La Ley de Ética de Montero no está en la agenda de Cornejo
El proyecto de Ética Pública que insiste en impulsar la vicegobernadora Laura Montero no está en la agenda del Poder Ejecutivo. Esta situación explica por qué la iniciativa navega sin destino claro en la Cámara de Senadores.
Según pudo saber este diario, la propuesta tiene un visto bueno desde lo jurídico. Pero lo que está confirmado es que nunca quiso el gobernador Alfredo Cornejo un proyecto de estas características. La silenciosa grieta que lo separa de Montero hizo el resto.
El problema es político y va más allá de la ley de Ética. En el Gobierno afirman que la vicegobernadora "no trabaja en equipo" con el Ejecutivo (que insiste en marcar otras prioridades) y que tampoco ha aceptado encarnar personalmente una pelea que la enfrentaría en forma directa con buena parte del justicialismo.
En efecto, la iniciativa contempla una modificación importante en cuanto a la autoridad de aplicación del control sobre los funcionarios, que ya no sería facultad del fiscal de Estado, Fernando Simón, sino del fiscal de Investigaciones Administrativas. Esa fiscalía pasaría de responderle a Simón a tener autonomía y formar parte de la Unidad Legislatura, que depende de Montero.
Este significativo recorte de poder a Simón tendría impacto directo en la relación con el justicialismo, de donde proviene el fiscal de Estado, según se analiza en el Ejecutivo.
Por eso, como primera medida, Cornejo ignoró la idea: era inconveniente pelearse con el peronismo cuando el objetivo principal era conseguir su consenso para la aprobación del Presupuesto 2017.
El punto más crítico se produjo cuando la ley de Ética Pública de Montero fue interpretada por los medios como un intento de Cornejo de recortar el poder del fiscal Simón. "Nunca escuchamos una declaración en la que la vicegobernadora se hiciera cargo de eso", lamentó un funcionario.
En el Ejecutivo aseguran que no temerían embestir contra el fiscal de Estado, pero a la vez advierten que es un rival de cuidado. Casi una amenaza.
Simón le hizo saber al nuevo gobierno, poco después de su arranque, que revisaría al detalle todos sus gastos. Lo consideran un hombre inteligente y señalan que, aunque Simón se desafilió del PJ para pasar a conducir un órgano de control, el cordón con su viejo partido no se ha cortado.
No están dispuestos a asumir en el Gobierno, en definitiva, una batalla peligrosa y ajena, en la que no observan comprometida a la vicegobernadora.
La paradoja del caso es que algunos funcionarios valoran el proyecto y hasta han opinado sobre su redacción.
Que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas pase a la Legislatura sería, en realidad, un retorno a su ubicación original. Fue un acto nada menos que de la dictadura militar el que la trasladó al ámbito de la Fiscalía de Estado.
De acuerdo con el proyecto, el titular de esta área sería elegido por el gobernador Cornejo y tendría ratificación del Senado. Pero no se observa interés en el Gobierno por esta designación. No parece valer la pena, por lo que pone en juego.
La coyuntura política puede hacerle pagar a Mendoza, en definitiva, el costo de no mejorar los controles de sus funcionarios públicos, hoy apenas sostenidos en un decreto que Francisco Pérez firmó a las apuradas antes de irse.
Aquel decreto habilitó la presentación de declaraciones juradas de bienes, pero los valores irrisorios de inmuebles y vehículos que aparecieron en los papeles derivaron en un escándalo que golpeó demasiado al gobierno de Cornejo.
"Nunca nos hubiéramos puesto a hacer una ley en medio de esta polémica", dicen en el Ejecutivo. Pero Montero sí lo hizo.
En su proyecto, la detallada redacción del capítulo sobre las declaraciones juradas no parece dejar resquicios para nuevas controversias.
Abarca la ley, además, a dirigentes gremiales y proveedores del Estado, entre otros actores que hoy están a salvo de explicar su patrimonio.
Pero ninguna buena idea permite, al menos por el momento, achicar la distancia que separa al gobernador de la vice.