Quejas del Gobierno provincial por deudas de la Nación
Cada vez menos velado es el reclamo del Gobierno provincial a los funcionarios de Mauricio Macri por deudas que afectan a la obra pública.
La vivienda social es un caso. La administración nacional le debe a la Provincia unos 160 millones de pesos correspondientes a la readecuación de costos de varios barrios.
Esta cifra fue dada por el presidente del IPV mendocino, Damián Salamone, quien de todos modos aclaró que las readecuaciones las paga la Nación tarde o temprano, aunque no son reclamables en el corto plazo.
Pero más allá de este problema, los reclamos y las quejas por la plata para la vivienda social han sido habituales en los últimos meses.
Los funcionarios de Alfredo Cornejo aseguran que hubo "hasta cuatro meses de parate" en el envío de fondos nacionales y que eso obligó a sostener la construcción de barrios con los bonos que emitió el Ministerio de Hacienda para enfrentar deudas con proveedores.
No fue Mendoza la única perjudicada. Cornejo ha sido discreto por su condición de gobernador aliado de Macri, pero la salida del ministro de Hacienda de la Nación, Alfonso Prat Gay , liberó a su gabinete para soltar algunas críticas.
Tironeos en la Casa Rosada
Sucede que -según dicen en Mendoza- los fondos para vivienda se empezaron a discontinuar por diferencias entre las líneas medias de Hacienda y las autoridades de la Secretaría de Vivienda, que funciona en el ámbito de Rogelio Frigerio, el ministro del Interior.
"Hacienda planchaba los fondos que había devengado la Secretaría de Vivienda", explicó una fuente del Poder Ejecutivo. La queja contra la gente de Prat Gay ya se escuchó esta semana en la Casa de Gobierno, cuando algunos funcionarios indicaron que "las segundas y terceras líneas eran una máquina de impedir" y que en especial había problemas con uno de los encargados de relacionarse con las provincias: el secretario de Hacienda, Gustavo Marconato.
"Marconato no era bueno ni malo, pero el problema es que no resolvía", se explicó en el Poder Ejecutivo. Se trata de un funcionario de origen peronista que se va con Prat Gay. Aunque otro justicialista (o "pronista", como se denomina a los peronistas que se aliaron a Macri), en este caso del ala de Frigerio, se especula que tendrá el mismo destino: el secretario de Vivienda de la Nación, Domingo Amaya.
Por los problemas que hubo con estos funcionarios, el Gobierno provincial festejó sobremanera el anuncio de que el radical mendocino Alejandro Gallego arribará a mediados de enero como subsecretario de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, cuyo jefe es ahora Nicolás Dujovne.
Gallego podría aportarle, según la administración provincial, el elemento clave de la información. "Lo de Gallego nos va a permitir saber la verdad", explicó un funcionario.
Techo digno
Los tironeos debajo de Macri entre Hacienda y el Ministerio del Interior pusieron en problemas al plan más importante de vivienda social, que es "Techo Digno". Estas casas se financian con el 70 por ciento de aporte nacional y el 30 por ciento de la Provincia.
Las partidas de este plan para Mendoza y varias provincias se pararon entre julio y octubre, y en el gobierno de Cornejo agradecieron que existieran los bonos de Hacienda para salir del paso. "Si no, hubiéramos sido Parisi", indicó un funcionario, en referencia al ex presidente justicialista del IPV, quien tuvo que parar la construcción de viviendas a partir del último semestre de 2015 por la crisis financiera de Paco Pérez.
A pesar de la mora de la Nación, en el IPV aseguran que están al día con los pagos y que la situación se está recomponiendo: hace unos días llegó una partida de 54 millones de pesos y están esperando otros 80 que ya fueron devengados.
En cambio, el gran problema está generado por las readecuaciones de precios, que están en un "limbo", porque no se sabe cuándo las va a pagar la Nación.
Esta duda se mantiene justo cuando está por comenzar un año electoral, para el cual Cornejo ha fijado metas ambiciosas: durante la semana, el gobernador prometió la construcción de 3.000 casas en 2017.
Por otro lado, no sólo por culpa de los funcionarios de Macri, sino por desmanejos históricos, el IPV tiene en carpeta numerosos barrios para gente pobre que todavía no sabe si podrá llevar adelante.
Las Heras por sí solo tiene cinco proyectos, algunos de los cuales tienen hasta 12 años de antigüedad. Por una resolución del área de Vivienda, el financiamiento nacional de estas obras viejas se cayó este año. Pero desde febrero, habrá presión de la Provincia en la Casa Rosada para reactivarlas.