El duro cruce entre Cornejo y la Justicia Federal
Dos hechos producidos casi en la misma semana, pusieron otra vez en agenda la compleja situación de la Justicia Federal mendocina.
Uno de ellos ocurrió el pasado 23 de setiembre. De manera inesperada, el juez Mariano Garnica dictó la falta de mérito a siete personas que habían sido detenidas en un operativo realizado en Colonia Segovia, en donde se encontraron 165 kilos de marihuana.
En realidad, toda esa cantidad de droga fue encontrada de casualidad. El juez Sebastián Sarmiento, de Ejecución Penal, había ordenado un allanamiento en búsqueda de un reo que se había escapado de la cárcel.
El prófugo no se encontraba en ese lugar, pero la policía casi se cae de espaldas cuando encontraron allí 223 ladrillos de marihuana, además de armas de fuego. Incluso, en ese galpón de Guaymallén había una granada.
El operativo policial se había realizado el sábado 13 y, en solo una semana, Garnica dictó la falta de mérito para los seis hombres y la mujer que habían sido arrestados. El juez, en su declaración, consideró que no había elementos para determinar que ninguno de los siete estaban vinculados a la causa por estupefacientes. Y ordenó liberarlos.
Solo el hecho de que tuvieran armas, los mantuvo a todos presos por decisión de la Justicia Provincial.
La orden de Garnica provocó la reacción de Gianni Venier. "¿Quién deja esa cantidad de droga sin que alguien la cuide? Por una planta te meten preso y con 165 kilos le conceden la falta de mérito a siete", fue la protesta airada y en público del ministro de Seguridad.
Testigos cuentan que un diálogo telefónico entre el ministro y el juez se desarrolló en términos muchos más duros, cuando el funcionario de Alfredo Cornejo le recriminaba al magistrado que, entre otros elementos escandalosos, habían encontrado también a la hija del dueño de ese lugar manejando una camioneta robada.
- ¡Nos estás tomando por chotos!, fue la reacción casi a los gritos de Venier.
-Yo solo seguí los procedimientos, era todo lo que repetía el juez del otro lado de la línea.Una conversación igual o más dura, también telefónica, se dio entre el propio Garnica y Cornejo.
Enfurecido, el gobernador le recriminó, entre otras barbaridades cometidas, que el magistrado había liberado a personas que habían sido detenidas en un sitio en donde, además de droga, habían sido encontradas celdas subterráneas con respiraderos. "¡Eso era un gran aguantadero!", vociferó el Cornejo.
La respuesta del juez causó más enojo: intentó explicar que los había soltado, entre otros motivos, porque habían prestado declaración indagatoria. "No es común que un abogado haga declarar a su cliente si este es culpable", intentó explicar.
El apuro por las vacantes
El otro episodio fue institucional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación le reclamó el martes último al Consejo de la Magistratura que seleccione jueces para los juzgados vacantes del Poder Judicial Nacional y Federal, a través de una nota firmada por sus cinco miembros.
El planteo llega para juzgados de todo el país, pero tiene a su vez un impacto directo en Mendoza: aquí son al menos nueve los cargos vacantes que generan, entre otros los problemas de funcionamiento en los tribunales federales locales.
El gobierno provincial ya movió sus fichas para intentar que se completen varios de esos cargos.
A través del ministro de Justicia, Germán Garavano, consiguieron el sí de Mauricio Macri para que durante octubre el presidente envíe al Senado los pliegos de los postulantes al Tribunal Oral Federal, cuyas ternas ya están elegidas y que servirá para se cubran en el corto plazo al menos tres de los nueve cargos vacantes.Lo mismo ocurriría con la designación pendiente de quien debe quedar a cargo del Juzgado Federal de San Rafael, que quedaría a cargo de quien hoy subroga ese tribunal, Eduardo Puigdéngolas.
La situación más grave se da en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que se quedó sin jueces desde hace ya más de cuatro años tras la destitución de Luis Miret, involucrado en delitos de lesa humanidad, y la remoción de Otilio Romano, otro de los magistrados a los que se les comprobaron vinculaciones con la última dictadura militar. Los otros dos sillones vacíos en la cámara se deben a las renuncias de Julio Petra y Alberto Endeiza y a la ulterior renuncia de Alfredo López Cuitiño, quien presentó su dimisión después de que se ventilara una denuncia en su contra por acoso sexual.
Desde agosto de 2012, el Consejo de la Magistratura viene llevando adelante el concurso para cubrir estos cinco cargos.
Entre el listado de postulantes hay varios abogados conocidos. Uno de los nombres que más se destacan es el del abogado de Derechos Humanos Pablo Salinas, quien rindió junto con su mujer, Viviana Beigel. También se anotaron el ex subsecretario de Justicia de Julio Cobos Gustavo Castiñeira de Dios y Pablo de Rosas, un especialista en Derecho Constitucional y Carolina Jacky, la abogada especializada en violencia de género. Algunos otros postulantes son la jueza Olga Pura Arrabal, el ex miembro de la Suprema Corte de Justicia provincial Alfredo Porrasquien y Sergio Rocamora, hoy designado al frente de la Dirección de Defensa del Consumidor.
Aquí, Cornejo tiene el compromiso de Garavano de que, quizás antes de fin de año, los pliegos de los postulantes ingresen definitivamente para su respaldo en el Senado.
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