Paco, el consultor

"¡Che Locamuz, podríamos ponernos una casa de deportes ahora!". La humorada de Paco Pérez con Marcelo, su ex ministro de Deportes, desató la carcajada de quienes compartían hace unas semanas una cena íntima con el ex gobernador.

Pérez reapareció en escena esta semana, con una sentida carta de renuncia a la presidencia del PJ y ya le anticipó a un grupo de personas de su confianza que está buscando oficina para establecer finalmente la consultora con la que viene amagando desde que dejó el poder en diciembre y que será la mascarada de un trabajo estable.

Dicen que un camino similar mostrar un empleo seguirá Carlos Ciurca, el ex vicegobernador, quien cerró este fin de semana un largo período de pesca por los lagos del sur del país, y que regresará por estos días con un cargo de "asesor político", posiblemente, en el Congreso.

Pérez cerró rápido y antes de tiempo el único vínculo que mantenía con la política, antes de quedar más desdibujado.

Como presidente partidario local, no se presentó a la reunión del Consejo Nacional del PJ en el que se comenzó a discutir la nueva conducción y nadie lo consultó, sobre todo Rubén Miranda, durante la crisis que desembocó en la ruptura del bloque de diputados del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados de la Nación.

Los principales referentes del Justicialismo organizaron una cumbre para pasado mañana en Tunuyán (que este sábado estaba en duda) y nadie se preocupó en llamarlo.

Adolfo Bermejo y Omar Félix aparecen como los contendientes de la batalla, y apuestan a encontrar una fórmula de consenso para la presidencia y la vice. El maipucino es quien más sigue a rajatabla lo que aprendió del Juan Carlos Mazzón, acordar antes que nada.

Félix, junto a su hermano Emir, tiran un poco más de la cuerda. Aunque el freno para ellos de ir a una interna sería el costo financiero de la misma.

En el fondo los justicialistas mendocinos se enfrentan con una realidad.

"Si vamos a una interna hoy, va a votar menos gente en toda la provincia que el padrón de Capital. No podemos enfrentarnos a ese papelón", admiten. 

En el corto plazo, la reconstrucción del PJ podrá darse a nivel de cúpula. Pero el reencuentro de los peronistas con la sociedad dependerá de cómo avancen las investigaciones administrativas y judiciales que se están llevando adelante. Y que no paran de aumentar por estos días.

Los exministros sospechados

Una denuncia del legislador de Libres del Sur, Ernesto Mancinelli, apuntó a las sospechas sobre irregularidades en la conducción del ex ministerio de Transporte de Pérez.

El senador provincial apuntó a los dos últimos responsables del manejo de esa cartera, Diego Martínez Palau y Pablo Rousseau por el delito de enriquecimiento ilícito al detectar un fuerte crecimiento patrimonial, sobre todo de este último, en el lapso de tres o cuatro años.

Ya en enero Mancinelli había pedido ante la Fiscalía de Estado que se abriera una investigación a Rousseau al detectar que, según el Registro de la Propiedad, el ex funcionario había pasado de 5 a 15 propiedades en menos de un lustro en la función pública.

Y que además prácticamente todas esas adquisiciones figuraban a nombre de su padre, también de nombre Pablo, un jubilado que percibe el haber mínimo.

Fiscalía ya derivó a la Justicia Penal ese expediente y Mancinelli amplió su denuncia este viernes.

Detectó que en el boleto de compra y venta de una de esas nuevas propiedades, figura Martínez Palau junto a Rousseau como comprador.

El padre jubilado de Rousseau aparece en la operación al momento de la escritura de la propiedad, aunque no figura allí el excandidato a vicegobernador.
Los ex ministros, según consta en el boleto, adquirieron una finca de 65 hectáreas en la zona de El Cepillo (San Carlos) y más allá de que el valor declarado en la operación fue de $980.000, el precio de mercado no baja de los $3.400.000.

Estos no son los únicos funcionarios de alto rango de la gestión anterior involucrados en denuncias de corrupción.

Juan Gantus, ex ministro de Hacienda, ya fue imputado por el fiscal Daniel Carniello, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, que genera penas de 1 a 6 años de prisión. La denuncia la realizó el representante de un proveedor de insumos médicos, quien acusó al funcionario de cometer actos discriminatorios en la utilización de fondos públicos.

Tras la expulsión de Carniello de la Fiscalía Especial, en noviembre pasado, no hay certezas acerca de cómo seguirá la causa que dejó al desnudo pagos millonarios a proveedores del Estado de manera totalmente irregular.

Durante la crisis de los hospitales de 2015, el ministerio de Hacienda decidió de manera unilateral privilegiar a un proveedor de la Salud con la cancelación de una deuda por $10.000.000, postergando a otros proveedores que ya habían tenido el visto bueno de la misma cartera y a los que, en total, se les iban a cancelar algo más de $16.000.000.

El beneficiado fue Rodrigo Attaguile, un histórico proveedor del Estado en insumos biomédicos.

Enterado de esto, uno de los proveedores postergados se presentó junto a un escribano ante el director del hospital al que le vendió los insumos y la respuesta fue que la decisión había sido tomada por los ministros de Salud, Oscar Renna, y Hacienda.

El proveedor denunció el hecho y quedó en evidencia de qué forma la ausencia de reglas claras en el pago a proveedores durante el gobierno de Pérez alimentó las sospechas de que la corruptela dio vueltas: con los atrasos millonarios que existieron, no era un secreto que para cobrar primero había que pagar.

