista saliente.

En tanto, acerca del Tetra, en Seguridad acusaron al PJ de dejar en problemas no sólo a la Policía, sino también a los organismos que acuden a este sistema en momento de emergencias o catástrofes. "No se podrán hacer dos actualizaciones y esto no afectará solamente a la Policía, sino también a quienes actúan ante distintos tipos de emergencia, porque el Tetra libera de los problemas del celular", se informó desde el ministerio.

Además, en Seguridad sostuvieron que el gobierno anterior dejó una concesión del Tetra de 24 meses "sin provisión de partes", lo que impide modernizar la red y reparar antenas, entre otras cosas, si no hay un financiamiento para ello.