El Gobierno no cedió y los organismos de control siguen sin autarquía

 El dato pasó casi desapercibido ayer en la Legislatura, cuando los diputados aprobaron el Presupuesto 2017. Pero en el fondo siembra tensión. El Gobierno no cedió al pedido de los organismos de control para ganar en autonomía en su funcionamiento y no incluyó en el Presupuesto la facultad de poder manejar sus recursos. Tanto Fiscalía de Estado como el Tribunal de Cuentas habían solicitado por nota y también en las reuniones realizadas en la Legislatura, que les den mayor "autarquía" para gestionar sus recursos. Aunque no había objeciones de fondo, el pedido pasó de largo. Por eso el Poder Ejecutivo seguirá teniendo el poder de autorizar nombramientos, compras y cualquier otra erogación de recursos que necesiten esos organismos.

La decisión de ningunear el pedido coincidió con otros temas relacionados con los organismos de control: el proyecto para desmembrar Fiscalía de Estado y el "sondeo" que realizan algunos funcionarios del Gobierno para saber si en el Tribunal de Cuentas habrá recambio.

Tanto desde el Tribunal como desde Fiscalía explicaron que la intención era que pudieran manejar sus recursos como lo hace hoy la Legislatura, el Poder Judicial y como lo hará el Ministerio Público Fiscal, a quien le otorgaron autarquía. 

Pocos recursos para controlar

Todo seguirá funcionando con "la tesorería general de la provincia y con el presupuesto y normas contables que rigen la Administración Central". La intención era también "eliminar las restricciones que impone el Poder Ejecutivo a la ejecución del presupuesto" y con una base ética: el Ejecutivo es el poder "controlado" por ambas reparticiones y genera una dependencia tácita.

El fiscal de Estado Fernando Simón defendió la idea, aunque hizo una salvedad en cuanto a la gestión. "Lo que se buscaba era tener una mayor autonomía del Poder Ejecutivo. Tengo que decir que no hemos tenido problemas de presiones ni obstáculos. Pero sí se tiene que reconocer el carácter de organismo extrapoder que tiene Fiscalía de Estado y a eso apuntaba la propuesta", explicó Simón.

Fiscalía de Estado tiene un presupuesto de 183 millones de pesos. Pero allí hay una distorsión. De ese total, 80 millones son para pagar juicios que el Estado pierde. El resto (103 millones de pesos) es para el funcionamiento propio de la Fiscalía, que representa el 0,13% del Presupuesto aprobado ayer en la Legislatura.

En paralelo, el oficialismo impulsa una ley de transparencia que también hace ruido en Fiscalía de Estado porque propone sacar de ese ámbito a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. "Comparto la idea de generar ámbitos de control para lograr mayor transparencia. Pero sin que eso signifique quitarle responsabilidad a Fiscalía de Estado", opinó Simón sobre el proyecto.

Desde el Tribunal de Cuentas dijeron estar molestos por la falta de respuesta al pedido. Sobre todo, explican, porque ese organismo muchas veces es cuestionado por la demora en la resolución de temas. "No se puede nombrar personal, ni hacer una reingeniería de recursos sin autorización del Ejecutivo, que es el controlado por nosotros. Hay 15 vacantes que no se pueden cubrir por las restricciones que se impusieron desde el Ejecutivo y eso afecta el control más rápido", aseguró una fuente del Tribunal de Cuentas.

Menos del 0,5% del personal del Estado está destinado al control. Un informe realizado por la Oficina Anticorrupción hace 10 años ya indicaba la falta de fortalecimiento de los organismos de control. "Podemos inferir que es escasa la cantidad de personas destinada a realizar tareas relacionadas con la transparencia y anticorrupción dentro de la estructura estatal", concluía el estudio. Curiosamente en ese trabajo participaron algunos dirigentes que ahora son funcionarios del Gobierno de Cornejo.