Piquetes: un mensaje de Cornejo para los gremios
El subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales de la provincia, Marcelo D'Agostino, se refirió a la diferencia que marcó Mendoza con respecto al resto del país, donde la Tupac Amaru se manifiestó en las calles pidiendo la libertad de Milagro Sala. El punto principal es que a diferencia del resto del país, aquí existe un proceso judicial por una manifestación anterior. El antecedente sirve como ejemplo de cómo se actuará frente a cualquier manifestación que implique el corte de calles.
Desde la Tupac-Mendoza explicaron al sitio Unidiversidad que hubiesen preferido adherirse al llamado de cortes en todo el país, pero no pudieron hacerlo porque ya tienen "a dos compañeros imputados por el corte anterior".
Como una forma de marcar la cancha, especialmente para los gremios, y justo en el momento en que se complica la negociación con el SUTE y se esperan las aperturas con ATE, el Ejecutivo destacó casi como una victoria la decisión de la organización de no cortar las calles.
Esta es la única provincia en donde se ha imputado a personas que durante una protesta han cometido un delito, explicó D'Agostino.
El funcionario aseguró que se trata de asumir una postura concreta y una respuesta a la promesa de campaña del gobernador Alfredo Cornejo, quien aseguró antes y después de asumir que no habrán más piquetes:
"El Gobierno va a garantizar absolutamente el derecho de reunión, pero en tanto y en cuanto ese derecho no vulnere derechos de otros ciudadanos, o represente la comisión de un delito", agregó.
Se considera delito, según el artículo 194 del Código Penal, el entorpecer el normal funcionamiento del transporte. Según D'Agostino, en el piquete que se realizó el 22 de enero él se comunicó con el fiscal Daniel Carniello para advertirle sobre la existencia de un delito, y éste utilizó ese argumento legal para imputar a los dos integrantes de la Tupac que estuvieron al frente de la manifestación en Mendoza.
El subsecretario aseguró que se actuará de la misma manera frente a cualquier gremio u organización que corte calles o rutas. "Se van a hacer las denuncias penales correspondientes, hay un cambio en la política contra el crimen, eso que antes se permitía y que ahora no por una modificación de pensamiento, hoy se garantiza el derecho de peticionar ante las autoridades pero no cuando se cometen delitos con ello", agregó.
El fiscal considerará a quiénes deberá imputar
El Gobierno se constituirá en querellante "como señal de que le interesa que no se cometan esos delitos". "Se le informará al fiscal y él a través de los ayudantes fiscales se constituirán en el lugar y si esa protesta implicara la comisión de un delito, el fiscal considerará a quiénes deberá imputar", agregó D'Agostino.
El funcionario quiso dejar dos reflexiones finales: En primer lugar, "que hoy es noticia que la Tupac no ha hecho actividades acá porque se imputó a dos personas por este tipo de actividades que la justicia considera un delito".
en segundo lugar, dijo que no se trata de amenazas a los gremios, "ellos tienen todo el derecho a protestar, pero si delinquen, se va a denunciar y se van a seguir esas causas de cerca a fin de que no se vuelvan a cometer dichos delitos".