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El PJ empuja cambios en las leyes de Avalúo e Impositiva

Presentará un borrador en Diputados. Propondrá atenuar la suba de impuestos y asimilarla a la inflación prevista para el año que viene. También pedirá opinar respecto de los proyectos que recibirán beneficios fiscales. Pero falta la opinión de actores clave: los intendentes del propio peronismo.
Foto: Pachy Reynoso/MDZ
Foto: Pachy Reynoso/MDZ

El peronismo se probará su nuevo traje de partido opositor con un borrador que plantea cambios en las leyes de Avalúo e Impositiva.

Sus principales voceros insisten en un concepto: quieren ser "serios". Pretenden elevar el debate legislativo en las leyes que representan la antesala al debate de fondo, que es el presupuesto anual.

Conceptualmente, el justicialismo, en la Cámara de Diputados, viene observando que los proyectos de Avalúo e Impositiva tienen más aumentos de impuestos que rebajas, a pesar de que el gobierno de Alfredo Cornejo promociona solamente lo primero.

Lo que plantea el PJ es, en definitiva, una suerte de sintonía fina. Que los aumentos de Inmobiliario y Automotor se asimilen a las proyecciones de la inflación del año que viene. Que la base de cálculo para el impuesto de Sellos no se multiplique por tres o por cinco, lo que eleva considerablemente el tributo. 

Además, que el Gobierno permita la participación de la Legislatura en la elección de los proyectos de inversión que serán beneficiados con créditos fiscales (otra iniciativa que vende el Gobierno) y que no haya condiciones tan restrictivas para conceder la reducción del 0,25 por ciento en Ingresos Brutos que aplicará en 2017.

Alguna de estas propuestas pueden pasar el filtro oficialista, pero otras no. Tal vez acepte el oficialismo alguna intervención opositora en la estrategia para conceder créditos fiscales. Sin embargo, es muy poco probable que admita tocar hacia abajo avalúos que generarían una reducción de la recaudación del año que viene.

Hay una realidad: los impuestos Automotor e Inmobiliario subirán el año que viene en Mendoza, entre el 20 y el 40 por ciento. Esto no ocurre porque el Gobierno haya subido las alícuotas. En cambio, ha asimilado los avalúos a los valores comerciales actuales de los bienes por los cuales se tributa.

El PJ quiere que esos aumentos de impuestos no estén por encima del 17 por ciento, que es la inflación calculada para 2017. El radicalismo, en cambio, señala que la actualización de valores se relacionan con la inflación de este año, que estará cerca del 30 por ciento, no con la de 2017. Este es el nudo de la discusión.

Pero fuera de la discusión técnica de estas leyes, donde puede haber flexibilidad de posturas, hay dos factores políticos a tener en cuenta.

El primero es la cuestión de los votos. El radicalismo no necesita al PJ para imponer estas leyes, que una vez que tengan despacho, requirán solamente mayorías simples en Diputados y Senadores.

El segundo factor tiene que ver estrictamente con la interna del peronismo. Un justicialismo legislativo con pretensiones de seriedad sostiene que ha llegado el momento de ajustar el control sobre el Gobierno en la discusión de las leyes económicas para 2017, después de un primer año en el que obtuvo todas las autorizaciones que quiso.

La aprobación de los endeudamientos de este año ha sido para los legisladores peronistas una suerte de reconocimiento tácito de la crisis financiera que recibió Alfredo Cornejo de Francisco Pérez. Los exculpa, sostienen, de ejercer alguna autocrítica por el pasado reciente.

Ahora quieren ponerse más firmes. Pero los legisladores peronistas están elaborando sus borradores sin recibir todavía una opinión clave: la de los intendentes de su propio partido.

Los intendentes han sido hasta aquí socios de Cornejo en cada proyecto del oficialismo, para no perder terreno en el reparto de recursos por parte del Poder Ejecutivo. Han sido factores decisivos en los quiebres del justicialismo legislativo.

Por lo menos dos de los cinco intendentes (Jorge Giménez de San Martín y Roberto Righi de Lavalle) tienen problemas de caja más o menos graves que pueden incidir en las decisiones de la Legislatura. Por ejemplo, los intendentes se verían afectados si se reduce la recaudación del impuesto automotor, que es el tributo que mayor nivel de coparticipación tiene.

Se cree que los legisladores y los intendentes del PJ van a tener reuniones para tratar acordar una postura común sobre las leyes económicas y el presupuesto 2017 después de que los ministros de Cornejo terminan de presentar sus pautas de gastos para el año que viene.

Recién entonces se sabrá si el nuevo traje de partido opositor que se está probando una parte del peronismo tiene la misma medida para todos sus dirigentes.