La mini cárcel carísima que dejó Pérez en Cacheuta

Entre los problemas que Paco Pérez le dejó como legado a su sucesor Alfredo Cornejo aparece un pequeño complejo penitenciario de apenas 10 celdas en Cacheuta, que costó muy caro (40 millones de pesos), en el que hay que gastar más plata para que pueda ser utilizado y que todavía no tiene destino alguno.

Pérez decidió en 2012 encarar esta construcción después de un motín y durante su gestión definió el traslado allí de 15 menores del ex COSE ubicado en Godoy Cruz. Las organizaciones de derechos humanos se opusieron porque el sitio no cumplía con los estándares internacionales necesarios para la reclusión de menores y hasta los empleados del ex COSE plantearon las quejas ante la posibilidad de que los trasladaran a las inmediaciones del penal de Almafuerte.

El conflicto derivó en un pedido de habeas corpus colectivo presentado por organismos de derechos humanos ante la Justicia de Menores, el cual fue aceptado a fines de marzo del año pasado por la titular del Segundo Juzgado de Menores, Mariana Zabi.

Esto provocó el freno del traslado de menores del ex COSE a este pequeño presidio hasta que se realizaran una serie de mejoras de infraestructura que pueden ser muy caras y se cumplieran con medidas procesales que el Gobierno actual cree que prácticamente son "incumplibles".

Mientras en el Poder Ejecutivo analiza qué hacer, algunos funcionarios advierten que este mini presidio podría generar una denuncia judicial por incumplimiento de deberes del Gobierno actual contra quienes tomaron la decisión de construirlo. "Fue un exabrupto de Pérez después de un motín y ahora estamos frente a un problema, porque en ese penal, que es un mamotreto, se gastó mucha plata y no cumple con los requisitos necesarios", aseguró una fuente del Ejecutivo.

Entre las carencias que señalan tanto los dirigentes de derechos humanos como los funcionarios de Cornejo aparecen la falta de servicios básicos, como son agua y cloacas, hasta la inexistencia de garitas de seguridad, la ausencia de sectores de recreación y talleres y el problema que comparten con Almafuerte y las otras cárceles proyectadas en la zona: el cercano basural de Luján, que es un peligro para la salud de los presos y el personal penitenciario por la invasión de pericotes.

Incluso, en caso de trasladar a menores allí, el Gobierno debería abordar nada menos que la construcción de una escuela y cumplir medidas procesales tales como obtener el consentimiento de las personas alojadas en el ex COSE, sus padres y los abogados defensores.

La semana pasada hubo una audiencia de conciliación ante la jueza Zabi en la que participaron quienes plantearon el pedido de habeas corpus, el subsecretario de Justicia Marcelo D´Agostino y el nuevo titular del ex COSE, Arturo Piracés, entre otros funcionarios.

Lucas Lecour, presidente de Xumek, una de las entidades que frenaron el traslado de chicos a Cacheuta, señaló al respecto de este encuentro que el levantamiento de habeas corpus "depende del cumplimiento de varias obras que demorarán por lo menos un par de meses" y que no se ha planteado una fecha para concretarlo. “Vamos a hacer una inspección para verificar que se cumpla con lo que pide la jueza”, agregó.

Entre las variantes que se manejan, la mejor para Xumek es trasladar presos mayores de otros penales para descomprimirlos, ya que resulta mucho más complejo adecuarlo para los menores.

Pero no es la única opción que estudia el Gobierno. Se ha planteado la posibilidad de trasladar a una decena de chicos que están alojados en el ex COSE, que tienen más de 18 años actualmente y que ya recibieron penas graves de la Justicia. "La situación es terrible en el ex COSE porque se encuentran en condiciones inhumanas", reconocen en el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, también se podría derivar a algunas mujeres del penal de El Borbollón.

Si hay algo en lo que todos coinciden es en que la obra de Cacheuta fue demasiado cara y no puede tener utilización inmediata. "Es una locura lo que costó, no es razonable", afirmó Lecour respecto de este penal, que puede albergar como máximo 20 personas. Algunos dicen que por un tercio de los 40 millones de pesos se podía hacer la obra.

El gasto extra no ha sido calculado, pero puede demandar "desde 100 mil pesos a ocho millones", dicen en el Gobierno. Según lo que la Justicia exija invertir para que el mini penal de Pérez sea alguna vez utilizado.