Nada que reprocharle a Macri

El próximo desafío será conseguir que el Banco Nación refinancie la deuda de 2.200 millones de pesos que dejó Francisco Pérez como herencia a pagarle al agente financiero de Mendoza.

El acuerdo que pudo lograr Paco exigiría que Mendoza deposite en marzo 733 millones de pesos por ese empréstito. Y otras dos cuotas iguales en meses siguientes. La cifra equivale casi a la mitad de la nómina salarial de los empleados estatales y pondría en jaque los sueldos de los meses en que la Provincia deba desembolsar ese dinero.

Cornejo, en cambio, pretende cinco años de plazo para la deuda que Pérez, además de discutir los intereses previstos.

Los antecedentes dicen que podría conseguirlo. De hecho, el gobernador logró pagar los sueldos de diciembre, primer mes de su gestión, con otro préstamo del Nación de 2.200 millones que liquidará a lo largo de cinco años.

"Si no discutimos esto, Mendoza tiene un problema de caja peor que el de ahora", advierte el ministro de Hacienda, Martín Kerchner sobre el acuerdo heredado con el Nación.

Se prepara así el funcionario para seguir haciendo un caminito a la Casa Rosada que, si se da el mejor de los escenarios, no transitará tanto en la segunda mitad del año.

Hoy es otro el panorama y todo es urgencia. Esta semana, el pago de los sueldos estatales de enero tuvo toques de suspenso veraniego hasta que Macri aprobó adelantos de la coparticipación federal para varias provincias.

Mendoza se subió al tope del podio con un aporte de 1.000 millones de pesos y confirmó que cuenta con privilegios especiales en la nueva era.

La bendición de Macri incluyó el permiso para devolver el adelanto de coparticipación a lo largo de todo el año. No es lo usual. Mucho menos recibió Pérez en una operación análoga: el último adelanto de 500 millones de pesos, que le sirvió para pagar apenas una parte de los salarios de noviembre, tuvo que ser devuelto en los 30 días posteriores, a razón de 50 millones de pesos por día.

Poco importa en este contexto de necesidades que la visita del Presidente a Mendoza de esta semana haya dejado gusto a poco. La medida que trajo para la industria vitivinícola (compra de sobre stock vínico) está muy lejos de solucionar los profundos problemas del sector y provoca dudas. No le garantizan para nada a Cornejo una Vendimia tranquila, sin protestas como la del año pasado.

Más aún. El gobernador mendocino hizo notar durante la breve visita presidencial su respaldo a Macri en la batalla de la coparticipación federal, a pesar de que Mendoza es una de las principales víctimas de que se mantenga el actual sistema de reparto.

Cornejo se diferenció de los reclamos de sus colegas PJ y concedió tiempo para que el Presidente defina la fórmula para hacer más federal el reparto, tal como ha prometido.

No fue menor el gesto. Mendoza está entre las tres provincias más perjudicadas, pero su gobernador ha decidido no quejarse ahora. La Provincia apenas ha accionado con un reclamo administrativo que sólo evita perder la oportunidad de reclamar a futuro todo el dinero de los recortes nacionales y recién en seis meses, si prima el criterio del fiscal de Estado, habrá una demanda judicial.

No hay ningún apriete político a Macri y esto en parte se debe a que la coyuntura favorece a Mendoza. En su gabinete señalan que en materia de coparticipación federal estamos en una "etapa 1", donde no habrá ninguna modificación de la masa coparticipable, pero sí entregas de dinero directas de la Casa Rosada a algunas provincias, donde por supuesto seguiría apareciendo Mendoza. 

Cornejo confía en que Macri lo siga bendiciendo y en el oficialismo mendocino nadie se desespera por la llegada de la "etapa 2", que es la discusión de una nueva manera de distribuir el dinero de los impuestos, más justa y menos discrecional que la actual.

El gobernador mendocino es de por sí pragmático, pero la crisis financiera lo obliga a serlo aún más. Por eso su equipo está concentrado hoy en conseguir que ANSES le haga una rebaja de 200 millones de pesos en las deudas que asumió Paco con el organismo y que hay que pagar ahora, en lugar de presionar políticamente por el cese del recorte millonario e injustificado que ANSES aplica hace años a Mendoza y el resto de las provincias.

Solo se trata de aliviar la caja y la pelea es peso a peso. Aunque el plan para la segunda mitad de 2016 tiene una medida de alto impacto: el lanzamiento de un bono en el mercado internacional por 300 millones de dólares como mínimo.

Será la operatoria financiera más importante desde la emisión del bono Aconcagua en los años 90, que fue por 250 millones de dólares. A ese crédito los mendocinos todavía hoy lo están pagando. La huella histórica que dejará el nuevo bono probablemente también sea imborrable.

Amparado en un presupuesto 2016 con fuerte déficit, Cornejo va por un endeudamiento millonario para equilibrar las cuentas provinciales. Y eso no ocurrirá ya: tardará dos o tres años en hacerlo, reconocen en el Poder Ejecutivo.

Aunque los objetivos cortos ponen una severa prueba en el camino: las paritarias salariales con los empleados estatales.

La semana próxima comenzarán las reuniones con el SUTE en un clima caldeado dentro y fuera del gremio de los maestros. 

En términos porcentuales, habrá casi un abismo entre las pretensiones sindicales y lo que el Gobierno está dispuesto a pagar, que tiene como clara cifra de referencia la inflación proyectada en el Presupuesto 2016: 22,8 por ciento.

El tarifazo doble de la luz asoma como obstáculo para que el Gobierno se imponga en esta batalla, que no tiene el costo de vida como único elemento de discordia.

Cornejo ha aprovechado enero para hundir el bisturí en los contratos del Estado de la era peronista que consideraba “indefendibles” y la semana entrante, en el marco del decreto de austeridad que firmó a mediados de este mes, hará caer adicionales de mayor dedicación de empleados estatales que a su juicio son injustificados.

El gobernador se juega una buena parte de su liderazgo en las próximas paritarias y asume el desafío como una verdadera cruzada, en la que espera tener de su lado al ciudadano común y hasta al propio empleado estatal, más allá de la postura de los dirigentes sindicales.

No habrá una Provincia viable, dicen en el gabinete, si otra vez los aumentos salariales se ubican cómodamente por encima de la media nacional, como en el último año de Pérez.

Y en este contexto la limpieza de contratos no mueve demasiado la aguja en una administración que todavía tiene pendiente la solución para las deudas con sus proveedores, pero sí ayuda para imponer un criterio de eficiencia para la gestión que el Gobierno no quiere negociar.

La tormenta política crecerá y hasta un peronista amigable como Alejandro Bermejo salió esta semana a oponerse a la tala de contratos en el Instituto de Juegos y Casinos, que dejó a 80 personas sin trabajo y una protesta en marcha.

Aunque el Gobierno aprovechó los números de ese histórico botín de la política mendocina para defenderse y fortalecerse. Esas cifras dicen que en 2007 el Instituto destinó más fondos a la salud que el año pasado, a pesar de que los recursos para la salud son la principal excusa para su existencia.

En concreto, Hacienda sostiene que, a pesar de la inflación de los últimos años, se destinaron 70 millones de pesos a la salud en 2007 contra 66 en el último ejercicio. Mientras que, en el mismo periodo, el gasto en salarios al parecer demostró para qué existe verdaderamente el juego oficial: trepó casi siete veces, de 35 a 235 millones de pesos.