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No privaticemos la educación pública

Las evaluaciones son un recurso legítimo del Estado, que no debe tercerizar sus decisiones en las agrupaciones gremiales.

No se puede asistir a un enfermo si antes no se sabe qué lo aqueja. Ese diagnóstico es tan fundamental para que el médico logre conducirlo a un estado de salud pero también para que no incurra en mala praxis. Lo mismo pasa -entre tantas otras cosas- con la educación. Si no sabemos cómo estamos, tampoco se sabrá en dónde reforzar el sistema educativo y, además, en donde radican las prácticas fallidas. De eso se trata la evaluación que abarca a 30 mil escuelas y por eso no se entiende la porfía en resistirse a ello. Los partidarios de una educación "al tun tun" son tan solo una minúscula parte de toda la comunidad que tiene que ver con la formación de nuestros hijos y es por ello que resulta un sabotaje inaceptable su rechazo a someterse a que el Estado que forma y que paga a los formadores, realice una evaluación sobre la actividad.

En un país en el que todavía se educa para trabajos que ya no existen y en donde está claro que la educación ha decaído notoriamente, tal como lo demuestran otros diagnósticos, hace falta el dato propio para avanzar en una escuela que sea mucho más que juntar niños "ya veremos para qué cuando estén dadas las condiciones sociales" que, como vemos, nunca hasta ahora se han propiciado cambiar desde el Estado.

El populismo educativo también ha triunfado culturalmente en el país, en una actitud insólita, que insiste en anclarse a un permanente pasado y en el que ni siquiera consigue antecedentes en naciones estatistas. En ellas, las evaluaciones son permanentes, obligatorias y rigurosas. Es el Estado, allí también, tanto en Ecuador como en Estados Unidos, por citar dos ejemplos -y no los sindicatos- los que deciden hacia dónde debe ir la educación. Y lo hacen basados en información dura, no en preconceptos ni oportunismos políticos.

La oportunidad está al alcance de la mano y hoy por hoy, privatizar la educación es dejar que sean las entidades gremiales las que tomen decisiones y no el Estado, garante de la igualdad, con responsables al frente elegidos mediante el voto popular y, por ello, "evaluables" a la vez en cada elección, como pasó el año pasado.