Empieza otra vez una batalla histórica
No hace muchos años, cuando algunos gobernadores plantearon ante la entonces presidenta Cristina Kirchner la necesidad de discutir una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, Raúl Baglini se esperanzó.
El gobierno nacional presentó un esquema de trabajo de tres etapas que arranca con la conformación de equipos técnicos para hacer una radiografía del reparto de impuestos en la Argentina, que seguirá, luego de ese diagnóstico, con un nuevo análisis de los criterios de reparto y que concluirá con la búsqueda de un acuerdo global entre gobernadores para la redacción de un proyecto de ley que se sancionaría no antes de 2019.
El proceso será arduo y complejo: para cambiar el sistema, es fundamental que la recaudación crezca de manera exponencial y que la pendiente del crecimiento sea tan importante en el país como para que todos los que están sentados alrededor de la mesa vislumbren que perderán poco.
Hay un dato a favor. En las reuniones que ya ha mantenido la Nación con las provincias, existió el compromiso de que el gobierno central será quien asuma las mayores pérdidas.
Aquí existe el reconocimiento de un dato de la realidad de los últimos años.
La ley de coparticipación vigente sostiene que el mínimo que se tienen que llevar todas las provincias es el 30%. Hace diez años, luego de los gobiernos de Carlos Menem y de Néstor Kirchner, ese porcentaje bajó al 27,8%. Y en los últimos años de Cristina Kirchner tocó el 25%. Las pérdidas para las provincias se cuentan de miles de millones.
El ministro de Hacienda, Martín Kerchner, se subió rápido a la discusión más allá de que todavía no está seguro de los resultados finales.
Mendoza no puede rehuir ningún debate por la coparticipación, porque no puede perder más de lo que ya ha perdido. No tiene nada que perder y todo para ganar.
Veinte años de un sistema de coparticipación federal de impuestos inequitativo, malas decisiones políticas tomadas por dirigentes locales; legisladores de acá que cuando fueron a Buenos Aires quedan subordinados al poder central; escaso poder de lobby para defender proyectos que benefician a la provincia o para oponerse a los que la perjudican y una fuerte sumisión al poder político del presidente de turno de los últimos gobernadores, pueden servir para explicar por qué Mendoza perdió miles de millones de pesos.
La historia de 30 años
La relación desigual tiene un problema madre: la coparticipación federal. Desde hace prácticamente 30 años, Mendoza es una de las provincias que menos dinero reciben de la Nación por coparticipación, y modificar esa situación es una tarea que han intentado, sin éxito, varios gobiernos provinciales.
Todavía la coparticipación se reparte por un decreto de 1987 que estableció en aquél momento un régimen que duraría solo dos años, y este es una de las asignaturas políticas pendientes de la relación entre el gobierno central y las provincias.
Más allá de que una necesidad de reforma del sistema aparece en cuanto compromiso firmó el Gobierno federal con los organismos internacionales de crédito y que el tema fue tratado en las campañas de todos los candidatos a presidente desde aquél entonces a esta parte.
La Constitución reformada de 1994 estableció un plazo de dos años para que el Congreso sancione una nueva ley. Ese plazo nunca se respetó.
Mendoza sufrió en 1987 un mal índice de reparto de fondos (el 4%) producto de su falta de capacidad política a la hora de negociar: cuando se definió la forma de distribución de la coparticipación, otras provincias como San Luis hicieron mejor "lobby" ante la secretaría de Hacienda de la Nación y sacaron mejor tajada.
En diciembre de 2002, el entonces gobernador Roberto Iglesias, armó con el radicalismo local un proyecto de ley para modificar la legislación vigente en cuanto a la coparticipación.
Como aspectos novedosos de aquél proyecto, estaban garantizar que ninguna provincia perdiera lo que ya tenía, premiar a las provincia fiscalmente responsables, aumentar los fondos de la bolsa coparticipable y crear cinco ítems de distribución que reemplazara al que todavía rige, entre otros.
Ese proyecto fue presentado en el Senado nacional, pero jamás paso del análisis de una comisión.
En enero de 2004 las perspectivas de que la situación desigual de reparto de fondos nacionales podría cambiar tomaron fuerza. Néstor Kirchner, ya como presidente, anunció que impulsaría en las sesiones ordinarias del Congreso de esa año una nueva Ley de Coparticipación federal de impuestos. En ese entonces, la situación no era muy distinta a la de ahora.
La iniciativa política de K venía acompañada de dos elementos que abrieron la esperanza de un cambio en la relación: Julio Cobos, como gobernador y Celso Jaque como senador nacional, se pusieron al frente de esa batalla. Pero los dos murieron meses después en el intento.
Cobos tomó el proyecto de Iglesias, lo corrigió y mejoró y trató de conseguir el aval de sus pares en las provincias.
Lo de Jaque era más esperanzador. El entonces legislador nacional era el presidente de la comisión de coparticipación en el Senado. O sea: había un mendocino en un lugar estratégico para plantear la discusión del tema.
Los dos se bajaron rápidamente de la pelea. El actual vicepresidente se dio cuenta de que el respaldo que obtenía entre los gobernadores de entonces era nulo y archivó a su proyecto.
Jaque se subordinó a las necesidades políticas (y financieras) de Néstor Kirchner. El presidente de esa época anunció una nueva ley pero nunca la presentó en el Congreso, dejando muy mal parado a quien debía llevar adelante en el Senado el asunto.
Desde allí el tema nunca se discutió en profundidad. Hace cuatro años, algunos gobernadores plantearon la necesidad de una reforma en el reparto de impuestos, pero Francisco Pérez se bajó del debate casi sin discutir.