La denuncia rozó a Renna, a quien muchos le apuntaron cuando, través de un yerno que trabajaba en el ministerio, de apellido Negri, negociaba pagos y compras de insumos bajo el seudónimo de "Gastón".

Todos sabían que, en Salud, para que algo sucediese había que llamarlo a "Gastón". Renna no salió tan mal parado de la función pública, por lo que se vio. Un mes después de dejar de ser ministro, fue escrachado veraneando en Saint Marteen.

El Fiscal de Estado, Fernando Simón, ya le dio un golpe al gobierno anterior que involucró, precisamente, a la ex conducción de Transporte al detectar fallas administrativas "groseras" en el pase a planta permanente de al menos tres contratados de esa cartera.

Y la lista de investigaciones sigue.

Está en pleno proceso de análisis de los abogados que defienden al Estado el pago irregular de adicionales de empleados de OSEP que realizaban adscripciones en otras dependencias y ya se disparó la pesquisa para determinar cómo, en el exministerio de Cultura, se pagaban, a través del cachet de supuestos artistas, contratos de personal.

El trabajo de la Auditoría General de la Nación, encargado por Alfredo Cornejo, también provocó que ya se pidieran informes tanto a ministerios como organismos descentralizados acerca de nombramientos y de compras, así como también se está analizando, también en Fiscalía, cuánto es el impacto de la millonaria deuda "pinche". Aquella que contrajo Pérez con los proveedores y que no está registrado en el sistema contable de la provincia.A decir verdad, quienes conocen de cerca a Paco cuentan que nada de esto le preocupa. Salvo una cosa: las 14 denuncias que se habrían acumulado en Tribunales en su contra y que por ser anónimas en su gran mayoría no obtuvieron demasiada trascendencia pública. 

Necesitará algo más que una consultora para enfrentarse a ellas, si es que a Justicia decide avanzar.

El realismo mágico de Santa Rosa

A no ser por lo trágico de la situación para los que allí viven, Santa Rosa bien podría ser el Macondo que relató Gabriel García Márquez en “Cien años de soledad”.

Si no es a través del realismo mágico, no puede explicarse de otra manera el escándalo gigantesco de corrupción que estalló el miércoles en ese departamento y que involucra a un personaje ya no salido de los libros de Gabo, sino de la Argentina trucha.

Jorge Castillo, el dueño de La Salada, para sacarse de encima una deuda por tasas municipales por más de $2.000.000, prendió el ventilador y acusó al intendente, Sergio Salgado, de haber acordado hace dos años "de palabra" con él, la eximición del pago de tasas a cambio de la concesión de la playa de estacionamiento del lugar.

"Yo debo dos millones, pero la municipalidad recaudó diez millones con el negocio de la playa", reveló el grotesco personaje de la venta informal de ropa ante una comisión investigadora del consejo deliberante santarrosino.

Nada de esto quedó firmado a través de un convenio o fue ratificado por una ordenanza. Pero la municipalidad hizo su negocio, o al menos eso hicieron algunos de sus funcionarios.

El concejal demócrata Antonio Ponce aseguró ver cómo varios directores de la comuna fueron los encargados de cobrar el estacionamiento en La Salada, entregando a cambio tickets "con florcitas".

"En Santa Rosa nos conocemos todos. Está claro quien se quedaba con la plata", se descargó.

En Luján y Guaymallén asoman más problemas y causas judiciales, tanto para Carlos López Puelles como para Luis Lobos.

Omar de Marchi ya se presentó ante la Justicia para denunciar penalmente a su antecesor por el estado del parque automotor de la comuna lujanina y frenó hace diez días la aplicación de una ordenanza que, luego de un cúmulo de excepciones municipales, habilitaba la construcción de nuevos centros comerciales y edificios en Chacras de Coria.Pero para marzo se vendrá lo peor para el anterior: una denuncia por malversación de fondos, luego de que se detectaran millonarios desvíos de partidas con asignación específica que fueron utilizados para el financiamiento de la política en la comuna.

Lobos ya enfrenta una causa por enriquecimiento ilícito impulsada por concejales de la Izquierda, entre otras acusaciones.

Sin embargo, en la Fiscalía de Juan Manuel Bancalari, comenzó a tramitarse en enero una causa que dejaría al desnudo una red de corrupción que explicaría, aunque sea en parte, el fenomenal crecimiento patrimonial tanto del ex intendente como de su mujer, Claudia Sgro.

La punta de este iceberg es Laura Fahra, una empleada municipal que ya declaró ante Bancalari y que, además de estar en la comuna, tiene la particularidad de haber trabajado, en todos estos años, como doméstica en la casa de la madre de Sgró.

Fhara está contratada en la comuna desde el año 2012 y ella nunca lo supo. Solo se enteró de su condición de municipal el 26 de noviembre pasado cuando la mujer de Lobos le dijo, como buena noticia, que había sido incorporada a panta permanente.

Durante cuatro años, según dijo ante el Fiscal, Sgró le daba $500 mensuales y le decía que correspondían a un plan social. Cuando en realidad la maniobra era otra.

La esposa del exintendente le retuvo la tarjeta de débito, cobraba el contrato y le entregaba a la mujer solo una pequeña parte de él mes a mes.

Los funcionarios de Marcelino Iglesias descartan que esta modalidad de "palo blanco" se replicó por decenas en la comuna, sobre todo, por la gran cantidad de contrataciones de personal que se detectaron.

Los Lobos no están trabajando por estos días en la comuna. Claudia esta de licencia por enfermedad y, aunque suene extraño, la causa es que se lastimó un seno en una caída que tuvo tras un desmayo en el edificio municipal. Su marido también pidió licencia. Para cuidarla.