La nueva empresa de transporte absorberá el 43 por ciento de los empleados

Ayer, la pulseada se trasladó de la Legislatura (con ocasionales encuentros privados en la Casa de Gobierno), a la Subsecretaría de Trabajo, adonde fueron citados los empleados que seguirán a partir de enero en la sociedad estatal que creó el Gobierno.

Acudieron 103 para firmar el nuevo vínculo y el Gobierno aseguró que, este jueves, un centenar más pondrán la firma.

La rosca político-sindical

Según las autoridades, estos empleados se mostraron más que conformes. Sucede que, quienes seguirán en la sociedad estatal, quedarán incorporados al convenio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Ese vínculo con el poderoso sindicato nacional les prodigaría una mejora salarial, dado que el convenio de la UTA privilegia a los choferes y mecánicos por sobre los administrativos en la escala. El convenio de la EPTM no les daba esa categorización.

La rosca del Gobierno con los sindicatos fue una película aparte. A pesar de que la UTA está enfrentada al Sipemom, que es el gremio provincial de los choferes de micros, su titular, Rodolfo Calcagni, fue un socio estratégico del Gobierno para que la eliminación de la EPTM se concretara.

Calcagni tiene 4.400 afiliados y no podía jugar en esta pelea, porque la nueva empresa será eléctrica. Esa característica le impedía al Sipemom acaparar a sus miembros.

Sin intereses directos en juego, su colaboración a favor del Gobierno fue muy importante. Fue quien logró ablandar al sindicalista del CEC, Guillermo Pereyra, para que votara en la Legislatura a favor de la eliminación de la EPTM. En la Cámara Baja, los votos del oficialismo estaban muy justos.

Pereyra dudaba entre decir sí o no, porque temía lesionar sus relaciones con la CGT. Allí, las opiniones estaban divididas, y un sector (identificado con el diputado K Guillermo Carmona) se había aliado con el ATE disidente y el Partido Obrero para oponerse al cambio.

El líder del Sipemom volcó la opinión de Pereyra a favor del Gobierno después de una reunión en la que los funcionarios le aclararon que los empleados no absorbidos por la nueva sociedad no perderían sus trabajos.

Qué pasará con el resto de los empleados

Ese próximo paso será clave. Según el Gobierno, la semana que viene se empezarán a concretar las incorporaciones de los 271 empleados que no serán tenidos en cuenta en la nueva empresa de transporte a otras áreas del Estado provincial.

La promesa ha sido que ninguna persona se quede sin trabajo y la oposición estará atenta a que eso se cumpla. Por su parte, el Gobierno dice que se ocupó de preparar estos traspasos con antelación, por lo cual descarta conflictos.

La otra medida que seguirá con lupa la oposición es la forma en que la nueva empresa se vinculará con los capitales privados. 

La sospecha peronista es que existe un negocio armado de antemano con alguno de los pesos pesados del transporte local. Eso no se sabrá hasta que la Secretaría de Servicios Públicos avance con la implementación de las dos nuevas líneas troncales con las que intentará mejorar el sistema de transporte. En esas líneas, sí o sí, tendrá participación la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM). 

Esto ocurrirá a mediados de año y ayer, en la Casa de Gobierno, aseguraron que no habrá trampas. Se hará "una licitación abierta y pública", prometieron los funcionarios del área, con el objetivo de que algún empresario asuma el costo de la compra de 35 vehículos híbridos (propulsados a gasoil y electricidad) para las troncales que cruzarán de norte a sur y de este a oeste el Gran Mendoza. Ese desembolso rondará los 140 millones de pesos.

La condición para el empresario será que se asocie a la STM en la administración de esas dos líneas y, fundamentalmente, que use como choferes a sus empleados. Hay, además, una tibia esperanza en el Ejecutivo: que la licitación esta vez seduzca a privados de otras provincias, para que el negocio no quede en manos de los mismos de siempre.