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Cinco críticas locales al Impuesto al Juego

El Gobierno provincial no está de acuerdo con que las máquinas tragamonedas paguen 40 mil pesos al año en forma general.

El gobierno de Alfredo Cornejo tiene una serie de críticas para el impuesto al juego que discute el Congreso Nacional, en busca de atenuar el impacto fiscal de los cambios en el Impuesto a las Ganancias. Esos cuestionamientos los elevará a través dos legisladores nacionales oficialistas por Mendoza (el diputado Luis Borsani y la senadora Pamela Verasay) para buscar correcciones.

"No estamos en contra, pero se debe repensar la forma de aplicarlo", indicó este lunes la presidente del Instituto de Juegos y Casinos, Josefina Canale.

Estas son las críticas:

1) Se oponen en Mendoza a aplicar un tributo general a las máquinas tragamonedas de 40 mil pesos por año. En concreto, no están de acuerdo en la cifra, por el impacto que tendría en los concesionarios de los casinos del Estado.

2) "El impuesto no distingue entre casinos oficiales y privados. Los oficiales les pagan un canon a los Institutos Provinciales de Juegos, entonces las ganancias son compartidas. En el caso de Mendoza, son de aproximadamente un 50% de las ganancias de la sala", advierten en el IPJyC.

3) Además, los 40 mil pesos de tasa que pagaría cada máquina no contemplan que "la rentabilidad de las máquinas difiere mucho según cada casino". Un ejemplo de ello: cada máquina del Regency (casino líder en Mendoza) genera ganancias diaras por 1.375 pesos, pero una del casino de Tupungato, sólo 522 pesos. El operador de Tupungato, en ese caso, deberá destinar 153 días de ganancias para reunir la plata del impuesto.

4) En el organismo del juego local sostienen, además, que Mendoza "tiene el nivel de tasas más alto del país" en cuanto al pago de Ingresos Brutos, que es un impuesto provincial al que se sumaría el tributo nacional. Aquí es del 21,5 por ciento, mientras que, en provincia de Buenos Aires, ha sido elevado este año al 16 por ciento.

5) Tampoco se expresan en Mendoza a favor de incluir a las máquinas de quiniela. "Se hace casi imposible que las agencias de quiniela puedan cumplir y van a generar una concentración de agencias. facilitando las apuestas de la quiniela clandestina", expresan en el IPJyC.

En cambio, el gobierno mendocino no está en contra de que se grave con un 0,075% a cada apuesta electrónica (sean tragamonedas o ruleta), porque ese tributo se trasladaría directamente al apostador.

En el mismo sentido, el Gobierno cree que es "muy positivo" que se grave el juego on line. "Hoy la Argentina no tiene una ley que lo regule, hay que aplicarlo sobre las tarjetas de crédito o los lugares que venden crédito o pagan las apuestas", señalan al respecto.