El PJ condiciona los recursos para la emergencia en Seguridad

La emergencia en Seguridad será discutida en la Legislatura en las próximas semanas, pero el Justicialismo se mostró "preocupado" porque incluye un nuevo endeudamiento. Sin embargo, abren la puerta para negociar con el radicalismo siempre que se incluyan algunos proyectos de ley complementarios de su autoría. El FIT, por el contrario, aseguró que votará en contra.

Diputados deberá discutir en la comisión de Hacienda la “emergencia en el sistema de seguridad pública en la totalidad del territorio provincial”, la misma incluye la posibilidad de tomar deuda por hasta $1.200 millones para financiar el sistema carcelario.

La emergencia comprendería 24 meses en el que se habilitaría al Ministerio de Seguridad a “adoptar todas las medidas que resulten necesarias para el logro de la finalidad establecida”. Es decir, "la protección de la vida, la libertad y los bienes de las personas”.

El dinero permitiría al Ejecutivo financiar la construcción, remodelación o ampliación de las cárceles del sistema penitenciario, tal y como se había proyectado el año pasado durante los últimos meses del gobierno de Francisco Pérez. En este sentido, el entonces diputado justicialista, Daniel Cassia -y autor e impulsor de proyectos similares, hoy abocado a la actividad privada-, afirmó que el dinero es suficiente para construir dos módulos de 500 personas, o una cárcel para albergar a 1000 reclusos.

De acuerdo con Cassia, se trata del financiamiento acordado durante el año pasado para la construcción del proyecto edilicio presentado por el grupo Obras Andinas, del empresario Omar Álvarez, que pretendía estar en manos privadas y alquilárselo al gobierno. "Era el camino posible ante las dificultades de financiamiento y lo terminamos de acordar en noviembre en la mesa de enlace, pero por decisión política no avanzó", recordó el ex diputado.

Igualmente el ex legislador consideró que el gobierno actual está dando señales de que el tema le interesa y vio con buenos ojos la decisión política del gobernador Alfredo Cornejo. Cassia calculó que si el dinero se destinara a descomprimir las cárceles con dos módulos -junto a la cárcel federal- se habría encontrado una solución para los próximos 10 años. 

También manifestó que es una medida acertada equipar a la policía y volver a las fuentes en cuanto a los requisitos de ingreso a la Policía que comenzaron a flexibilizarse en 2006 (edad, estudios, etc.). "Hay que volver a poner requisitos para el ingreso a la Policía, siempre estuve en contra de que se flexibilizaran, y no estaba tan errado", comentó. 

Finalmente, agregó, que la emergencia también debería significar un impacto fuerte en la seguridad vial, ya que faltan alcoholimetros, radares y vehículos con la tecnología adecuada para hacerle frente a la problemática. 

Discusión legislativa 

A diferencia de Cassia, el diputado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Héctor Fresina, no se mostró tan entusiasmado con la idea de Cornejo y aseguró que votarán en contra de la medida porque consideró que, lejos de garantizar la seguridad de la población, "el Ejecutivo busca fortalecer un Estado represor". 

"Lo rechazamos porque con la emergencia pueden hacer contrataciones directas, no va a estar en función de garantizar la seguridad, sino de fortalecer un aparato represivo y una policía de mano dura y gatillo fácil", consideró Fresina. 

El legislador insistió en que "la población correrá peligro siempre, en la medida en que el Estado mantenga vinculaciones con las redes de delito más graves, como las de trata y narcotráfico". 

"Hay que desarticular los vínculos del aparato estatal con el delito, sin ellos no podrían existir (dichas redes)", agregó Fresina, y consideró que en la Emergencia no se incluyen medidas tendientes a ello, sino que sólo se pide dinero para emplearlo de forma "discrecional". 

Además, apuntó contra el principal partido opositor al gobernante, y aseguró que el peronismo no cumple esa función. "El justicialismo no es ninguna oposición en Mendoza, va a terminar tranzando con el radicalismo porque no tienen diferencias estratégicas", finalizó. 

De esta manera el representante de la izquierda en la comisión de Hacienda de la Legislatura, no dudó sobre un resultado favorable a la medida pedida por el gobernador. 

Desde una óptica diferente, el presidente del bloque radical, César Biffi, también confía en que habrá consenso. "Hay aceptación de que la inseguridad ya tiene muchos años y que merece una ley de emergencia, el propio gobernador Jaque (de 2007 a 2011) impulsó una ley similar, por lo que no debería significar mayores problemas".

En cuanto al dinero que requiere el Ejecutivo para poner en marcha las reformas, Biffi, consideró que "a todas luces se sabe que la situación de las cárceles es vergonzosa, e incluso hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo tanto tenemos que resolver ese problema". 

Por antecedentes y por la imposición de la realidad, deberíamos tener un amplio consenso, consideró Biffi. 

Sin embargo, la presidenta del bloque justicialista, Silvia Ramos, aseguró que se mostrarán muy prudentes ante la autorización de un nuevo endeudamiento.

"Hemos planificado un plenario de comisiones, y nos interesa mucho lo que va a exponer el ministro. Lo que decimos es que ya hemos autorizado una Emergencia Financiera y Administrativa y creemos que es muy importante el dinero que ya se autorizó", explicó Ramos.

La Legisladora consideró que al proyecto del Ejecutivo le falta un plan más complejo, como "el control de ingreso y egreso de personas de la provincia", que pretenderán incluir.

No vemos nada específico, solo autorizaciones de montos y eso nos preocupa, dijo Ramos. 

De todas maneras consideró que para dar mayores declaraciones habrá que esperar a la próxima semana cuando se reúna el plenario de comisiones que incluye a los senadores para "tener una visión más amplia".