Cornejo cierra el año con otro cambio para la Justicia
Alfredo Cornejo terminará el año como lo empezó: planteando cambios para la Justicia.
En este caso, el gobernador presentará el anteproyecto de ley de reforma del Código Procesal Civil. Lo hará el lunes en el auditorio Ángel Bustelo, ante jueces y empleados de tribunales.
A pocas horas de llegar de los Estados Unidos, Cornejo se enfocará una vez más en la Justicia y en su obsesión por la "oralidad". Según explicó el subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino, el nuevo proyecto busca no sólo adaptar procesos a las nuevas figuras que creó el Código Civil de la Nación, que fue sancionado el año pasado, sino que pretende que "los juicios civiles sean orales", para agilizarlos.
Ante la consulta, D´Agostino se ilusionó con el proyecto: "Agrega nuevas tecnologías y oralidad, porque hoy todos los procesos civiles son escritos. Una causa ordinaria tarda cinco años, pero con el sistema de audiencias orales, eso se reduciría a 90 a 120 días", afirmó.
Una particularidad es que esta ley no parece estar marcada por la confrontación entre el Gobierno y buena parte de la Corte que se viene produciendo en otros temas. De hecho, un ministro del alto tribunal, Jorge Nanclares, participó de la comisión de magistrados, abogados y académicos que trabajaron en la redacción del proyecto.
El lunes, el Gobierno "sacará a pasear" la iniciativa y, si bien se aceptarían algunas sugerencias, la idea es que ingrese a la Legislatura en febrero.
Un año de peleas con la Justicia
Cornejo planteó muchos cambios y casi todos generaron pelea con la Justicia. La batalla inicial, que fue la principal, todavía sigue: el nuevo y restrictivo régimen de prisiones preventivas que impuso el Poder Ejecutivo por ley todavía no se cumple plenamente.
Lo dijo el gobernador hace poco y ha sido ratificado por sus funcionarios del área. La culpa, según el Poder Ejecutivo, no es de los fiscales, sino de los jueces de garantías, que son quienes deben confirmar o desestimar los pedidos de prisiones preventivas dentro del sistema acusatorio.
Los jueces de garantías tienen 10 días de plazo, pero difieren las audiencias orales en que debe resolverse esta etapa del proceso, bajo el argumento de que les faltan espacios físicos para concretarlas. Por ello, el Gobierno trabaja en la adecuación de dos salas de la Penitenciaría para que sirvan de lugar para esas audiencias y promete también implementar un sistema de video conferencias.
Además, por supuesto, no falta la queja oficial contra la Justicia: "Deberían trabajar en turno vespertino, cuando no hay nadie, pero no lo hacen, a pesar de que eso quedó establecido por una acordada de la propia Corte", expresó un funcionario.
Este tipo de inconvenientes han sido un freno en el terreno real para el ímpetu del Gobierno a la hora de redactar y hacer sancionar leyes.
En el Ejecutivo se jactan de haber obtenido más de una ley de reforma para la Justicia penal por mes en lo que va de la gestión de Cornejo.
Un detalle está blanqueando el Poder Ejecutivo. Al principio pensaba en enviar una sola ley de 150 artículos con todos los puntos a reformar, pero después optó por dividir esa idea en varios proyectos.
Así fue que, además de la prisión preventiva, se aprobaron leyes que imponen oralidad en la investigación penal preparatoria, celeridad en las notificaciones y la posibilidad de que los querellantes participen del proceso desde el momento de la denuncia.
También se redujo de tres a un mes el periodo de secreto de sumario en procesos penales y se anuló esa etapa para los procesos correccionales; se estableció que un solo fiscal se ocupe de hechos cometidos por una misma persona (unidad investigativa), se reformó la Justicia Correccional y se creó una octava cámara del crimen, además de fijar que todas pueden funcionar como cámaras de apelaciones.
Justicia para Malargüe
El cierre fue para el Gobierno la "frutilla de la torta", aunque haya quedado a la vista el atraso estructural del sistema de Justicia de la provincia.
Luego de 16 años de espera, el gobierno de Cornejo consiguió sancionar una ley que permita aplicar el "nuevo" Código Procesal Penal en el Valle de Uco y el sur de la provincia, zonas a las que todavía no ha llegado
Hubo un buen trabajo de "reingeniería" y los costos de extender el nuevo CPP a estos departamentos pasaron de los 150 millones de pesos por año que se habían calculado, a sólo 31 millones.
Muchos jueces de instrucción se transformarán en fiscales y las famosas unidades fiscales, que son las que toman las denuncias en el nuevo CPP, se reducirán en estas zonas apenas a la existencia de un ayudante fiscal en varias comisarías.
Se crearon solo cuatro cargos en la Justicia y lo que era inviable hasta hace poco, al final, sería posible a partir de abril de 2017. Ahora, lo que se supo en el proceso, es que la falta de servicio judicial en ciertas zonas de Mendoza es insoportable.
El caso emblemático es Malargüe, departamento al que no le falta el nuevo CPP: directamente, le falta un juez en materia penal.
"Desde que empezó la gestión nos estaba llamando el intendente para decirnos que eso era un despropósito", reconocen en el Poder Ejecutivo.
Malargüe en realidad tiene un juez civil, un de familia y uno de paz. Pero no hay un juez de instrucción.
En casos de delitos graves, como robos u homicidios, un juez de San Rafael tenía que viajar cerca de 200 kilómetros para hacerse cargo del caso.
El salto que dará Malargüe en materia de servicio judicial será tremendo: de no tener ni un juez penal, pasará a contar con un fiscal de instrucción, un juez de garantías y un defensor. El cambio es saludable, aunque cueste bastante entender por qué no se hizo antes.